Estantes vacíos en supermercados y puestos con poca mercadería o precios exorbitantes en los mercados reflejan la crisis que actualmente vive Bolivia en 2026. Carne, pollo y huevos desaparecen rápidamente de los centros de abastecimiento, mientras productos básicos como aceite, arroz, azúcar y verduras registran incrementos constantes que golpean el bolsillo de miles de familias.
En varias ciudades, comerciantes denuncian dificultades para recibir mercadería debido a los bloqueos de carreteras y amenazas de cercos impulsados por sectores afines al MAS. El malestar social crece al mismo ritmo que la percepción de un gobierno paralizado, incapaz de garantizar el libre tránsito y el abastecimiento nacional frente a grupos que aún responden al liderazgo político y sindical del ex dirigente cocalero y expresidente Evo Morales.
Las escenas actuales traen inevitablemente a la memoria la crisis de 2019, uno de los periodos más violentos y polarizados de la historia reciente boliviana. Tras las elecciones generales del 20 de octubre de ese año, marcadas por denuncias de fraude electoral, la auditoría de la Organización de Estados Americanos (OEA) concluyó que existió “manipulación dolosa” e “irregularidades graves” en el proceso electoral. El informe de la Defensoría del Pueblo registró al menos 37 fallecidos y más de 800 heridos durante semanas de enfrentamientos, protestas y operativos de desbloqueo.
Los bloqueos y cercos promovidos por sectores leales al MAS paralizaron gran parte del país. Más de 150 puntos de bloqueo afectaron carreteras estratégicas en La Paz, Cochabamba, Santa Cruz y otras regiones, interrumpiendo el suministro de alimentos, combustibles y medicinas. Hospitales comenzaron a reportar dificultades para abastecerse de oxígeno e insumos médicos, mientras largas filas se formaban en estaciones de servicio y mercados.
Uno de los episodios más recordados fue el cerco de Senkata, en El Alto, donde el 19 de noviembre de 2019 murieron al menos 10 personas durante un operativo militar y policial para desbloquear la planta de combustibles, según informes de Human Rights Watch y la CIDH. Días antes, Cochabamba había vivido los violentos enfrentamientos en Sacaba, con decenas de heridos y fallecidos en medio de choques entre manifestantes y fuerzas del orden.
La violencia también alcanzó bienes públicos, viviendas y medios de transporte. En La Paz fueron incendiados 66 buses PumaKatari, el sistema de transporte municipal impulsado por la Alcaldía paceña. Las pérdidas económicas fueron millonarias y miles de ciudadanos quedaron sin servicio. Videos y reportes de la época mostraron a grupos violentos destruyendo y quemando los buses en distintos puntos de la ciudad mientras las autoridades municipales denunciaban ataques coordinados.
Asimismo, viviendas de figuras públicas y opositoras al MAS fueron incendiadas o atacadas. La casa del entonces rector de la UMSA y defensor de derechos humanos Waldo Albarracín fue quemada por grupos violentos, al igual que la vivienda de la periodista Casimira Lema. También se registraron ataques y saqueos contra propiedades de políticos, cívicos y periodistas en distintas regiones del país.
Los ataques contra la prensa fueron constantes. Reporteros Sin Fronteras documentó decenas de agresiones físicas, amenazas y destrucción de equipos de medios nacionales e internacionales. Periodistas fueron perseguidos, obligados a borrar material grabado y expulsados de zonas de conflicto. Camarógrafos y fotógrafos de diferentes medios de comunicación denunciaron agresiones mientras intentaban cubrir los bloqueos y enfrentamientos.
El impacto humanitario también fue severo porque las ambulancias quedaron retenidas durante horas en puntos de bloqueo, los pacientes no pudieron ser trasladados y personas enfermas quedaron atrapadas sin atención oportuna. Organismos de derechos humanos advirtieron que estas acciones vulneraban principios básicos del derecho humanitario y ponían en riesgo vidas civiles.
Hoy, en 2026, Bolivia atraviesa un clima de incertidumbre, tensión política y deterioro económico tras casi 20 años de gobiernos del MAS, que dejaron el poder en noviembre de 2025 en medio de una profunda crisis institucional y económica. El país enfrenta actualmente escasez de dólares, inflación en productos básicos, caída de reservas internacionales y problemas de abastecimiento que ya se reflejan en mercados y supermercados con estantes vacíos de carne, pollo, huevos y otros alimentos esenciales.
Durante las dos décadas de administración masista, Bolivia pasó de registrar altos ingresos por el boom del gas y las materias primas a una situación marcada por déficit fiscal crónico, fuerte endeudamiento y caída de la producción energética. Las Reservas Internacionales Netas, que en 2014 superaban los 15.000 millones de dólares, descendieron hasta niveles críticos en los últimos años, mientras la subvención a los combustibles y el creciente gasto estatal presionaron cada vez más las finanzas públicas. A esto se sumaron la escasez de divisas, el aumento del mercado paralelo del dólar y el debilitamiento del aparato productivo nacional.
En este contexto, los bloqueos y movilizaciones de sectores afines al MAS reaparecen como mecanismo de presión política, agravando aún más la crisis económica y social. El cierre de carreteras afecta el abastecimiento de alimentos, combustibles y medicamentos, generando pérdidas para productores, comerciantes y transportistas, además de alimentar la inflación y la incertidumbre ciudadana.
Diversos sectores consideran que estas protestas buscan desestabilizar al actual gobierno y demostrar que Morales todavía mantiene una importante estructura de poder sindical y político. Al mismo tiempo, crecen las críticas hacia el Ejecutivo por su aparente falta de reacción ante los bloqueos. Analistas, opositores y ciudadanos cuestionan que no se apliquen medidas firmes para garantizar la libre circulación y el orden público, interpretando esta actitud como temor frente al poder residual del masismo.
Siete años después de la crisis de 2019, Bolivia vuelve a enfrentar escenas de polarización, bloqueos y conflictividad social. Con una economía debilitada tras dos décadas de gestión del MAS y una población golpeada por el aumento del costo de vida, la escasez y la incertidumbre, aumenta la preocupación sobre la estabilidad política y económica del país.
