Duele por todos lados. Da rabia, impotencia, desazón. Tengo muchas ideas, pero se me entremezclan con el coraje. Difícil ordenar las cosas cuando se ve tanto deterioro, difícil entender lo que está pasando. Además, hay demasiadas interpretaciones, unas sensatas otras descabelladas que nublan el complejo panorama. Apunto aquí unas intuiciones a quemarropa, desde la distancia que, a menudo, no permite percibir la atmósfera local.
Siento que estamos pagando la factura del modelo masista de gestión de la política. Evo instaló el odio como motor, como razón, como bandera, como estímulo, como ideología. Toda lucha social trata de asfixiar al otro, no de convencerlo sino de someterlo, y, de preferencia, aniquilarlo.
Ese estilo de ejercicio político le fue eficaz en el 2019, aunque en el gobierno de Luis Arce se resquebrajó porque al pelearse entre siameses, el esquema polar perdía eficacia. Asistimos al reinado de la política como odio, como destrucción del opositor.
Por otro lado, el gobierno masista se encargó de destrozar los movimientos sociales que se gestaron en los 90, florecieron en el 2000 y que tanto dieron que hablar a propios y ajenos. Los cooptó, los fragmentó, los corrompió o los corporativizó. No quedó casi nada nada.
Con una narrativa revolucionaria altisonante, los que otrora fueron movimientos que disputaron el rumbo de la historia, devinieron en funcionarios de Estado y luego en mafias corporativas que protegen sus privilegios.
Hoy no son movimientos sociales los que están en las calles, son sectores movilizados, militantes protegiendo su privilegio o las migajas de un presupuesto público. Sus demandas –en su mayoría atendidas– no son ideológicas, son una estrategia para ganar una posición política o réditos directos. Y peor, una parte de ellos, son matones que descargan su furia contra cualquier ciudadano que no repita su libreto. Autoritarismo puro vestido de nobles intenciones. No hay que olvidarlo: el matón, más allá de la bandera que levante, sigue siendo un matón.
Así, los movilizados hoy, fragmentados, con múltiples cabezas, no representan ni numérica, ni económica, ni ideológicamente a la población boliviana. Se representan a sí mismos, luchan por y para ellos, para su minoría, con la pancarta de una colectividad que no los eligió y que –me atrevo a pensar– está lejos de sus demandas y de sus prácticas. Por supuesto nada más antidemocrático. Ninguna reivindicación –por justa que fuera– autoriza a atropellar los derechos básicos de los demás y a destrozar el bien público.
La composición social de Bolivia ha cambiado tanto en las últimas dos décadas que quienes quieren ver lo que hoy sucede como un proceso acumulativo de luchas desde el 2000 –o antes– se equivocan rotundamente.
Considero que si alguien representa el espíritu cultural de época del país en la actualidad, no son los encapuchados que golpean ciudadanos, sino personajes como, por ejemplo Albertina Sacaca, cuyo éxito en redes es notable. Es una mujer potosina joven, de origen popular, que se mueve con soltura tanto en una pasarela vestida de rojo sensual, como en su tierra cosechando papas; que hace publicidad para Coca-Cola, para redes satelitales o cremas para el cabello, y a la vez comparte su cocina diaria, mostrando su origen indígena.
Tengo la impresión de que ese es el modelo cultural y político dominante de la población boliviana: jóvenes orgullosos de una identidad arraigada, y con ganas de inserción en redes mundiales de distinto tipo; pero sé que probarlo requeriría un estudio de otra naturaleza.
Quizás lo que más coraje me da –visto desde México– es la manera cómo algunos medios internacionales tratan el tema. Es fácil reducir la complejidad para sacar beneficio del evento. Muchos quieren ver en Bolivia una sublevación indígena popular socialista en contra del capitalismo neoliberal encabezado por Rodrigo Paz, “el Milei boliviano”.
Bajo ese esquema de simplicidad infantil y potencia mediática arman su relato, sus noticias, ordenan sus imágenes. Los buenos son los bloqueadores, los que luchan por la dignidad y los derechos de las mayorías; los malos el gobierno, los policías que gasifican, las autoridades.
De manera tendenciosa, ocultan las imágenes donde los violentos marchistas patean un policía que cuidaba el teleférico hasta el punto de dejarlo tuerto, los golpes a un minibús que transportaba niños con síndrome de Down, los destrozos de los espacios públicos.
Ya lo hicieron, todavía recuerdo cómo una parte de la prensa extranjera armó una narrativa victimista en el 2019 que ocultaba las muertes cuyo responsable era Evo Morales, la quema de autobuses, los incendios de domicilios particulares.
Claro, es fácil aplaudir una supuesta revolución indígena –que no lo es– cuando se miran las cosas a miles de kilómetros con un refrigerador lleno al alcance de la mano. Entre tanto, mi madre tiene que comprar sus medicinas carísimas porque no llegan a La Paz, no consigue alimentos en los mercados, tiene miedo de salir a las calles porque puede ser agredida por los manifestantes, y los hospitales públicos están en al límite del colapso por falta de insumos.
Me dirán que no digo nada de los sectores empresariales del poder, del racismo, de la inoperancia de un gobierno lento, pasmado y con poca imaginación política. Es cierto, me ocuparé del otro lado de la medalla más adelante, que por supuesto es otro espanto: acabo de salirme de un grupo de WhatsApp por la naturalización del racismo y el llamado a la “mano dura” como solución de los problemas.
En fin. Duele Bolivia. Duele los que aplauden y promueven la violencia desde adentro o desde afuera. Duele que la democracia cueste décadas y sangre para construir, y que basten minutos para pulverizarla. Así andamos.
Hugo José Suárez es sociólogo, investigador de la UNAM.
