Hay fenómenos económicos que ocurren antes de que las instituciones se atrevan a nombrarlos y las personas a aceptarlos. Bolivia atraviesa uno de ellos. Este es el precio del dólar.
Desde afuera –y esto no es anécdota menor– es posible constatar que tarjetas de crédito y débito bolivianas ya operan en transacciones internacionales. Bienvenida sea la noticia. Pero la pregunta sustantiva no es si las tarjetas funcionan, sino a qué tipo de cambio se liquidan esas transacciones. Y ahí es donde la arquitectura del régimen cambiario boliviano revela sus costuras y pliegues.
Formalmente, Bolivia mantiene un régimen de tipo de cambio fijo: Bs 6,86 por dólar para la compra y 6,96 para la venta, paridad que el Banco Central de Bolivia (BCB) ha sostenido –o más bien declarado– desde el 2011. El tipo de cambio oficial es una ficción. En la teoría de los regímenes cambiarios, un tipo de cambio fijo ancla las expectativas, reduce la incertidumbre y, en condiciones de suficiente respaldo en reservas internacionales, puede ser un instrumento eficaz de estabilización nominal.
La condición operativa es, precisamente, el “suficiente respaldo”. Cuando las reservas internacionales se agotan, el ancla se convierte en una declaración de deseos. En nuestro caso las divisas están tocando fondo: en billetes constantes y sonantes hay muy poco: $us 54 millones. Con el oro se llega a $us 3.500 millones de verdes.
Lo que Bolivia experimenta hoy es un proceso que los economistas denominan sinceramiento cambiario vía mercado: la convergencia paulatina entre el tipo de cambio oficial –cada vez más nominal y decorativo– y el tipo de cambio en los mercados paralelos, que refleja la escasez efectiva de divisas.
Este proceso no requiere necesariamente de una devaluación formal anunciada desde el Banco Central de Bolivia; ocurre, de hecho, en los márgenes del sistema, los extramuros de la economía: en los aplicativos de pago digital, en las casas de cambio, en las transacciones de comercio exterior, en La Paz, tendríamos, en la Camacho Street, prima muy pobre de Wall Street. La calle dice que hay una devaluación de hecho.
El tipo de cambio referencial que el BCB publica diariamente –mecanismo introducido precisamente para reconocer, con discreción institucional, la brecha entre la paridad oficial y la realidad de los mercados paralelos– ha ido gravitando hacia los Bs 9 por dólar. En los hechos ha ocurrido una devaluación de más de 30 %.
Exportadores e importadores grandes transan a esa referencia. Los precios de los bienes importados incorporan ese valor en su cálculo de costos, lo que en la jerga técnica se denomina pass-through o traspaso cambiario. Quienes acuden al mercado paralelo, en plataformas digitales o en el entrañable y democrático mercado de calle, encuentran, también, cotizaciones en torno a ese nivel.
El tipo de cambio paralelo y el tipo de cambio referencial, que prácticamente son lo mismo, son hoy los verdaderos coordinadores de las decisiones económicas en Bolivia. El tipo de cambio oficial de Bs 6,96 es, en la práctica, una reliquia nominal. En suma:¿ha habido devaluación? Sí. Solo falta el acto de registro civil, es un sirwiñaco en el mercado cambiario.
Estamos, en los hechos, ante una transición desde un régimen de tipo de cambio fijo hacia un régimen administrado con mayor flexibilidad o –en el lenguaje del FMI– un crawling peg o flotación sucia.
Entre tanto, cabe aclarar que consolidar un tipo de cambio flexible no es alcanzar un número, sino un sistema que sea transparente y creíble, que señalice el curso que tendrá el precio del dólar y que los agentes económicos crean en el. Es decir, que cree una nueva ancla de expectativas institucional que además sea predecible.
El reconocimiento formal del nuevo régimen, por sí solo, no resuelve nada si no va acompañado de condiciones de viabilidad macroeconómica. Tres son las fundamentales:
Primera: reservas internacionales mínimas para la gestión del nuevo régimen. Un tipo de cambio flexible no requiere reservas ilimitadas, pero sí requiere una base operativa creíble.
La literatura y la experiencia internacional sugieren que, para una economía del tamaño y estructura de Bolivia, disponer de al menos $us 2.000 millones de dólares en reservas netas utilizables se constituye un piso razonable para que el BCB pueda intervenir en el mercado cambiario con alguna capacidad de señalización y amortiguación de volatilidades. En cristiano: se necesitan billeticos frescos de libre disponibilidad.
Segunda: atacar las causas estructurales de la escasez de divisas. El mercado cambiario boliviano no está bajo presión por razones coyunturales.
La escasez de dólares es, en última instancia, el síntoma de un déficit fiscal crónico financiado monetariamente y de una cuenta corriente presionada por la caída de exportaciones de hidrocarburos.
Ningún régimen cambiario –fijo, flexible o híbrido– puede sustituir el ajuste fiscal. La devaluación real sin corrección del déficit público tiende a reproducirse en espirales inflacionarias que erosionan cualquier ganancia de competitividad inicial.
Tercera: independencia operativa y credibilidad del Banco Central. Esta es, quizás, la condición más difícil de cumplir en el corto plazo y, sin embargo, la más determinante en el mediano plazo.
Un tipo de cambio flexible funciona como ancla de expectativas solo si el Banco Central que lo administra goza de autonomía institucional y reputación antiinflacionaria. Sin esa credibilidad, la flotación degenera en dominancia fiscal: el tipo de cambio se convierte en variable de ajuste del desequilibrio presupuestario, con consecuencias conocidas.
En definitiva, Bolivia no está frente a la disyuntiva de devaluar o no devaluar; está transitando, casi en silencio, a una devaluación parcial, fragmentada y no declarada.
El riesgo no es el ajuste en sí mismo, sino la forma en que se administra. Porque, como suele ocurrir en economía, lo que no se reconoce a tiempo termina imponiéndose por las malas. Y el mercado, siempre puntual, aunque poco diplomático, ya ha empezado a tomar la palabra.
