El presidente estadounidense Donald Trump llamó pomposamente “día de la liberación” económica de su país al 2 de abril pasado, fecha elegida para anunciar nuevos aranceles de importación a 60 países.
No parece existir un criterio oficial para calcular la alícuota de esos nuevos aranceles, aunque un análisis de la balanza comercial de EE.UU. con esos países muestra que los nuevos aranceles se definieron con base en el déficit comercial estadounidense con esas naciones. Se denominó al resultado de ese cálculo con el elegante (pero engañoso) término de “arancel recíproco”.
Bolivia no figura en esa lista, por lo que se puede asumir que se halla en el grupo de países a los que se asignó un arancel del 10%, adicional a los ya existentes. ¿Cuánto afecta este hecho a nuestro país? No mucho, a decir verdad, considerando lo poco que exporta Bolivia a los EE.UU. (situación nada deseable, y merecedora de un análisis particular).
Parece conveniente aclarar algunos conceptos para entender mejor la decisión de EE.UU., o incluso para concluir que no existe una explicación razonable para ella.
Un arancel (tariff, en inglés) no es otra cosa que un impuesto a las importaciones. Y ese impuesto lo paga el importador, nunca el exportador extranjero, pese a las varias afirmaciones realizadas en ese sentido por el presidente Trump.
¿Cuándo un país decide imponer un arancel a un producto extranjero? Normalmente, cuando ese producto es fabricado a menor costo en otro país. Esta medida busca encarecer el producto extranjero, para que así sea menos competitivo frente a la oferta local. Por otro lado, si se importan productos que no se fabrican en un país, o cuya producción no logra satisfacer la demanda local, no tiene sentido gravar esos productos con un arancel, pues el único resultado sería encarecer ese producto, y quien pague ese costo será el comprador final; en este caso, el ciudadano estadounidense. Cabe enfatizar que en estos casos no hay una empresa estadounidense que se vea beneficiada por el encarecimiento artificial de la oferta extranjera.
Por otra parte, el déficit (o superávit) comercial es la diferencia entre el comercio entre dos países que comercian entre ellos. Si el país A exporta productos al país B por un monto mayor al que importa del mismo país B, entonces A tendrá superávit en la balanza comercial entre ambos países, y B tendrá déficit comercial. Ahora bien, no se debe caer en la simplificación de que tener superávit comercial es siempre conveniente (aunque normalmente lo es), y que tener déficit es siempre problemático.
Imaginemos que el país A fabrica grandes cantidades de un producto X, pero como no tiene suficiente materia prima para cubrir la demanda internacional de ese producto, decide comprarla al país B. Si no hubiera más operaciones comerciales entre ambos países, A tendría déficit comercial frente a B, pero eso no representa ningún problema para A, ya que al importar materia prima barata de B, e incorporarla a un proceso productivo en su propio territorio, a través de empresas también del país A, con mano de obra del mismo país, genera un valor agregado que claramente es favorable a su economía.
Ahora bien, volvamos al punto en que nos preguntábamos cómo calculó EE.UU. el arancel a aplicar a los distintos países en su particular “día de la liberación económica”. Básicamente, lo hizo con base en el déficit comercial con los distintos países. Volvamos al caso del país B que vende materia prima a EE.UU., aunque no importe nada del país del norte. Al tener un saldo comercial negativo, el presidente Trump seguramente habría impuesto un arancel alto a B, mismo que tendría que ser pagado por el importador estadounidense, quien incorporaría ese pago a su estructura de costos, encareciendo el producto final, y eventualmente perdiendo, por ese motivo, mercados de exportación, y dejando de ganar dinero por ello.
