El informe presentado recientemente por Michelle Bachelet, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh), confirma la comisión de crímenes contra el derecho internacional cometidos por el régimen de Nicolás Maduro. Delitos de lesa humanidad y otras múltiples violaciones a los derechos del pueblo venezolano vulneraron el catálogo completo de derechos reconocidos internacionalmente en favor del individuo.
Estos días la prensa internacional ha difundido ampliamente el informe del Acnudh, refiriendo el número (aproximado) de víctimas y las formas horrendas de perpetración de esos crímenes. Por eso reproducir la información que viene directamente del organismo especializado de Naciones Unidas es redundar sobre algo que con espasmo ha constatado la comunidad internacional.
Hace ya algunos años que el régimen chavista emprendió el avieso propósito de perpetuarse en el poder, para lo cual no dudó en ir eliminando paso a paso todos los obstáculos que le impedirían concretar ese proyecto. La dictadura empezó con medidas restrictivas a la libertad de expresión, luego vino la intimidación y la persecución política.
Más adelante abiertamente se vulneró el orden constitucional y el estado de derecho y se limitaron los derechos políticos de la oposición. La violación de los derechos civiles, políticos, sociales y económicos se produjo de manera selectiva contra quienes no eran afines al régimen, privándolos de fuentes laborales, de acceso a los alimentos básicos y a los servicios de salud y medicamentos.
La comunidad internacional jamás imaginó que poco a poco y de manera sistemática se estaba aniquilando a un pueblo y destruyendo un país.
El informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, autoridad máxima a nivel internacional para la protección y defensa de los derechos humanos, atribuye al gobierno de Nicolás Maduro la comisión de múltiples delitos de extrema gravedad. Sabemos que en Venezuela no hay guerra civil, ni conflicto armado internacional, ni enfrentamientos bélicos entre bandos que disputen el poder político, geopolítico o económico. Lo que hay en Venezuela es una cruenta dictadura que asesina y degrada al pueblo venezolano, ya abatido por los miles de asesinatos, la persecución, el hambre, las enfermedades y la desolación.
Los delitos de lesa humanidad contra el pueblo venezolano son irrefutables. De hecho, el régimen de Maduro ya ha sido acusado ante la Corte Penal Internacional (CPI). Naciones Unidas, la OEA, la Unión Europea, Estados Unidos, Colombia y parlamentarios de diferentes países, aportando pruebas, han pedido a la CPI que investigue la comisión de delitos y juzgue a los culpables. Atendiendo esas denuncias, hace más de un año, la fiscal de la Corte Penal Internacional anunció la apertura del examen preliminar de las denuncias contra el gobierno de Maduro. A ello debía seguir la investigación, la detención y el juzgamiento de Maduro y sus secuaces. Sin embargo, los mecanismos y procedimientos de la CPI se han dilatado, prolongando así el sufrimiento del pueblo venezolano y favoreciendo la destrucción de ese país.
El informe de la señora Bachelet ha completado el expediente que incrimina a la dictadura de Maduro por delitos de lesa humanidad y no se requerirían mayores pruebas para sancionar a los culpables. Ante estas evidencias la CPI debería disponer la detención inmediata y el juzgamiento de Maduro y de todos los que delinquieron contra el pueblo venezolano, autores intelectuales y materiales, instigadores y cómplices, sin limitación alguna ni eximente que oponer.
Asimismo urge materializar en todo sentido el reconocimiento internacional de Juan Guaydó como presidente constitucional interino de Venezuela, ungido el 23 de enero de 2019. Para ello es preciso reconducir el proceso inconcluso y casi fallido de dicho reconocimiento, adoptando las medidas correspondientes; entre ellas desconocer y expulsar a los representantes diplomáticos de Maduro, pues bajo la lógica de que el sujeto del derecho internacional es el pueblo organizado en Estado, ellos ya no representan al Estado venezolano, sino al usurpador y verdugo.
Finalmente y ante la situación de extrema calamidad que vive Venezuela, la Asamblea Nacional debería analizar si la vía constitucionalmente permitida, de solicitar apoyo internacional, es en última instancia una alternativa factible para los fines perseguidos.
Ya no caben argumentaciones e invocaciones de principios artificiosamente esgrimidos, que no deben ser utilizados para tolerar iniquidades contra un pueblo, cuyos derechos se anteponen a cualquier otro derecho.
Karen Longaric R. es profesora de derecho internacional en la UMSA.
