El principio de no intervención en los asuntos internos de los Estados es uno de los pilares fundamentales del derecho internacional moderno. Sin embargo, la soberanía jurídica de Bolivia es desafiada de forma recurrente por delegaciones extranjeras que, bajo el noble paraguas de la defensa de los derechos humanos, camuflan una agenda de desestabilización política. La reciente e irregular llegada de una supuesta “Comisión de Derechos Humanos” procedente de Argentina es el ejemplo más claro de esta peligrosa instrumentalización ideológica.
La comitiva arribó a territorio nacional con una consigna preconcebida: oponerse de forma intransigente a la gestión del presidente Rodrigo Paz Pereira, llegando al extremo de exigir su renuncia. Esta intromisión no solo viola las normas diplomáticas básicas, sino que expone una preocupante asimetría moral. Los delegados no vinieron a evaluar de forma objetiva la situación del país, como a una misión de esa naturaleza corresponde; llegaron con un relato prefabricado y cargado de falsedades deliberadas, pretendiendo imputar al Ejecutivo muertes inexistentes mientras ignoraban sistemáticamente las verdaderas violaciones a los derechos fundamentales que sufre la población boliviana.
Si algo caracteriza al actual conflicto político es la tolerancia pusilánime y la estéril suplicación al diálogo por parte del gobierno de Paz Pereira, el cual no registra bajas civiles imputables a sus fuerzas del orden. De hecho, a este gobierno accidental, más que razón para imputársele con argumentos reales el ser un lacayo del imperialismo norteamericano, existen motivos para atribuirle, —y con fundamento—, una condición de rehén de las clases populares, a las que con seguridad se somete más que a las imposiciones de cualquier transnacional, gobierno extranjero u organismo de financiamiento.
La indignidad de esta comitiva radica en su silencio selectivo y cómplice ante el terrorismo urbano y rural-campesino ejercido por los manifestantes radicales. Mientras estos activistas hablaban falsamente de “represión”, las calles de La Paz y El Alto eran escenarios de una barbarie que, si bien tiene precedentes en la historia de nuestro sufrido país, no por ello puede aceptarse como una “práctica cultural”.
Los ataques deliberados contra pequeños comerciantes y la propiedad privada de ciudadanos indefensos, el destrozo criminal de la infraestructura urbana, la colocación de clavos en carreteras de alta velocidad con la flagrante intención de provocar accidentes fatales, y el robo de pertenencias y carga a los miles de camiones bloqueados por más de un mes y medio, son actos de enorme lesividad que, casi con seguridad, el gobierno terminará dejando impunes.
A este vandalismo se sumó un cerco criminal que provocó la muerte de pacientes oncológicos por falta de oxígeno, el desabastecimiento de alimentos que arrojó al hambre a miles de familias y una asfixiante escasez de combustible que mantiene los precios por las nubes. Ninguno de estos crímenes mereció una sola palabra de condena por parte de la delegación argentina. Para estos mercenarios del relato, las víctimas tienen color político: los derechos humanos pertenecen exclusivamente a quienes destruyen y siembran el caos, mientras que se anulan para el ciudadano común que trabaja y sufre las consecuencias del desabastecimiento inducido.
Este atropello no es un hecho aislado; forma parte de una receta sistemática operada por los regímenes de izquierda en la región, crónicamente acostumbrados a pisotear la soberanía de los Estados vecinos. El historial de intromisión es largo y descarado. Lo demostró en su momento Evo Morales al pretender encender el sur del Perú con discursos divisionistas tras su salida del poder. La llegada de estos “activistas” argentinos responde exactamente al mismo manual: una red de complicidades transnacionales donde los gobiernos totalitarios y sus satélites civiles actúan como invasores políticos, cruzando fronteras para blindar a los violentos y dinamitar las democracias que no se alinean con sus intereses.
Por ello, su expulsión por violar de manera flagrante las leyes migratorias fue un acto de estricta justicia y dignidad nacional. Bolivia es un Estado soberano, no un tablero de juego de la delincuencia internacional. Ante esta ofensiva, el periodismo boliviano no puede adoptar una postura de tibieza complaciente. Los medios de comunicación y las asociaciones de prensa tienen el deber moral y ético de levantar la voz con firmeza. No podemos permitir que agencias y activistas extranjeros manipulen la verdad, actúen como cajas de resonancia de relatos sesgados, ni que se pontifiquen las versiones de quienes comulgan ideológicamente con el cáncer que significa el comunismo.
Augusto Vera Riveros es jurista
