Franco Gamboa Rocabado
La detención de Nicolás Maduro, expresidente de Venezuela, no es un suceso aislado, ni tampoco un mero episodio de confrontación política en América Latina. Es, más bien, el síntoma de una crisis estructural en el orden internacional, una crisis cuyo sentido profundo solamente puede entenderse, si la inscribimos en la continuidad histórica de la “guerra contra el terrorismo” que Estados Unidos proclamó en 2001, y en las transformaciones profundas que esa guerra ha impreso en las instituciones, normas y prácticas del sistema internacional.
Las versiones oficiales presentaron la detención de Maduro y la invasión a Venezuela, como un acto excepcional destinado a responder a delitos graves: narcotráfico, corrupción, terrorismo y violaciones a los derechos humanos. Detrás de este marco legal se invoca el derecho penal internacional, el principio de justicia y, más sutilmente, una narrativa de restauración democrática. Sin embargo, tal lectura no explica suficientemente la violencia jurídica y extrajurisdiccional que permitió la captura.
Para comprenderlo, es imprescindible mirar más allá de lo inmediato y situar el hecho en el marco integral de la política exterior estadounidense en las últimas dos décadas. Desde los atentados del 11 de septiembre de 2001, Estados Unidos inauguró una política internacional que reconfiguró no solo su estrategia militar, sino también el propio entendimiento del derecho internacional y del orden global. Lo que se vendió al mundo como una respuesta puntual al terrorismo —con las guerras en Afganistán e Irak— se transformó, progresivamente, en una guerra permanente, multiforme y deslocalizada, caracterizada por: a) expansión de la jurisdicción penal estadounidense más allá de sus fronteras; b) normalización de una serie de detenciones extrajudiciales y operaciones encubiertas; c) erosión del principio de soberanía estatal frente a imperativos de seguridad; y d) subordinación del derecho internacional a las prácticas de poder.
La “excepción” pronto se convirtió en la regla. Desde la invasión de Irak en el año 2003, hasta las operaciones de drones en Pakistán, Yemen o Somalia, pasando por varias detenciones en terceros países. Lo sorprendente, no es que Estados Unidos actúe fuera de sus fronteras, sino que tales actos se volvieron “normales” y, en muchos casos, tolerados por las instituciones que, supuestamente, salvaguardan el orden internacional.
Mi maestro y experto en relaciones internacionales estadounidense, Robert Keohane, uno de los principales teóricos del orden internacional liberal, destacó que este orden se sostiene sobre reglas compartidas, instituciones multilaterales y expectativas predecibles de conducta entre los Estados. En su análisis, la legitimidad del orden global no reside, únicamente, en el poder material de los grandes Estados, sino en la previsibilidad y estabilidad de las normas que regulan sus interacciones. Keohane planteaba que un orden internacional liberal es más resistente cuando las instituciones tienen autoridad autónoma frente a intereses unilaterales; en la medida en que las controversias se resuelven por medios pacíficos y legales, o cuando la hegemonía opera bajo la lógica de bienes públicos y normas compartidas, no bajo la coacción discrecional.
Lo que estamos presenciando con la invasión a Venezuela y la captura del dictador Nicolás Maduro, es, precisamente, el desmoronamiento de esa previsibilidad. La detención de un jefe de Estado en ejercicio —o incluso tras su mandato lleno de fraudes electorales— sin el concurso claro de mecanismos multilaterales, con participación clandestina de agencias de seguridad como la CIA, y bajo la justificación última de la “seguridad global”, no cumple con los criterios básicos de un “orden liberal basado en normas estables”.
Si bien muchos analistas interpretan esta detención como una ruptura radical, la evidencia histórica sugiere que es, más bien, una etapa avanzada de un proceso que, en los hechos, se inició hace más de veinte años. La violencia coercitiva y la preeminencia de intereses unilaterales tienen su origen en las políticas post-9/11, que fueron el caldo de cultivo para la erosión paulatina del derecho internacional porque la doctrina de preeminencia estadounidense queda justificada, mediante intervenciones preventivas y acciones unilaterales bajo la bandera de la seguridad global. Por otro lado, se observa claramente la instrumentalización del derecho penal transnacional, con el objetivo de perseguir figuras políticas adversarias, asignándoles delitos que trascienden fronteras. Por lo tanto, surge también la desautorización de los organismos multilaterales, cuando estos impiden o cuestionan las acciones de Washington.
La detención de Maduro, entonces, no es un nuevo acto de agresión, sino la manifestación clara de un patrón de conducta global (política y militar), que desconoce los límites tradicionales del uso de la fuerza y de la soberanía estatal. Aquí es donde la lectura de Robert Keohane resulta más iluminadora, pues el orden internacional no se ha roto de forma abrupta, sino que ha perdido su coherencia normativa. La comunidad internacional enfrenta hoy, primero, un conjunto de instituciones debilitadas, incapaces de hacer cumplir sus propias normas; segundo, una hegemonía estadounidense sin legitimidad normativa, apoyada en la imposición, más que en el liderazgo, y tercero, una seguridad, interpretada como prerrogativa unilateral, no como producto de intereses compartidos.
El resultado no es simplemente la fragmentación del orden; es la reconfiguración de ese orden a través de la violencia estatal y extraestatal, legitimada por narrativas sobre la seguridad nacional de los Estados Unidos. En consecuencia, la detención de Nicolás Maduro no debe leerse como un punto de inflexión aislado o una anomalía histórica, sino como parte de la “continuidad de una guerra global” que ha redefinido el derecho internacional, la soberanía estatal y la legitimidad del uso de la fuerza. Esta continuidad, encuentra hoy su expresión más evidente, no en los campos de batalla abiertos, sino en los pliegues jurídicos que permiten la detención de líderes políticos fuera de cualquier marco multilateral y jurídico acordado.
Lejos de marcar el “principio del fin” del orden internacional, la captura de Maduro que se venía venir hace, por lo menos, un año, confirma que el orden internacional liberal concebido por Keohane y otros, ha sido progresivamente sustituido por un orden basado en el “poder coercitivo” y la arbitrariedad normativa internacional. Lo que algunos interpretan como ruptura, en realidad es la culminación de un proceso iniciado hace más de dos décadas, en el que la hegemonía estadounidense busca recomponerse, no sobre la base de reglas compartidas, sino sobre la imposición violenta de sus intereses bajo el ropaje de la seguridad global.
