La reciente sesión de la Cámara de Diputados del Estado Plurinacional de Bolivia quedará registrada en la historia institucional no como un avance legislativo, sino como un punto de inflexión preocupante para el futuro económico y jurídico del país. Con 56 votos a favor, 44 en contra y la elocuente ausencia de 29 legisladores, se aprobó la abrogación de la Ley 1720 tras más de diez horas de debate tenso y polarizado. Esta decisión no solo sepultó una norma diseñada para facilitar el progreso agropecuario, sino que marcó el inicio de una etapa crítica de inseguridad jurídica que afectará directamente el clima de inversión nacional e internacional. Además, dejó al descubierto una realidad que muchos prefieren ignorar: hoy, más que nunca, quedan claras las dos Bolivias que conviven en el mismo territorio: una que apuesta por la libertad, la producción y la visión de futuro, y otra anclada en el asistencialismo, la dependencia estatal y el control político de la economía.
Lo que hemos presenciado no es un simple ajuste normativo ni una negociación más; es, sin rodeos, la capitulación del Estado frente al chantaje organizado. El compromiso del presidente Rodrigo Paz de tramitar la abrogación de esta ley, adoptado bajo la presión creciente de las marchas indígenas, campesinas y la Central Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), marca un peligroso precedente: el Gobierno ha decidido ceder, plenamente consciente de que el relato que justifica esta medida es una construcción falsa, un “falso positivo” mediático fabricado para confundir, movilizar bases y desgastar al sector productivo nacional. Esta contradicción flagrante revela una fragilidad institucional alarmante que debería preocupar a todos los bolivianos, sin distinción de ideologías ni regiones.
La verdad oculta detrás de la norma
Es imperativo desmontar el mito de una vez por todas: la Ley 1720 nunca atacó, ni vulneró, ni puso en riesgo las Tierras Comunitarias de Origen (TCO), territorios ancestrales ni derechos colectivos. Su alcance era estricto, limitado y claro: se aplicaba únicamente a pequeños propietarios individuales, cuyas tierras ya estaban tituladas, registradas y validadas por el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), y les otorgaba una facultad estrictamente voluntaria: la posibilidad de convertir su propiedad pequeña en mediana propiedad, siempre dentro de los límites legales establecidos por la Constitución y la normativa agraria vigente.
El objetivo de esta normativa era profundamente emancipador y económico: permitir que estas tierras dejaran de ser inembargables, para así abrirles las puertas del sistema financiero formal. Esto se traducía directamente en acceso real al crédito bancario, capital de operaciones, financiamiento para maquinaria, tecnología, sistemas de riego o infraestructura productiva. Era una herramienta legal pensada para dar un respiro financiero indispensable a miles de familias campesinas, para que pudieran tecnificar su producción, dejar atrás la agricultura de subsistencia y generar excedentes para el mercado interno y la exportación.
No se trataba de imponer nada, ni de quitar derechos, ni de entregar tierras a grandes empresas, como se difundió maliciosamente. Se trataba de ofrecer una opción, una libertad: que quien quisiera y necesitara crecer, pudiera hacerlo respaldado por la ley y por el sistema financiero. Era un pequeño margen de autonomía económica que el Estado reconocía como un derecho para quienes trabajan la tierra y alimentan al país.
El negocio político de la victimización
Sin embargo, la cúpula dirigencial de organizaciones sociales y sindicales construyó deliberadamente un relato falso, ese “falso positivo” que se convirtió en bandera de lucha: presentaron la Ley 1720 como un atentado contra la Madre Tierra, una amenaza a la propiedad comunitaria y un ataque a la identidad de los pueblos originarios. Nada más alejado de la realidad.
Lo que verdaderamente les aterra a estas dirigencias no es el bienestar de sus bases, sino perder el control político y económico sobre ellas. El mayor miedo de quienes basan su poder en el clientelismo y la prebenda estatal es que el pequeño productor, al ganar independencia financiera y acceso al crédito, rompa las cadenas de la dependencia. Un campesino que puede invertir, producir y mejorar sus ingresos por sí mismo, ya no necesita pedir favores, ya no depende de los subsidios condicionados, ya no se somete a las consignas de quienes se dicen sus líderes. El miedo es a la libertad económica, porque libertad significa autonomía, y autonomía significa fin del poder tutelar de las organizaciones.
Detrás de esta narrativa de victimización se esconde además una coartada política muy rentable. Las marchas que recorren el país se movilizan con logística millonaria: financiamiento externo, transporte, alimentación, aportes en especie, recursos de los que rara vez se rinden cuentas públicas. Aquí surgen las preguntas incómodas que nadie se atreve a responder:
- ¿Qué tienen que ver las organizaciones andinas, de histórica tradición minera y visión económica distinta, con definir las reglas de la tierra productiva del oriente boliviano?
- ¿Qué organizaciones no gubernamentales (ONG), con agendas foráneas y financiamiento internacional, están detrás de esta ofensiva, impulsando relatos que no corresponden a nuestra realidad?
