Las leyes malditas y el plan cleptocrático

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Una de las virtudes de Evo Morales es que no sabe mentir. Así, a lo largo del tiempo, nos ha dicho algunas de sus verdades. La más memorable fue aquella que nos sopló a la cara diciendo: “no hay nada que consultar (al pueblo), sólo debemos seguir lo que dicen el compañero Fidel y el compañero Hugo (Chávez)”.

Y la más reciente, muy reveladora, fue que recibió una llamada de un transportista para explicarle “la situación” a la que los exponía la Ley 1386, de ganancias ilícitas. Ante ello, la reacción de Evo fue responsabilizar a “los técnicos” por semejante ley. Es obvio que él no estaba al corriente del alcance de esa norma o nunca entendió que significaba un asalto a la propiedad y una amenaza a la economía de sus bases capitalistas.

Ello nos obliga a preguntarnos ¿quiénes son “los técnicos” y a quiénes responden? Sabemos que dicha ley, además de las otras del paquetazo, apuntan a construir el andamiaje legal para el ejercicio “legítimo” de una dictadura brutal al estilo cubano, venezolano o nicaragüense.

Mientras que la Ley 1386 es un asalto múltiple al patrimonio individual, el otro asalto, el de la Ley 342 del PDES, está dirigido al vaciamiento del patrimonio del Estado, para canibalizar Bolivia, como ha venido sucediendo desde el 2006.

El gobierno del MAS ha decidido hacer asaltos “por ley”, pero con la 1386 subestimó la reacción de los “asaltados” –los capitalistas populares– que se defendieron heroicamente, pararon el país en protesta, y han diferido su aplicación…hasta que “los técnicos” estimen oportuno.

¿Pero quién defenderá a Bolivia del asalto al Estado, del vaciamiento de nuestro patrimonio nacional?

Bajo la guisa de llevar adelante una estrategia de “industrialización mediante la sustitución de importaciones” ISI, el presidente Luis Arce pretende seguir creando más empresas públicas y aislar la economía detrás de altas barreras arancelarias para protegerlas de la competencia internacional, obligándonos a comprar productos caros de tecnologías obsoletas, como sucedió en otros países en las décadas de los 60 y 70, que cuando aplicaron esa política industrial, fracasaron y la abandonaron. Pero, claro, sus gestores se llevaron la plata.

El verdadero propósito de instalar empresas públicas es el mismo que motivaba a Butch Cassidy a robar. Cuando le preguntaron al célebre ladrón por qué asaltaba bancos, él respondió “porque ahí es donde está la plata”.

Monopolizar exclusivamente la inversión industrial equivale a juntar toda la plata en un banco (del Estado) para asaltarlo reiteradamente, como ya lo ha venido haciendo Arce Catacora como ministro y ahora como presidente.

Por cada “empresa” a crearse surge la oportunidad de hacer grandes negociados mediante adquisiciones a precios inflados, o con dinero de la reserva monetaria o por contratación directa o mediante licitaciones amañadas y jugosos sobornos, como ha sucedido en los últimos 15 años.

Arce ha orquestado, como ministro de Hacienda, la corrupción más grande de la que se tenga memoria. Ahí están todas las empresas estatales que han creado: quebradas, generando grandes pérdidas, que van sangrando los recursos públicos… Bolivia quedará sembrada de Bulo-Bulos, San Buenaventuras y muchos otros, abandonados en su altiplano, valles y trópico.

¿Pero quién realmente se beneficia del asalto al patrimonio del Estado? ¿Bajo órdenes de quién trabajan “los técnicos”?

Al igual que en Venezuela, en Bolivia, el gobierno está manejado por el cerebro cubano. Ellos diseñaron la estrategia política de coloniaje “socialista”, dictan el ritmo e intensidad de “las reformas” y las formas de represión. Todo para llevar a Bolivia donde está Venezuela. A dejarla en la “carcasa” de lo que algún día fue.

Ya se han apropiado de las reservas de petróleo venezolano, las más grandes de la tierra, y hoy pretenden llevarse el litio boliviano, sus minerales estratégicos, sus alimentos, endeudar su economía, y dejar a sus países víctimas como estados fallidos canibalizados y miserables.

¿Quiénes saquean a Bolivia? Pregúntenle a “los técnicos”.

Ronald MacLean Abaroa fue alcalde de La Paz y ministro de Estado