Christian Jiménez Kanahuaty
Hay frases, consignas y diagnósticos que se repiten tanto por periodistas, columnistas y analistas políticos: nos falta institucionalidad. La crisis política se revolvería si hubiera mejor institucionalidad al interior de las instituciones del Estado. Pero es extraño. El Estado es un bucle conceptual. El Estado en su acepción más simple y normativa está conformado por territorio, población y gobierno y el gobierno está cristalizado a través de las instituciones, reglas de juego de la democracia, valores, principios y modos de creación, corrección y seguimiento de políticas públicas.
Entonces, cuando se dice que hace falta institucionalidad en las instituciones del Estado, sin desearlo o suponerlo, se está manifestando que, en realidad, todo cuando atraviesa la vida social y política de los ciudadanos (la población) carece de institucionalidad. Y que el Estado (en tanto territorio) no es sino el reflejo de aquello que sucede por dentro. El Estado es el exterior visible de algo que sucede en el interior, es decir, las prácticas políticas. Con lo cual decir que hace falta institucionalidad no hace referencia a la institución como un vacío o una estructura legal y arquitectónica.
Al contrario, lo que se manifiesta, aunque no se dice es que la institucionalidad está en realidad en aquellos (los ciudadanos) que dotan de calidad y cualidad a las instituciones donde realizan sus operaciones burocráticas. Así que el mundo de la política es un mundo poblado de significados que tienen sentidos ocultos dentro de la retórica política de los medios de comunicación. Los medios y los analistas designan a las instituciones como carentes de institucionalidad cuando en realidad es la sociedad civil la que no tiene características institucionales, desde aquellas personas que utilizan el transporte público como si fuera privado, haciéndolo detener en cualquier parte según su beneficio particular. Las coimas. La subcontratación invisible en ámbitos labores. Usar las luces rojas y verdes de los semáforos a discreción y bajo el criterio de la oportunidad. Son ejemplos cotidianos de vía pública donde la institucionalidad es un sólido que se desvanece en el aire.
Siendo así, hay un aspecto de la institucionalidad que no va necesariamente ligado a la cultura política que según sus concepciones más concretas hace referencia a los valores y afinidades de los ciudadanos que se miden en porcentajes, donde cero es el menor y cien el mayor y que puntúan, por ejemplo, el modo en que los bolivianos deciden resolver sus conflictos o el grado de credibilidad que tienen la iglesia, la universidad, los medios de comunicación y los partidos. O cuánto creen los ciudadanos en los partidos y sus programas electorales en tiempos electorales. El porcentaje que resulta a cada una de estas cuestiones da como resultado la fisonomía del carácter político y cultural del ciudadano.
Pero esto es sólo la punta del iceberg y no el final del debate. Porque en el fondo se encuentra un tema pendiente y que ha sido trabajado desde visiones ideológicas y quizá por ello no han sido tomadas realmente en cuenta. Lo que sucede es que este país ha sido construido sobre los rescoldos de otras sociedades y organizaciones sociales. Y estas han resistido en el tiempo adaptándose a nuevos contextos. Se ha fusionado la antigua institucionalidad pre republicana con la republicana generando erosión en los sistemas de legitimidad.
La antropología y la historia quisieron demostrar que en determinados territorios el alcalde era elegido por usos y costumbres porque así era cómo se elegía a los lideres en ese territorio y por ende, el alcalde sería identificado con la autoridad comunal previa a la república. La legitimidad alcanzada se creyó que resolvería cualquier tipo de conflictos. Sin embargo, los conflictos aparecen porque las autoridades de la republica tienen otros fines que las autoridades de las comunidades.
Hay un choque y contradicción entonces entre principios y fines. Los fines de las comunidades son unos y los de la republica son otros. El Estado se apropia de esta contradicción y sobre esa base estructura un esquema de dominación. La modernidad genera leyes, decretos y normas a nombre de los derechos universales de los ciudadanos y a también procurando el desarrollo y progreso de las sociedades que lo componen. Pero cuando estas dimensiones se enfrentan con el mundo anterior, la resolución del conflicto no es sino el conflicto y la crisis política.
Las instituciones, por tanto, se vislumbran esquivas y contrarias a los deseos ciudadanos y es entonces cuando se erosiona su legitimidad y se cuestiona su legalidad. La crisis institucional que tanto se nombra no corresponde tanto a la reglamentación jurídica de su funcionamiento, como al orden social sobre el cual ha sido levantada esa institucional. Sus cimientos y no su planificación son el problema a resolver.
El carácter de las instituciones está dado por el tipo de personas que ingresan en ellas. Son los funcionarios los que cualifican cada institución estatal y son las personas las que responden a herencias coloniales, republicanas, democráticas, socialistas, comunistas y andinas. Y cargadas de esas herencias construyen lo estatal. Por tanto, es normal y hasta lógico que existan enfrentamientos porque cada quien parte de un lugar distinto y tiene también metas distintas. La meta del Estado no es asumida por la totalidad de los funcionarios público y tampoco por la sociedad, de ahí que, en las elecciones subnacionales, se dé casi en la totalidad de los casos el voto cruzado. Y que el voto termine siendo siempre una razón conservadora desde la cual se acumula el poder que resiste la transformaciones nacionales.
Aunque más allá de dicha coyuntura, lo que queda claro es la posibilidad de pensar la administración estatal como un ejercicio de determinación histórica. Por un lado, los partidos no son modernos y también están anclados a ejercicios del poder pre modernos, donde no hay democracia interna, ni recambio ni construcción de cuadros. Esto incide directamente en la incapacidad que tienen los partidos políticos para pensarse a sí mismos en el futuro y proyectar el futuro estatal. Y por el otro lado, las formas en que los políticos se relacionan con la sociedad siempre ocurre bajo un esquema transaccional. Votos por obras, dinero por votos, votos por beneficios y seguridad. Además de esto, los políticos saben que una vez que ingresen en el aparato público serán engullidos por él. Quedan entrampados en la propia retórica gubernamental, dado que el lenguaje del Estado es sólo entendido por los que están en su interior, y aunque los medios de comunicación intentan descifrarlo han entendido, que es mejor quedarse en la superficie y transmitir el mensaje que el Estado desea que se transmita.
Así la población queda aleccionada en un léxico fabricado para ensombrecer y generar opacidad. Con lo cual el debate inicial nunca será ni puesto en debate ni resuelto. El tema es cómo la mejora institucional no resuelve las carencias de las instituciones. La canción no es institucionalizar más, sino forzar al Estado a que responda al tipo de sociedad que tiene y ampliar sus mecanismos de participación y reorganizar su organigrama para desmontar la lógica del Estado tradicional y pensar otro modo de construcción de Estado.
Aquello era el principio rector de la Asamblea Constituyente, pero incluso ella estuvo entrampada por la misma lógica institucional de la democracia y el gobierno.
Cuando se vea por fin que la institucionalidad no resolverá la crisis operativa de las instituciones, se podrá por fin resolver el problema, porque hasta ahora se ha intentado resolver con la misma receta todos los problemas desde 1825, como si el tiempo o la historia o las mentalidades de los sujetos no hubieran cambiado.
