El panorama actual de Bolivia refleja una profunda crisis multidimensional. La gestión gubernamental enfrenta severos cuestionamientos debido a escándalos de corrupción, asfixia económica y conflictos de seguridad interna. En este escenario, el concepto de Bolivia como un «país tranca» ha alcanzado su punto más crítico en la historia reciente, tal vez superando los niveles más desastrosos de los últimos veinte años al pasar de ser un método de protesta social a una parálisis impuesta por la ineficiencia del propio Estado.
Hoy, la falta crónica de diésel ha institucionalizado el bloqueo. No ocurre mediante huelgas o barricadas populares —tampoco porque los trabajadores hayan adquirido repentinamente una cultura política que los prive del uso tradicional e histórico de la fuerza—, sino vaciando los tanques del transporte pesado e inmovilizando los motores productivos. Casos de alta resonancia pública como las «narcomaletas» enviadas al exterior, la captura de capos del narcotráfico con sus cajas fuertes misteriosamente vacías o incidentes financieros como la caída de un avión con millonarias sumas de dinero en efectivo, son señales irrebatibles de una descomposición multidimensional que ningún ciudadano o padre de familia que sustenta un hogar puede ignorar.
A esto se suman las constantes críticas a la idoneidad del equipo ministerial: desde acusaciones de presunto fraude tributario y enriquecimiento ilícito, hasta recientes denuncias sobre supuestos complots y magnicidios en el entorno presidencial. Todo esto demuestra que el gobierno no necesita opositores, pues se boicotea a sí mismo. El debate técnico apunta a que este debilitamiento responde a decisiones específicas, como la designación de embajadores sin trayectoria alguna ni formación especializada y de ministros cuya única credencial es la lealtad política dentro de la pugna interna del partido oficialista, relegando el perfil técnico necesario para manejar crisis complejas.
Estas malas decisiones y escándalos institucionales se traducen de forma directa en el día a día de la sociedad. Son instrumentos eficientes para la persistencia del “país tranca”, y no únicamente porque la fotocopia de la cédula de identidad siga reinando en el retrógrado criterio del servidor público, sino porque la escasez de dólares, la devaluación informal, el encarecimiento de la canasta familiar y la inflación de productos importados parecen no tener freno. Las largas filas en las estaciones de servicio que detienen el comercio, la pérdida de credibilidad financiera exterior y las dificultades para adquirir créditos internacionales son la radiografía de un Estado que se desangra entre la corrupción y su propia ineptitud.
Si históricamente Bolivia fue considerada una «tranca» debido a los bloqueos de carreteras como método de presión social, hoy la situación ha dado un giro inédito y destructivo: hemos mudado de la tranca social a la tranca estatal. Los transportistas —eje motor de la economía— pasan días enteros varados en filas kilométricas. Están impedidos de trabajar no por consignas políticas, sino por tener sus tanques vacíos. Sin combustible, las cosechas se pudren en los campos, las mercancías no llegan a los mercados y la cadena de suministro colapsa por completo, provocando un efecto dominó que dispara los precios hasta límites insostenibles.
La ciudadanía está exhausta; ya no puede más. Hoy el bloqueo no lo hace un sindicato opositor; lo impone la incapacidad logística del Estado para proveer el diésel que el país necesita para moverse. Ver a miles de transportistas durmiendo en las carreteras, esperando cinco días solo para ejercer su derecho al trabajo, es el retrato vivo del colapso de un modelo económico. No pueden producir, no pueden circular y, lo más grave, no pueden llevar el sustento a sus familias.
Augusto Vera Riveros es abogado
