La política, con frecuencia, opera bajo ritmos que no solo no coinciden, sino que se contraponen drásticamente a la angustia palpable en las calles. Para la administración del presidente Rodrigo Paz, el reloj parece haberse detenido en una cadencia de espera prolongada y análisis excesivo, mientras que para el resto del país, la crisis multifactorial avanza con la voracidad y la capacidad destructiva de un incendio forestal sin control. Hoy, la tradicional «luna de miel» —ese cheque en blanco que la sociedad entrega a un nuevo gobierno con la esperanza de un cambio transformador— no solo se ha agotado por completo: se ha convertido en una factura impagable que la ciudadanía, agobiada por las presiones económicas y sociales, ya no puede ni está dispuesta a asumir.
Un Vacío Normativo que Ahuyenta el Futuro y la Inversión
El mayor pecado de la actual administración no es meramente una falta de gestión o una ineficiencia puntual, sino una alarmante y persistente parálisis en la toma de decisiones estratégicas. Esta inacción se traduce en un peligroso vacío normativo que está asfixiando nuestras industrias extractivas y estratégicas, pilares fundamentales de la economía nacional. La urgencia del país demanda, de manera imperiosa, la promulgación de una nueva Ley de Minería y una nueva Ley de Hidrocarburos.
Continuar operando bajo marcos legales obsoletos y caducos es condenarnos irremediablemente al estancamiento económico y a la pérdida de competitividad regional. Sin embargo, la ley por sí sola no es suficiente. Es absolutamente imperativo que esta renovación normativa vaya acompañada de una apertura real y efectiva de la seguridad jurídica. Sin reglas del juego claras, estables y respetadas, la inversión –tanto nacional como extranjera– seguirá percibiendo a nuestro país como un territorio de alto riesgo e incertidumbre, y no como una oportunidad tangible de desarrollo y crecimiento. El
capital, por su naturaleza, no fluye donde existen dudas y ambigüedad; solo se dirige hacia donde hay certezas, estabilidad institucional y garantías de retorno.
El Lastre de un Estado Hipertrofiado y Deficitario
Si buscamos un símbolo elocuente del inmovilismo y la ineficiencia que lastran al Estado, lo encontramos de manera paradigmática en Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB). Lo que, por su potencial estratégico, debería ser el principal motor de nuestra economía y una palanca para el desarrollo, es hoy una institución insostenible, con una planilla que supera los 8.000 funcionarios. Esta burocracia dorada, a menudo asociada con la ineficiencia y el clientelismo, es un insulto flagrante a la austeridad y los sacrificios que se exigen cotidianamente al pueblo boliviano.
YPFB, al igual que las múltiples empresas estatales deficitarias que operan bajo el respirador artificial del subsidio público, necesita una reingeniería profunda y urgente. Mantener estas entidades con vida artificial, drenando recursos públicos sin generar un retorno económico o social significativo, es una irresponsabilidad fiscal que el país simplemente ya no puede resistir. La reestructuración de estas empresas no es una opción, sino una necesidad impostergable para garantizar la sostenibilidad de las finanzas estatales.
La «Bola de Nieve» de la Conflictividad Social y la Urgencia del Diálogo Político
La indecisión y la inacción gubernamental tienen consecuencias tangibles e inmediatas: las protestas y movilizaciones de los diferentes sectores sociales crecen en intensidad y frecuencia día tras día. Lo que hoy se manifiestan como focos de conflicto aislados y sectoriales, mañana pueden converger y transformarse en una «bola de nieve» social y política insostenible que arrastre consigo la ya frágil estabilidad del país, con impredecibles repercusiones.
El gobierno no puede seguir encapsulado en su propia burbuja o en la soberbia de creer que puede navegar esta tormenta en solitario. Es absolutamente vital que se aperture un diálogo genuino, inclusivo y sin condiciones previas con los partidos de oposición que cuentan con representación legislativa, así como con los principales actores sociales y económicos del país. Solo a través de consensos políticos amplios y una construcción colectiva de acuerdos se podrán viabilizar las normativas legales y las reformas estructurales que redefinan el rumbo del Estado. La soberbia de creerse autosuficiente en esta coyuntura crítica es el camino más corto hacia el naufragio institucional y la ingobernabilidad.
Gobernar es Elegir, y el Silencio es la Elección más Costosa
Gobernar es, en su esencia más pura, elegir. Y hasta ahora, la elección del silencio, la postergación y la indecisión está resultando ser la más costosa de todas para Bolivia. El tiempo de las excusas, de los diagnósticos superficiales y de la inacción estratégica ha terminado. Si el presidente Rodrigo Paz no es capaz de definir un rumbo económico claro e inmediato, de garantizar la tan anhelada seguridad jurídica que atraiga inversiones y genere empleo, y de abrir, de par en par, las puertas del diálogo político para reformar un Estado que se muestra exhausto y deficiente, la historia no lo recordará por lo que pudo haber hecho, sino por la catástrofe que permitió y profundizó, mientras el país entero exigía, con urgencia y desesperación, respuestas y acciones concretas. La inacción es una forma de elección, y sus consecuencias serán ineludibles.
