Hace semanas denuncié en este espacio, una herida abierta en el municipio paceño: el cobro ilegal a sus dependientes. Esa práctica, lejos de erradicarse, se ha agravado en una patología mayor. No es solo el asalto al bolsillo; ahora, además, es el asalto a la voluntad. Hoy, la gestión de Iván Arias —reprochando los vicios que juró combatir— ha convertido la estabilidad laboral en una moneda de cambio para alimentar un activismo político forzado, una coreografía de lealtades fingidas que deshonra la silla edil y envilece la esencia misma de la función pública.
La inmoralidad cívica del burgomaestre, envuelta en un discurso de falsa rectitud, oscila entre la ignorancia supina y una ambición desmedida por perpetuarse. Al obligar a los servidores municipales a ser comparsas de su campaña, no solo vulnera su derecho a la libre elección, sino que los empuja al precipicio del delito electoral. En un país con instituciones serias, el quebrantamiento del deber de neutralidad sería el preludio de una destitución inmediata. Pero en nuestra degradada realidad, la necesidad de llevar el pan a casa se convierte en el grillete que arrastra al funcionario a las calles, transformando al técnico en movilizador y al profesional en un simple número de bulto para la foto de rigor.
Las caminatas de la fórmula oficialista no son expresiones de fervor democrático; son romerías del miedo. Filas de ciudadanos que no buscan una propuesta de gobierno, sino la bendición de una ficha de asistencia bajo la mirada inquisidora de los «comisarios» de campaña, esos cancerberos del poder que anotan nombres mientras se ignora el plan de ciudad. Esta es la radiografía de la coacción: una extorsión laboral que obliga al individuo a elegir entre su libertad de pensamiento y su sustento económico. Es la institucionalización de la humillación pública bajo el implacable sol paceño, en que la dignidad se empeña por un contrato laboral de algunos meses.
Candidatear desde el trono del aparato estatal, puede ser lícito, pero generalmente no es honesto. Se rompe el principio de lealtad , al dilapidar indirectamente el presupuesto público —los salarios de quienes marchan— para fabricar una sensación de respaldo masivo. Mientras el candidato «del llano» camina con la suela de su convicción, el incumbente desfila con el sudor ajeno, usurpando el tiempo que el funcionario debería dedicar al ciudadano para gastarlo en la lisonja al jefe. Esta ventaja obscena no es liderazgo; es parasitismo institucional.
Sin embargo, este despliegue de fuerza es, en el fondo, un ejercicio de onanismo político. El alcalde habita en un espejismo de popularidad, rodeado de aplausos que tienen precio, pero no valor. Olvida que el «acarreo» es el prólogo del voto castigo. En la sagrada soledad de la urna, donde el control del jefe se desvanece y el instructivo del partido se vuelve papel mojado, el funcionario forzado no es un aliado, es un juez. Allí, donde el Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático (SIFDE) no llega, pero la conciencia impera, se gesta la revancha silenciosa de la dignidad vulnerada. Esa misma dignidad que se intenta pisotear incluso con maniobras externas, como la presión para empadronarse en el municipio donde se quiere revalidar el cargo, en lugar del que al empleado municipal le corresponde, allá donde se halla su domicilio real, violentando la identidad del servidor en un intento desesperado por capturar votos que el respeto no ha sabido ganar.
La complicidad por omisión del Tribunal Supremo Electoral es el telón de fondo de este decorado indecoroso. No pueden aducir desconocimiento cuando la degradación es sistémica y el cinismo es la norma. Es un insulto a la libertad de conciencia y una burla a los principios más elementales de la democracia.
Quienes creen que el cargo les otorga propiedad sobre las almas ajenas cometen un error de cálculo fatal. El poder, cuando se usa para desvestir la dignidad del subalterno, termina por desnudar la miseria propia. Al final, cuando se cuenten los votos, la realidad le recordará al soberbio que se puede obligar a un hombre a marchar bajo el sol agitando un banderín y vivando a voz en cuello, pero no se puede obligar a un corazón a confiar en su verdugo. Los resultados, estoy seguro, pondrán cada máscara en su lugar y devolverán al ciudadano la soberanía que hoy le intentan arrebatar mediante el chantaje institucional.
Augusto Vera Riveros, es abogado
