La crisis comenzó como comienzan casi todas: poco a poco, acontecimiento sobre acontecimiento. Perceptible, sí, pero casi indolora. Primero aparecieron dificultades en el abastecimiento de combustible. Después las filas comenzaron a extenderse en las gasolineras. Lo que parecía transitorio adquirió permanencia. Los días han pasado y las filas continúan.
Durante más de cuarenta días, Bolivia ha vivido pendiente de la respuesta a una pregunta elemental: ¿cómo conseguir gasolina o diésel? Los conductores han ajustado horarios, los transportistas han reorganizado recorridos y los viajes han comenzado a planificarse según la disponibilidad del combustible. Con el paso de las semanas, los efectos se han proyectado hacia los precios, el transporte, los mercados y la conversación cotidiana.
La crisis ha revelado algo más que un problema de abastecimiento. Ha mostrado una dificultad más profunda: la dificultad de cooperar. Cooperar exige coordinar intereses, pero también compartir significados mínimos. Cuando ambas cosas fallan al mismo tiempo, la crisis deja de ser solamente económica y empieza a mostrar de cuerpo entero a una sociedad.
Mancur Olson, en Auge y decadencia de las naciones (1986), ofrece una primera clave para comprender nuestra crisis. Hace varias décadas observó que las sociedades desarrollan progresivamente organizaciones capaces de defender intereses específicos. Sindicatos, federaciones, asociaciones, gremios, corporaciones y grupos de representación forman parte natural de la vida social. A este tipo de organizaciones las llamó coaliciones distributivas.
El concepto puede parecer técnico, pero es muy fácil de comprender. Una coalición distributiva es una organización que busca obtener beneficios, ventajas, recursos o protección para sus miembros. No hay nada ilegítimo en ello. La organización social es una condición democrática. El problema aparece cuando esas coaliciones se multiplican, acumulan influencia, adquieren capacidad de veto y dificultan la adopción de decisiones colectivas.
Bolivia parece ofrecer un terreno propicio para esa observación. Organizaciones sindicales, campesinas, vecinales, gremiales, empresariales, cooperativas, cívicas y territoriales forman parte de la vida pública. Esa densidad organizativa ha sido fuente de conquistas sociales y participación política. Pero también puede producir una paradoja: una sociedad muy organizada puede volverse, al mismo tiempo, una sociedad muy difícil de conducir.
En Bolivia, sin embargo, esa densidad no adopta únicamente formas sectoriales. Algunas coaliciones no se organizan solo alrededor de un gremio, un sindicato, una federación o una corporación económica. También pueden organizarse alrededor de un territorio convertido en identidad política. Allí aparecen las coaliciones cívicas y regionales: actores que no hablan únicamente en nombre de un interés productivo o corporativo, sino en nombre de una región, de una memoria local, de un agravio acumulado y de una forma particular de entender al país.
Santa Cruz expresa con particular claridad esa modalidad territorial de la organización de intereses. Sus demandas de autonomía, descentralización o federalismo pueden leerse como críticas legítimas al centralismo estatal. Sin embargo, en sus versiones más duras, también alojan regionalismos de frontera interna, imaginarios de autosuficiencia y tentaciones de fractura nacional. El regionalismo oriente-occidente opera entonces como una línea secante: atraviesa clases, sectores y partidos, y reorganiza intereses diversos bajo identidad territorial común.
Esto vuelve más compleja la observación de Olson. En Bolivia, algunas coaliciones no solo buscan beneficios, recursos o protección; también disputan el modo de pertenecer al país. No defienden únicamente una demanda sectorial. Defienden un territorio, una narrativa regional y, en ocasiones, un proyecto alternativo de Estado. Por eso la fragmentación del interés general no ocurre solamente por la multiplicación de sectores organizados. También ocurre cuando las regiones se convierten en corporaciones políticas capaces de ejercer veto sobre la construcción de una voluntad nacional compartida.
Los bloqueos han confirmado lo anterior: no han revelado una sociedad desorganizada. Han revelado todo lo contrario: una sociedad con enorme capacidad para movilizar personas, ejercer presión, defender posiciones e imponer costos. Lo que ha resultado mucho más difícil ha sido transformar esa energía social en una solución compartida. Cada actor parece comprender con claridad qué necesita para sí mismo. Mucho menos evidente es qué debe hacerse para resolver el problema del conjunto.
Allí aparece la incomodidad de Olson. Más organización no siempre produce mejores resultados colectivos. Puede producir más representación de intereses, pero menos capacidad para decidir. La negociación se vuelve permanente, la decisión más difícil y el interés general empieza a fragmentarse en una suma de demandas sectoriales que rara vez encuentran un punto de convergencia.
Sin embargo, la crisis no se ha movido solamente en el terreno de los intereses. También se ha desplazado hacia el terreno de las palabras.
A medida que el conflicto ha avanzado, la discusión sobre combustibles ha comenzado a mezclarse con otras discusiones acumuladas: precios, abastecimiento, economía, tensiones políticas e incertidumbre. Luego ha aparecido algo más profundo. Lo que inicialmente parecía un problema de abastecimiento se ha transformado en una discusión política, después en una disputa social y finalmente en un enfrentamiento identitario. Las conversaciones ya no giran únicamente alrededor del combustible. Comienzan a hablar de nosotros.
