La demanda de inaplicabilidad de la Constitución Política del Estado (CPE), presentada por legisladores del MAS, es absurda y sólo se puede explicar a partir del sicariato legal. Absurda porque no se puede pedir al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que declare inconstitucional a la Constitución que ellos tienen como función defenderla. Es como pedir declarar anticristo a Cristo.
La tarea del TCP es preservar y cuidar la CPE y en ningún caso cambiarla o declararla inconstitucional. Las constituciones tienen el deber de dar derechos y también obligaciones de dar libertades, pero también de limitarlas. Caso contrario, es la barbarie, donde se impone la ley de la selva, la ley del más fuerte. El pedido está fuera lugar, porque argumentan que el artículo 168 de la CPE y artículos de la Ley Electoral atentan contra los derechos humanos del Presidente.
¿En qué parte del mundo es un derecho humano el eternizarse en el poder? Si el actual presidente ya no quiere volver a su chaco, ¿por qué no se postula como diputado uninominal o senador? Así se evita volver a los rigores de la vida humilde.
Para tratar de comprender el accionar de los legisladores qué los impulsó a presentar ese bodrio de «acción abstracta de inconstitucionalidad” contra varios artículos de la Ley 026 e inaplicabilidad de artículos de la CPE, no nos queda más que recurrir a figuras de la mafia. Y de esta perversa práctica criminal sacamos la figura de los sicarios. Las mafias, dentro su complejo sistema criminal, cuentan con los llamados sicarios.
Un sicario es una persona que se dedica a cometer asesinatos a cambio de dinero. Por eso suele decirse que un sicario es un asesino a sueldo o un asesino por encargo. En el caso que nos amerita, los legisladores buscan asesinar a la CPE por encargo. ¿A cambio de qué? Cuando actúa un sicario, como ejecutor, hay además un ideólogo del crimen que quiere permanecer oculto y ajeno a la materialidad del hecho. Los actuales legisladores sicarios hacen esta acción por encargo de alguien, porque si estarían en sus cabales jamás lo harían.
En todo caso, ¿qué está detrás de este sicariato ilegal? El Gobierno no da puntada sin hilo, todo tiene un objetivo: perpetuarse en el poder a como dé lugar y para ello pone a prueba varias alternativas. En ese sentido, la acción sicaria ante el TCP busca: 1. dividir a la oposición, y muy rápidamente lo lograron con el sexteto que se volvió quinteto, pues, uno de sus miembros, alegando un análisis más profundo, no firmó el comunicado que condenaba el sicariato legal interpuesto por el partido de gobierno. 2. Sentar las bases para que la resistencia a las elecciones del 3D no cuente con el apoyo de líderes políticos y que los actos de protesta (como el que se está organizando para el 10 de octubre) y el control electoral después del voto no se concretice evitando la comprobación fáctica de la rotunda victoria del nulo.
3. De cara al posible fallo del TCP se abren las siguientes posibilidades a) que el TCP no admita la demanda, lo cual sería actuar en estricto apego a la CPE y el orden jurídico, devolviendo a los ciudadanos la seguridad de que su voto del 21F valió la pena y se respeta. Pero esto, es pedir peras al olmo. b) que el TCP se atreva a declarar procedente el pedido de los sicarios legales, lo cual abriría de par en par las puertas para que en Bolivia se instaure, sin mascarada, el totalitarismo. Eso no excluye que se vayan a elecciones amañadas el 2019, que para ello se profundice el control y manipulación del Órgano Electoral y que se atomice la participación de la oposición a través de habilitar «n” candidatos «contrarios” al régimen. En esta línea se rumorea que viabilizaría las candidaturas de Jaime Paz, Manfred Reyes Villa y otros. c) que el TCP se pronuncie y diga que no es posible anular artículos de la CPE y que para ello se precisa convocar a una Asamblea Constituyente.
De esta manera, ya sea vía modelo nicaragüense (ése, el de los sicarios legales) o venezolano (el de la asamblea constituyente), los estrategas cubanos, junto al embajador Quintana, están viendo el mejor escenario para que el régimen no se cambie. La jugada venezolana de convocar a una asamblea constituyente es la que más está cuajando en el gobierno, pues saben que en cualquier justa electoral, incluido un fraude de proporciones, les generaría un contexto desfavorable de legitimación. El desgaste del Gobierno va en picada por sus propios desatinos y metidas de pata que no cesan. La corrupción generalizada los está fagocitando sin que puedan salir del círculo vicioso.
