Evo Morales acaba de prometer, como bandera para para la siguiente elección, un proyecto de ley para perseguir la corrupción hasta con 30 años de cárcel porque, diciéndolo en sus propias palabras “sería exagerado pena de muerte como China (…), no comparto, sería atentar la vida. Aquí, hay que aprovechar la justicia (…)”.
Si algo conoce Morales a fondo, igual que su discípulo Luis Arce, es cómo aprovechar la justicia, con todos los trucos y mañas para conseguir sus propios fines; por eso es tan rasposa la pelea entre ambos por la mejor forma de usar a su favor las elecciones judiciales anunciadas, o como impedirlas.
No es posible saber con exactitud si la preocupación del expresidente con la vida es un principio general o una inquietud de qué podría pasar con la suya propia en particular si se aprobara su proyecto, incluyendo la (hoy imposible) pena de muerte contra la corrupción.
Por ahora, el primer recurso empleado por Morales, igual que Arce, es la amnesia, desinformación y el uso intensivo de la incompetencia aritmética, que es parte de la herencia legada por el exvice García Linera. Son memorables y a veces hilarantes sus reiteradas equivocaciones al multiplicar o su intento de enredar proyecciones estadísticas con la teoría general de la relatividad en su rol de responsable teórico de impulsar el referendo perdido por el MAS en 2016 y, luego, los recursos de golpe y fraude para revertir esa derrota.
La justicia puede aprovecharse, pero jamás funcionará correctamente con las fallas de cálculo numérico y político empleados por la fracción luchista del MAS, subrayadas en los titulares de las noticias sobre el arresto y prisión domiciliaria del hombre clave de la estrategia industrialista del litio de Morales y la cacería policial de otras nueve personas. Esa fulminante batida tiene una primera víctima letal con la muerte del exgerente de Yacimientos del Litio Boliviano (YLB), el pasado 24 de abril.
El arresto de algunos, la prisión domiciliaria y la muerte, arrancaron con la acusación fiscal de que incurrieron, entre otros delitos, en un daño económico al Estado de 425 millones de bolivianos debido a fallas en las piscinas de concentración evaporítica de la planta procesadora de carbonato de litio en Uyuni.
La cifra de 425 millones de bolivianos se apoyaría en cuatro años de investigaciones y miles de páginas, dijo la Fiscalía, pero es parcial y tendenciosa porque, en realidad, lo gastado hasta ahora supera los mil millones de dólares, como lo ha apuntado el ministro de Energías e Hidrocarburos hace una semana.
Por su lado, Morales también necesita sumar mal años y montos para diluir la responsabilidad de los tres gobiernos que encabezó; trató de generar una tecnología propia, pero con tan ineficiente ejecución que para 2019 los resultados eran prácticamente nulos.
¿Cómo se explica que solo un miembro del Gobierno, el ministro mencionado, sea quien mencione cifras más próximas a la realidad y los demás, incluyendo el presidente, callen? El primer motivo es que la denuncia de YLB, el Ejecutivo, la Fiscalía y el procurador tiene una dirección electoral y tratará de mantener la oscuridad, detrás de mucho ruido. El ir a profundidad es tan riesgoso para Arce como para Morales. Los dos participaron activamente en los momentos clave del proyecto del litio; el uno como impulsor y el otro como cajero. Ambos tienen mayor responsabilidad que los técnicos perseguidos, acosados y detenidos: Los mil millones de dólares equivalen, mínimo, a 6.871 millones de bolivianos y, con el precio del dólar “comercial”, (de la calle, el que verdaderamente marca el precio) a más de 8.000 millones, es decir a cerca de 18,8 veces por encima de las cifras que manejan fiscales y otros funcionarios.
La cifra de la Fiscalía, apenas una fracción de los cientos de contratos, adjudicaciones, compras y todos los demás recursos manejados por el régimen desde 2006, nos aproximan al vértigo del real malgasto, malversación, fraude y rapiña de las sucesivas gestiones del MAS.
Por eso la pelea sobre esta y otras cuestiones es tan falsa y engañosa. No se necesitaban “cuatro años de investigaciones”; las cifras ya se habían publicado, desde las observaciones de la empresa alemana ACISA, con la que Morales firmó contrato en 2019, obsequiando los concentrados de la planta. Todo fue publicado en medios y muchas veces en las redes, hace cuatro años y aun antes.
Bastan estos datos preliminares para entender por qué los jefes de las dos fracciones oficiales necesitan jueces sumisos y corruptos como los que han engordado desde el primer día del régimen hasta que alcanzaron la madurez necesaria para “autoprorrogarse” sin que nadie quiera o pueda moverlos.