Es evidente que no estamos ante un simple conflicto social, sino ante una agenda planificada para cambiar las reglas de juego en perjuicio del modelo productivo nacional, camuflada de defensa de derechos.
El fin definitivo de la “luna de miel”
Lo que comenzó hace meses como un prometedor idilio estratégico entre el Gobierno de Rodrigo Paz y el motor productivo del oriente boliviano —ese acuerdo tácito basado en certidumbre jurídica, respeto a la propiedad y impulso al desarrollo— se ha estrellado violentamente contra la pared de la política a corto plazo. Utilizar la Ley 1720 como moneda de cambio para levantar bloqueos y calmar las calles marca el fin definitivo de esa etapa de entendimiento y confianza, y al mismo tiempo envía una señal peligrosa al mundo: en Bolivia, las leyes se negocian o se derogan según la presión de las calles.
La reacción inmediata de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), declarando el estado de emergencia productiva, no es un formalismo ni una exageración: es la señal inequívoca de que se ha roto el vínculo. Y aquí aparece la paradoja más dolorosa y reveladora de este Gobierno:
¿Cómo se explica que un gabinete que presume orgullosamente de contar en sus filas con ex-presidentes de la CAO, de ANAPO y referentes históricos del sector empresarial, consienta, acepte o sea incapaz de evitar que la seguridad jurídica se destruya de esta manera?
Esos ministros y autoridades, que en teoría debían ser el puente, los garantes, los defensores de la visión productiva, hoy son una contradicción: están en el Gobierno, pero no logran proteger lo que siempre defendieron. Su presencia ya no es una ventaja, sino una muestra de que su influencia ha quedado anulada por la lógica de la sumisión política.
Regionalización: la salida lógica ante el centralismo
Ante este atropello a la razón y al desarrollo, y frente a una realidad nacional profundamente diversa, se plantea con fuerza la necesidad de regionalizar las normas agrarias. Esta es una solución de sentido común, que responde a la verdad ineludible de Bolivia: no somos un país uniforme.
Las realidades geográficas, productivas, climáticas y sociales del oriente, los llanos y el sur —regiones que generan la mayor parte de la riqueza y los alimentos del país— son profundamente distintas a las del altiplano o los valles. Regionalizar la ley significa reconocer esa diversidad, aceptar que cada región tiene su vocación económica y que no se puede imponer una sola lógica agraria para todo el territorio. Significa blindar a las regiones productivas de imposiciones centralistas y visiones ajenas que desconocen su realidad, permitiendo que cada una cuente con marcos legales adaptados a sus necesidades. No es separar, es reconocer que lo que sirve en una región puede dañar en otra, y que el desarrollo no puede ser uniforme, sino ajustado a la realidad de cada territorio.
El altísimo costo: inseguridad jurídica para siempre
El impacto más grave y duradero de esta medida no es político, sino económico y estructural: la abrogación de la Ley 1720 marca el inicio formal de la inseguridad jurídica en el país, un factor letal para cualquier clima de inversión.
El estilo de gestión y el pragmatismo del presidente Rodrigo Paz están siendo puestos a prueba de fuego. Es cierto que se ha logrado reducir los focos de bloqueo —de más de 60 puntos se ha pasado a unos 17—, pero el costo político, económico y social de esta negociación es altísimo e insostenible a mediano y largo plazo.
Una administración no puede sostenerse en el tiempo apagando incendios con la gasolina de la incertidumbre jurídica. Si el Gobierno decide sistemáticamente sacrificar las reglas del juego, los derechos adquiridos y las garantías constitucionales solo para tener carreteras despejadas hoy, corre el riesgo de quedarse sin bloqueos, pero sin aliados, sin inversión privada nacional ni extranjera, sin confianza y sin futuro.
La señal que se envía hoy es clara para cualquier empresario, inversionista o productor: en Bolivia, el marco legal no es estable, cambia según la presión social, y los derechos pueden ser revocados si un grupo lo exige en la calle. Esto aleja capitales, frena proyectos, detiene la generación de empleo y condena al país al estancamiento.
La abrogación de la Ley 1720 no es una victoria de nadie: no es victoria indígena, ni campesina, ni social. Es un retroceso para todos, que consolida la coerción sindical sobre los productores, condena al pequeño agricultor a la pobreza y a la subsistencia, y aleja cualquier posibilidad de modernización del campo. Al ceder ante argumentos falsos y presiones manipuladas, el Gobierno se muestra como un actor débil, incapaz de defender políticas que promuevan autonomía y progreso.
La llamada “luna de miel” terminó. Ahora empieza la política real, dura y compleja. Pero queda una lección que nadie debería olvidar: el precio de la paz social no puede ser, bajo ninguna circunstancia, la hipoteca del futuro del agro boliviano ni la destrucción de la confianza en las instituciones.
Y la pregunta que hoy queda flotando, lapidaria y definitiva, es esta: ¿Defiende el presidente a los productores, a la inversión y al desarrollo de todo Bolivia, o simplemente se ha resignado a ser un administrador de chantajes y extorsiones políticas?
