Con el fin de disminuir el déficit fiscal, el dictador Mariano Melgarejo (1820-1871) emprendió la primera gran usurpación de las tierras comunitarias de los indios a favor de particulares mediante la Ley de exvinculación de 1866.
Los argumentos para apropiarse de las tierras comunales señalaban que los indios eran ignorantes y carentes de conocimientos; en cambio los blancos eran progresistas, mecanizarían el campo y lo harían más productivo. Uno de los beneficiarios de la usurpación de tierras comunales, Juan Vicente Dorado, en 1864, argumentaba así las ventajas de la exvinculación:
“Arrancar estos terrenos de mano del indígena ignorante o atrasado, sin medios, capacidad o voluntad para cultivarlos y pasarlos a la emprendedora, activa e inteligente raza blanca, ávida de propiedades, es efectivamente la conversión más saludable en el orden social y económico de Bolivia… exvincular la tierra de las manos muertas del indígena es volverla a su condición útil, productora y benéfica para la humanidad entera” (CENSED: 1985).
Esta arremetida generó levantamientos indígenas (Huaicho, hoy Puerto Acosta, en 1869-1870; Ancoraimes, en 1870, ambos conducidos por el líder indio Luciano Villca) que tuvieron respuesta con masacres estatales macabras que, una vez derrocado y huido el tirano, obligaron a que se anule esa ley maldita.
Desde el año 1990, como producto de la gran Marcha por la Dignidad y el Territorio de los pueblos los indígenas del Beni, el Estado boliviano, en el denominado periodo neoliberal, reconoció a las Tierras Comunitarias de Origen (TCO) como el espacio territorial para la vida y el desarrollo de los ciudadanos de tierras bajas.
Con la creación del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) en 1996 el proceso de titulación de las TCO avanzó. Con la aprobación de la nueva CPE (2009) los dirigentes indígenas de tierras bajas, producto de la euforia unitaria con los campesinos y originarios de tierras altas, ceden y caen en la trampa de acuñar el concepto de Territorio Indígena Originario Campesino (TIOC), despareciendo para la clasificación de tipos de propiedad la figura de TCO.
Según el CEDLA, hasta 2011, cuando se paralizó el proceso de saneamiento hasta hoy, de los 190 TIOC titulados, 29% están afiliados a la CIDOB, 66% al Conamaq y el restante 5% al CONSAQ y a la CSUTCB. Se han titulado 20,7 millones de hectáreas como TIOC que representan el 19,4% de la superficie total nacional objeto de saneamiento (106.751.722 hectáreas).
Ahora bien, ¿qué pasa con los qhara qhara y demás pueblos? El INRA, desde el año 2011, como castigo a la rebelión de los indígenas en defensa del TIPNIS y como forma de revancha y favoritismo a los sindicatos afiliados a la CSUTCB e interculturales, ha paralizado la titulación de TIOC y sólo impulsa y prioriza la titulación individual. Todos los territorios indígenas sufren el asedio, invasión y usurpación de sus derechos territoriales. Ya sea en Guarayos, en San Miguel de Velasco, en Iturralde, en Charagua, en Tariquia, en el TIPNIS o ya en Qhara qhara, Pacajis y otros, el Gobierno promueve a los campesinos e interculturales para que asedien, se asienten y cercenen ilegalmente a las ex TCO.
Los argumentos de los progubernamentales sindicatos masistas son similares a los del melgarejismo: “Qué hacen tan pocos indígenas con tanta tierra que no la trabajan? ¡Son flojos! ¡Esas tierras en nuestras manos rendirían el triple!”. Por otro lado, arguyen que la actual CPE ya no diferencia entre indígenas, campesinos y originarios, pues al ser todos IOC, unívocos e inseparables, todos tienen los mismos derechos y que, por lo tanto, las ex TCO deben ser redistribuidas entre todos los IOC y entregadas a manos trabajadoras como son los campesinos e interculturales.
En una reunión reservada que tuvieron los representantes de la nación qhara qhara y el presidente Evo les dijo que ellos eran poquitos y que no podía favorecer a una minoría.
Con dolor, Marcial Fabricano, quien encabezó la Marcha por el Territorio y la Dignidad, señala que es una paradoja que los indígenas que aportaron para construir el actual Estado Plurinacional sufran el desprecio de un gobierno antiindígena: “Todas nuestras reivindicaciones que fueron logradas desde los años 90 están siendo sistemáticamente desconocidas por este gobierno. No hemos avanzado nada, aún peor teniendo supuestamente un gobierno de corte indígena”.
Qhara qhara: Evo y Melgarejo son iguales.
Ivan Arias Durán es ciudadano de la República de Bolivia.