Aquí resulta útil Wittgenstein. En sus Investigaciones filosóficas (1988), el filósofo austriaco sostuvo que el significado de las palabras no depende solamente de definiciones abstractas. Las palabras significan según su uso, según el tiempo y el lugar en que son pronunciadas, según la forma de vida de quienes las utilizan. Comprendemos una palabra porque compartimos experiencias, referencias y prácticas que le otorgan sentido.
La idea es sencilla, pero sus consecuencias son profundas. Cuando dos personas utilizan una misma palabra, no necesariamente están hablando de la misma cosa. Pueden compartir el término y, sin embargo, habitar universos de significado distintos. Mientras existe suficiente experiencia común, el problema pasa inadvertido. Pero cuando una sociedad atraviesa momentos de tensión, esas diferencias comienzan a hacerse visibles.
Algo de eso ha ocurrido durante los más de cuarenta días. La discusión pública ha estado llena de palabras conocidas: democracia, justicia, racismo, inclusión, Estado, discriminación, cambio. Todas han aparecido una y otra vez en los discursos, entrevistas, publicaciones y debates. Sin embargo, muchas veces parecen nombrar realidades distintas. La dificultad no es lingüística. Nadie discute el significado que aparece en el diccionario. La dificultad es social. Las palabras llegan cargadas de historias, experiencias y memorias diferentes.
Cuando una persona pronuncia la palabra racismo, puede estar evocando siglos de exclusión y subordinación. Cuando otra utiliza la misma palabra, puede estar pensando en discriminaciones recientes o en agravios percibidos desde otra experiencia social. La palabra era la misma. El mundo que contenía, no.
Lo mismo ocurre con democracia o justicia. Para algunos, esas palabras remiten principalmente a procedimientos, instituciones y reglas. Para otros, evocan reconocimiento, participación o reparación histórica. Las diferencias no residen en la gramática. Residen en las experiencias que sostienen los significados.
Vista desde esta perspectiva, la crisis adquiere otra profundidad. Los combustibles han sido el detonante visible, pero a medida que el conflicto ha avanzado, han reaparecido antiguas fronteras simbólicas. Diversas crónicas periodísticas han registrado el retorno de categorías identitarias que parecían pertenecer a debates anteriores. Como si debajo de la discusión económica permaneciera una conversación más antigua, esperando una oportunidad para manifestarse.
Bolivia conoce bien esa dificultad. En su territorio conviven experiencias históricas, sociales y culturales diversas que no siempre persiguen los mismos objetivos ni interpretan de la misma manera las palabras con las que intentan alcanzarlos. La Revolución Nacional de 1952 buscó construir una comunidad política más amplia. La Asamblea Constituyente intentó redefinir las bases de la convivencia. El Estado Plurinacional procuró incorporar de manera explícita la diversidad cultural e histórica del país. Los tres momentos transformaron profundamente la sociedad boliviana. Ninguno eliminó, sin embargo, la necesidad permanente de construir significados compartidos.
Por eso, palabras como autonomía, federalismo, centralismo, nación o región tampoco significan lo mismo cuando se pronuncian desde el oriente, desde el occidente, desde una organización campesina, desde un comité cívico o desde el Estado central. No se trata solo de vocablos distintos, sino de experiencias históricas distintas utilizando palabras comunes para nombrar aspiraciones diferentes.
Olson y Wittgenstein permiten mirar la misma crisis desde ángulos complementarios. Olson muestra una sociedad con crecientes aprietos para coordinar intereses. Wittgenstein deja ver una sociedad con progresivas dificultades para compartir significados. La primera dimensión es organizacional. La segunda es simbólica. Una afecta la capacidad de decidir. La otra, la posibilidad de habitar un mundo compartido.
La combinación de ambas es lo inquietante. Una sociedad puede subsistir a muchos conflictos de interés. También puede sobrevivir a muchas disputas de sentido. Lo difícil es sostener la convivencia cuando los intereses se fragmentan y, al mismo tiempo, las palabras dejan de significar lo mismo para quienes comparten un mismo país.
Tal vez esa sea la lección más importante de estos más de cuarenta días.
La crisis no ha revelado solamente dificultades de abastecimiento. Tampoco ha revelado únicamente conflictos políticos. Ha mostrado una crisis de cooperación. Cooperar exige algo más que sentarse a dialogar y negociar. Exige reconocer intereses, compartir un lenguaje mínimo para nombrar los problemas y aceptar un espacio común de pertenencia. Sin ese terreno común, el diálogo es entre extraños, la negociación es más larga, la decisión más difícil y la esfera pública se vuelve más frágil.
Algún día las filas desaparecerán. Los bloqueos terminarán. Los precios encontrarán algún punto de equilibrio. Pero las preguntas que la crisis ha dejado sin respuesta permanecerán allí.
El problema no ha sido solamente el combustible. El problema ha sido descubrir, en medio de la escasez, cuánto nos cuesta actuar juntos y cuánto nos cuesta entendernos.
Bibliografía
Olson, M. (1986). Auge y decadencia de las naciones: Crecimiento económico, estagflación y rigidez social. Ariel.
Wittgenstein, L. (1988). Investigaciones filosóficas (A. García Suárez y C. U. Moulines, Trads.). Crítica.
