El príncipe esclavo

0
464

En la trama de los supuestos requerimientos del exministro Characayo en sus paseos de relax nocturno y en sudadera por El Prado de La Paz, ciertos dirigentes de los “interculturales” (nombre con el que los adictos a los eufemismos rebautizaron a los colonizadores) rechazaron las alusiones ministeriales por la detención del exministro de Desarrollo Rural y Tierras. Según esas alusiones, en la denuncia contra el exministro se señala que 200.000 dólares de las presuntas coimas iban para el bolsillo de algunos dirigentes.

Hasta ahí, el emplume público de esos dirigentes de los interculturales sería un mero alegato por su honor. Sin embargo, el ejecutivo Isidro Pacsi de San Julián Norte amenazó con tomar el predio El Triunfo II “por ser ilegal” (para raudamente dictar que “se decide la toma”), según refirió la prensa.

Esas amenazas dieron para preguntar en qué manos quedará la reforma de la justicia. Quizá algunos líderes sociales definirán, por ejemplo, si andar de noche con sudadera y recoger 20.000 dólares ajenos por ser autoridad será intachablemente lícito, o decidirán cuál propiedad es ilegal, dependiendo de si su “trámite de saneamiento” en El Prado fuera exitoso o abortara.

Por su lado, en lugar de la implacabilidad habitual, los custodios del Estado guardaron un reverencial respeto por esos regidores de San Julián, como quien honra la santidad, pese a las serias denuncias. Voces ministeriales incluyeron paños fríos (“los interculturales son un pilar de este proceso”) y sumisión al principio de inocencia de los dirigentes, cuando ese principio se minimiza para otros que no tienen ese rango. Todo eso permite un análisis realista. Por ejemplo, que el igualitarismo del MAS no incluye a esos barones de la aristocracia partidaria, para quienes se reserva la pleitesía oficial.

Como réplica a tal pleitesía, conforme a un cartesiano orden jerárquico, la Federación de Comunidades Interculturales de San Julián Norte dio primero un ultimátum de 48 horas a los ministros de Justicia y Gobierno para que esclarezcan las denuncias en su contra, pues “de lo contrario habrá bloqueos”, según sentenció Isidro Pacsi. Ese plazo venció sin bloqueos, pero Pacsi reapareció y respaldó al ministro sucesor de Characayo.

Aquel cruce de venias gubernamentales y desdén dirigencial  planteó un intríngulis mayor a si la ley no vale para los amigotes, fenómeno usual en nuestra historia. Es que expuso una disputa básica de poder. Según unos capos colonizadores, el Estado les debe obediencia. Y no son los únicos que ven así la relación del Estado con esa dirigencia mandamás, a juzgar por la delicadeza de los ministros. Además, el día de la posesión del nuevo ministro de Desarrollo Rural, la Confederación de Mujeres de Comunidades Interculturales exigió al presidente tres ministerios y la destitución de los ministros de Justicia y Gobierno.

El dilema es entonces más jorobado que las disputas en el MAS o quién tiene ahí la última palabra. Aquí se trata de la autonomía relativa del Estado. Si este es un torneo de palabras, tonos y resultados, me tinca que los interculturales mandan más que el Estado.

Como la jerga constitucional no pasa el test de los hechos, sería una inocentada acudir a tal o cual artículo, o a tal o cual ley para sancionar un delito. Mejor recurrir a una autoridad -también para el MAS- en el manejo del poder crudo. Cuando a Putin le preguntaron su opinión sobre Lenin, respondió que este fue un revolucionario, no un estadista. Según Putin, un estadista no habría asimilado -como Lenin sí hizo- el Estado a un partido, de modo que cuando este último entrara en crisis, el Estado también la sufriera. Eso ocurrió en la URSS y acabó de estallara inicios de los años 90.

Esa lección de Putin tal vez le sirva a quien en el Gobierno no sepa casi todo (siempre puede haber uno), pues se relaciona con un conocido principio político. Porque unos gallos colonizadores le notificaron al príncipe que es su esclavo. Y los voceros del príncipe titubearon, antes de que el príncipe empezara cediendo. Veamos cómo le va a cada uno en esos roles.

Gonzalo Mendieta Romero es abogado.