Durante décadas, Bolivia ha enfrentado crisis económicas, conflictos políticos, bloqueos, escasez y profundas disputas regionales. Sin embargo, existe una crisis menos visible y quizá más peligrosa que todas las anteriores: la crisis de confianza.
No se trata únicamente de la confianza en un gobierno determinado, sino de la creciente desconfianza de la ciudadanía hacia las instituciones, los líderes políticos, la justicia, los medios de comunicación e incluso hacia los propios ciudadanos.
La confianza es un activo intangible, pero esencial para el funcionamiento de cualquier democracia. Sin ella, las leyes pierden legitimidad, las políticas públicas encuentran resistencia y las decisiones estatales son recibidas con sospecha. Cuando la ciudadanía deja de creer en las explicaciones oficiales, en la imparcialidad de las instituciones o en la transparencia de quienes gobiernan, el conflicto se convierte en el lenguaje predominante de la política.
Los acontecimientos recientes ilustran esta realidad. Las controversias en torno al abastecimiento de combustibles, las dudas surgidas tras el accidente del avión que transportaba dinero destinado al Banco Central, los cuestionamientos sobre la calidad de los carburantes, determinadas decisiones económicas y los conflictos sociales que derivaron en bloqueos y enfrentamientos tienen un elemento en común: la dificultad de construir credibilidad pública. Más allá de la veracidad o falsedad de cada denuncia, la persistencia de interrogantes sin respuestas convincentes alimenta la percepción de opacidad y debilita la confianza ciudadana.
La polarización política agrava este fenómeno. En un escenario cada vez más dividido, los hechos suelen interpretarse según afinidades ideológicas antes que a partir de evidencias. Para unos, toda acción gubernamental es justificable; para otros, toda decisión constituye una prueba de incompetencia o mala fe. En medio de esas posiciones extremas, el espacio para el debate racional se reduce y la verdad se convierte en una víctima más de la confrontación.
Las redes sociales han contribuido a acelerar esta dinámica. Nunca antes circuló tanta información y, paradójicamente, nunca resultó tan difícil distinguir los hechos de las narrativas falsas o interesadas. La velocidad de la comunicación digital premia la indignación y el escándalo mucho más que la verificación y la reflexión. Como consecuencia, los rumores suelen viajar más rápido que las explicaciones oficiales y las emociones terminan imponiéndose sobre los argumentos. Esta situación adquiere especial relevancia cuando los gobiernos incorporan asesores políticos asociados a estrategias de comunicación confrontacionales.
La influencia de consultores como Fernando Cerimedo, identificado con campañas digitales de fuerte polarización en algunos países de la región, alimenta el debate sobre si la construcción permanente de adversarios puede otorgar réditos políticos de corto plazo, pero termina erosionando las condiciones mínimas de confianza que requiere la convivencia democrática.
Pero la responsabilidad no recae únicamente en la ciudadanía o en las plataformas digitales. Los gobiernos también tienen obligaciones concretas para preservar la confianza pública. La transparencia no puede limitarse a conferencias de prensa; exige información oportuna, acceso a datos verificables y disposición al diálogo.
Del mismo modo, la oposición democrática tiene la responsabilidad de fiscalizar con rigor, sin convertir cada problema en una oportunidad para profundizar la confrontación. La confianza es una construcción colectiva que depende tanto de quienes ejercen el poder como de quienes lo cuestionan.
El reciente intento de habilitar corredores humanitarios y el levantamiento de algunos bloqueos pueden aliviar temporalmente las tensiones y devolver cierta normalidad a la vida cotidiana. Sin embargo, los problemas de fondo permanecen.
Las carreteras pueden despejarse mediante operativos policiales o acuerdos coyunturales; la confianza, en cambio, no se recupera por decreto ni por la fuerza. Requiere coherencia entre el discurso y los hechos, instituciones confiables y una ciudadanía convencida de que las reglas son iguales para todos y todas, sin discriminación de ningún tipo.
En este contexto, también resulta pertinente preguntarse si medidas extraordinarias como una eventual declaración de estado de excepción o la abrogación de la Ley 1341, impulsada por la entonces senadora Eva Copa, serían suficientes para devolver estabilidad al país. Probablemente no. Aunque algunas decisiones podrían desactivar conflictos coyunturales o responder a demandas específicas, difícilmente resolverían los problemas estructurales que alimentan el malestar social.
La desconfianza hacia las instituciones, la percepción de falta de transparencia, la ausencia de espacios efectivos de diálogo y la creciente distancia entre gobernantes y gobernados pueden incluso profundizarse. Los conflictos visibles suelen ser apenas la expresión de tensiones más profundas que permanecen latentes.
Bolivia ha demostrado a lo largo de su historia una notable capacidad para superar crisis. No obstante, la reconstrucción de la confianza será probablemente uno de los desafíos más complejos de los próximos años. Ningún estado de excepción, ninguna operación policial y ninguna reforma legal podrán sustituir la legitimidad que nace del diálogo, la transparencia y la credibilidad institucional.
Un país puede soportar dificultades económicas, conflictos políticos e incluso períodos de inestabilidad. Lo que resulta mucho más difícil de sostener es una democracia donde nadie cree plenamente en nadie. Y cuando la confianza desaparece, el costo termina siendo pagado por toda la sociedad.
