Las copiosas lluvias estivales en la Cordillera de los Andes configuran el escenario menos propicio para el vuelo de los majestuosos cóndores. Su agudeza visual se diluye entre la densa nubosidad de las alturas, y la escasez de corrientes térmicas ascendentes obliga a la colosal ave a planear con grave riesgo.
Esta es una metáfora de la reciente condecoración con el Cóndor de los Andes al presidente Rodrigo Paz Pereira. Las consideraciones de este texto no pretenden objetar el derecho legal que la Ley 1762 otorga a los mandatarios constitucionales para recibir la máxima distinción del Estado y asumir el rango de Gran Maestre de la Orden. Cuestionar la legalidad del acto sería un debate baladí. Sin embargo, las funciones de un gobierno no son solo ejecutivas, sino también políticas. Por ello, el verdadero cuestionamiento a este episodio no es jurídico, sino ético.
Desde esta perspectiva, los responsables de protocolo se escudan en la norma como un paraguas protector frente a cualquier sanción legal. No obstante, la coyuntura que hoy afronta el país dista mucho de lo que la ciudadanía esperaba de un gobierno que se pretendía disidente de su antecesor. Resulta una impertinencia política haber elegido este mes de julio para materializar el reconocimiento, sobre todo cuando el presidente Paz Pereira —ojalá lo haga en el futuro— no ha realizado aún ninguna labor extraordinaria que justifique el galardón.
Disponer la eliminación del burocrático requisito de las fotocopias de cédulas de identidad —medida que además se incumple pese al decreto supremo— o ensayar la reducción parcial de la subvención a los carburantes no constituyen méritos descollantes. Tampoco lo es su pasividad ante el inhumano cerco que asfixió a las ciudades de La Paz y El Alto durante casi un mes y medio. Ninguno de estos hitos califica como un servicio eminente a la patria.
La vocación democrática del presidente, indiscutible hasta ahora, no debe confundirse con la alarmante inacción que demostró durante los conflictos de mayo y junio. Al parecer, esa inercia fue el mayor mérito para quienes tuvieron la desafortunada idea de exponer a la primera autoridad del país a una condena social plenamente justificada. Mientras la burocracia estatal defiende el acto como un derecho adquirido, la realidad ciudadana contrasta diametralmente: millones de bolivianos, enfermos y viajeros soportaron un agravio estoico debido a la indolencia de un gobierno que apostó erradamente al desgaste del conflicto.
La opinión pública no juzga los actos del poder con el código bajo el brazo, sino con el termómetro de la realidad social. En ese terreno, la condecoración sufre un cortocircuito irreversible, tal como el cóndor que desafía la niebla sin rumbo fijo. ¿Puede un formalismo legal justificar la máxima joya del país en un momento de severas tensiones y asfixia económica? Cuando la norma se distancia de la sensibilidad común, pierde legitimidad. Si bien la ley no establece plazos fijos para la entrega, el Ejecutivo eligió el peor escenario posible, acentuando el descontento generalizado hacia su gestión.
La historia reciente ya advierte sobre la indignación que provocan estos desatinos políticos: desde las autocondecoraciones de cancilleres y los galardones a grupos folklóricos por méritos menores, hasta la bochornosa distinción a un dictador africano o el repudio a una autoridad que se vio forzada a devolver la medalla.
El valor del Cóndor de los Andes no radica en el metal de su presea, sino en el prestigio de su origen. Si la distinción creada para honrar vidas consagradas al servicio de la nación se reduce a un accesorio obligatorio de la investidura, el honor se disuelve en mera inercia legal.
Augusto Vera Riveros es abogado
