Bolivia se ha convertido en un país que espera. Espera combustible, alimentos, transporte, acuerdos y soluciones. Espera mientras las carreteras permanecen bloqueadas, los mercados comienzan a vaciarse y las autoridades vuelven a convocar mesas de diálogo que, muchas veces, terminan rotas.
La Paz conoce demasiado bien esa espera. Durante más de cuarenta días, miles de personas han tenido que reorganizar su vida alrededor del conflicto. Familias calculando cuánto alimento queda, comerciantes perdiendo productos, trabajadores intentando llegar a sus empleos y estudiantes acostumbrándose a la incertidumbre. Cuarenta días no son una cifra menor: son una sociedad entera aprendiendo a sobrevivir.
Entonces surge una pregunta inevitable: ¿hasta dónde llega el derecho a la protesta y dónde comienza el derecho de los demás a vivir en libertad?
La movilización social forma parte de la democracia. Bolivia ha construido buena parte de su historia política desde las calles. Sin embargo, ningún derecho puede ejercerse anulando los demás. También existen el derecho a circular, trabajar, estudiar, alimentarse y regresar a casa sin miedo.
Cuando una protesta encierra ciudades, impide la llegada de productos básicos y convierte el hambre en una herramienta de presión, deja de ser solamente una demanda social. Ninguna causa puede llamarse justa si necesita someter a quienes no participan en el conflicto.
También sería irresponsable presentar esta crisis como una confrontación entre el mundo urbano y los sectores aymaras. El problema no es la identidad de quienes se movilizan, sino la utilización política de organizaciones indígenas, campesinas y sindicales para sostener intereses que muchas veces pertenecen más a los dirigentes que a sus bases.
La política boliviana vuelve a mostrar la distancia entre la urna y el gabinete. En campaña se promete paz, estabilidad y reconciliación. Cuando llega el poder, las palabras cambian, las ideas se acomodan y las promesas pierden fuerza.
Por eso muchos ciudadanos se preguntan si eligieron realmente a quienes podían conducir el país o si solamente escogieron entre discursos preparados para ganar una elección. Tal vez estamos pagando el precio de haber elegido mal. O tal vez el problema sea un sistema que ofrece candidatos capaces de conquistar votos, pero incapaces de gobernar una crisis.
Gobernar no significa aparecer cuando las carreteras ya están cerradas. Significa prever, mediar y proteger antes de que el conflicto se convierta en desastre.
Bolivia sigue esperando. Espera que se abran las rutas, que la política recupere la razón y que la democracia vuelva a proteger la vida cotidiana.
Pero un país no puede vivir eternamente en una fila.
Cuando la espera se convierte en costumbre, la esperanza empieza a parecerse demasiado a la resignación.
Sergio J. Pérez Paredes es Historiador, escritor, investigador y docente universitario
