Cuando lo que más precisa el país es tranquilidad y previsibilidad de las reglas de juego para nuestros productores agropecuarios, quienes en su sacrificada y noble tarea de generar alimentos para el país y el mundo lo arriesgan absolutamente todo, es de lamentar nuevos sucesos que afrentan la ley, dejando un sentimiento de frustración e impotencia.
En momentos en que lo que necesita Bolivia es aumentar la inversión para producir más e incrementar las agroexportaciones, para, por su intermedio, conseguir los dólares que se precisan con urgencia a fin de pagar la importación de combustibles, bienes de capital, insumos y equipos de transporte de los que depende el país, un nuevo predio productivo, Santagro -con 1.800 hectáreas de soya, en Guarayos, Departamento de Santa Cruz- es avasallado con una pérdida de dos millones de dólares y dos víctimas por arma de fuego.
Como si la agricultura no fuera, desde ya, una actividad de alto riesgo que debería merecer el máximo apoyo de las autoridades frente a la inclemencia del clima y el ataque de las plagas -en ausencia de la posibilidad del pleno uso de la biotecnología en el agro para bajar tales riesgos- se suma a ello, una vez más, el artero ataque de los avasalladores que desprecian, no solo el esfuerzo de los productores para dar de comer a Bolivia y al mundo, sino la vida misma. Vea usted su “modus operandi”, no se trata de “angelitos”, precisamente:
“Los avasallamientos de tierra son cada vez más numerosos y más violentos. Las organizaciones que ejecutan estas acciones actúan de forma planificada, con información precisa sobre los predios a ser tomados, con vehículos, combustible y armas que no dudan en disparar contra trabajadores, policías que a veces llegan a tiempo o periodistas que ponen en evidencia sus acciones. Las organizaciones de productores calculan que hay más de 100 propiedades invadidas, la mayoría en Santa Cruz (…) en el caso Las Londras, se ha denunciado que los acusados del avasallamiento violento, secuestro y tortura que todos conocen son parte de los movimientos sociales afines al MAS, de lo que se puede concluir que actúan con temeridad porque gozan de protección”, relata el Editorial del Diario Mayor (“Impunidad en la toma de tierras”, EL DEBER, 7.12.2022).
Lo de hoy nos debe remontar al año 2013, cuando se daba similar situación, aunque lo que no está ocurriendo hoy es lo que el Gobierno de entonces hizo. Cuando el expresidente Evo Morales, sin ser economista, pero con el olfato político que le caracterizaba, preguntaba públicamente: “¿De qué vamos a vivir?”, angustiado por la previsible declinación de los hidrocarburos, el sector agroproductivo, en el memorable “Foro Agroindustrial Productivo: Más inversión, más empleos”, pidió seguridad jurídica para invertir 13.000 millones de dólares a fin de triplicar la producción de alimentos hasta el año 2025, acoplando la “Agenda del Bicentenario” con la “Agenda Agroproductiva”.
El Gobierno aceptó y actuó en consecuencia: investigó, descubrió un tráfico de tierras y encarceló a muchos avasalladores -así enarbolaran la wiphala- haciendo que en dos años el delito baje de 117 a menos de diez predios avasallados. Por su parte, el sector cumplió, hubo más inversión, producción, agroexportación y empleo.
Hoy, la situación es diferente. Cuando más se necesita proteger a los productores agropecuarios, la permisividad del delito es patente: “No conozco un avasallador con sentencia, basta mirar lo sucedido en Las Londras. Hay abandono total del Estado, ya con sabor a complicidad”, manifestó Salvador Vaca, presidente cívico de Guarayos, provincia que desde hace años es la más afectada por el conflicto de tierras, una problemática que va en escalada desde septiembre de 2021, cuando grupos armados balearon a policías, y en octubre secuestraron y golpearon a uniformados y periodistas (“Más de un centenar de predios están avasallados, según productores”, EL DEBER, 7.12.2022).
Cuando la solución a la actual falta de dólares puede ser, a corto plazo, una verdadera avalancha de divisas que lleguen a Bolivia, como consecuencia de garantizar la seguridad jurídica para la tierra y la inversión, y el impulso al sector agropecuario y agroindustrial que en 2022, en el caso de la de soya, girasol, carne, azúcar, alcohol, leche, chía, frijol, sésamo y cueros, aportó con casi 3.000 millones de dólares por su exportación, es verdaderamente increíble e injusto, descuidar así, a la “gallina de los huevos de oro”.
Más allá de lo “pobrecitos” que puedan parecer los avasalladores, lo cierto es que sus acciones al margen de la ley echan por tierra años de trabajo y esfuerzo de los productores del agro, cuya razón de ser es invertir, producir, abastecer el mercado interno, exportar los excedentes y aportar al desarrollo del país, consagrando no solo su seguridad alimentaria -que se puede lograr vía importaciones- sino su soberanía alimentaria, al hacer de Bolivia un gran país agroexportador, alimentando a millones de bocas en el mundo.