¿Cómo puede entenderse este resultado como “liberador” para EE.UU.?, ¿cómo entender su afirmación de que a través de estos nuevos aranceles se aumentarán los ingresos de EE.UU., si quienes paguen los aranceles serán, al final de la cadena, los consumidores estadounidenses?, ¿qué se puede pensar del presidente Trump cuando afirma sin el menor rubor que quienes paguen los aranceles serán los exportadores extranjeros? (se muestran en internet entrevistas a “ciudadanos de a pie” que, al ser consultados al respecto, afirman convencidos que los nuevos aranceles serán pagados por los proveedores externos, y no por los importadores estadounidenses). ¿Cómo culpar a quienes (erróneamente) creen en lo que dice su presidente? Toda mentira es censurable, pero aquella que se dice de manera pública, sabiendo que quien la escucha cree de buena fe que es verdad, es vergonzosa, por lo cobarde y malintencionada, Y es triste comprobar que esa situación se presenta tanto en el hemisferio norte como en el sur, y que se miente con el mismo cinismo en inglés y en español.
Queda claro que un presidente no necesariamente debe ser experto en todas las áreas del conocimiento (en este caso, economía internacional/comercio internacional), pero queda también claro que tiene asesores en todas las áreas. Pero cuando a la falta de conocimiento se une la soberbia (pérfida mezcla bien conocida por los bolivianos) los resultados suelen ser nefastos.
Supongamos por un momento que las nuevas medidas arancelarias logren el objetivo propuesto, y que los productos que se vayan a consumir en EE.UU. sean fabricados en ese país (de hecho, ya Mercedes Benz y alguna otra empresa automotriz anunciaron que instalarán plantas en EE.UU. para cubrir la demanda de ese país, evitando así los nuevos aranceles). Seguramente ese hecho será mostrado como un éxito, y como prueba irrefutable de la conveniencia de las medidas asumidas. Sin embargo, debe tomarse en cuenta que esos vehículos deberán ser fabricados por personal estadounidense… con sueldo estadounidense, con derechos establecidos por la ley estadounidense, con material o partes extranjeras que para ingresar a territorio estadounidense deberán pagar los aranceles recién incrementados, y que esas empresas recién abiertas deberán pagar impuestos estadounidenses. Habrá que ver si esos costos, reflejados en los precios de venta, se justifican ante los ojos de los compradores finales por la satisfacción de tener un vehículo “made in the U.S.A.”.
Al momento de escribir estas líneas, dos dudas, tercas, no abandonan mi mente.
La primera: ¿En qué momento los países afectados reclamarán oficialmente por el incumplimiento de acuerdos comerciales previos? El acuerdo más evidentemente vulnerado –aunque no el único– es el TLC (Tratado de Libre Comercio) firmado entre EE.UU., México y Canadá. China ya dijo estar analizando la posibilidad de denunciar a EE.UU. ante la OMC.
La segunda: ¿Llegará el momento en que alguien, “dentro de la casa” reclame por tantos sinsentidos en la actual política comercial de EE.UU.? Pese a la obvia presión existente, cuesta creer que no surja en algún momento una voz pensante que diga las cosas como son, y muestre alguno de los varios errores actuales en este tema.
Al final del día, y corriendo el riesgo de simplificar demasiado el tema, me permito decir que el objetivo real de este desbarajuste arancelario no parece ser otro que el de elevar las recaudaciones impositivas. Recordemos que un arancel es un impuesto que debe ser pagado por las empresas importadoras estadounidenses (que obviamente traspasarán ese costo a los consumidores).
Se debe mencionar que hay analistas que sugieren que el presidente Trump está utilizando el alza de aranceles sólo como una herramienta, para lograr un objetivo mayor, de tipo macroeconómico, que busca bajar el déficit fiscal (bastante alto, a la fecha) que hasta ahora se está financiando en buena parte a través de la emisión de bonos, actualmente en manos sobre todo de China, Japón y la Unión Europea.
El análisis de este escenario excede lo que pretende mostrar esta columna, pero se puede decir que existen tantas variables involucradas en este tema, que difícilmente se podría asumir como obvio el éxito de este supuesto plan.
