El desarrollo de la crisis política desatada por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) después de suspender el TREP sin justificación real ni argumentos válidos, la noche del domingo 20 de octubre, ha consumido ya 17 días, con fuertes enfrentamientos sociales, decenas de heridos, dos víctimas mortales y crecientes daños materiales.
¿Qué podría suceder en los siguientes días o en la semana que se aproxima? Para responder esta pregunta se necesita diagnosticar el estado de situación del conflicto.
Componente jurídico institucional
Mientras las multitudinarias movilizaciones ciudadanas se desplegaban por gran parte del territorio y se registraban los luctuosos enfrentamientos sociales, el TSE se dio a la tarea de cerrar el componente jurídico institucional. Haciendo oídos sordos a las múltiples denuncias públicas, el viernes 25 de octubre anunció públicamente los resultados finales de la votación, proclamando al binomio oficialista triunfador en la primera vuelta, con más de 10 puntos de diferencia respecto a la segunda fuerza política.
Días después redactaron y suscribieron el Acta de Cómputo Nacional, ratificando al binomio proclamado y detallando los nombres de todas las personas electas como senadores, diputados y representantes supraestatales. Según este informe, el MAS se habría adjudicado 21 de los 36 senadores; es decir, el 58% de la Cámara Alta, y 67 de los 130 diputados, equivalentes al 51,5% de la Cámara Baja.
De ese modo, al haberse cumplido formalmente las disposiciones de los artículos 189, 190 y 191 de la Ley del Régimen Electoral, el componente jurídico institucional quedó cerrado completamente.
Consumado este hecho, queda claro que si la auditoría electoral en curso dictaminara algo diferente del contenido del informe final publicado por el TSE, la revisión de éste únicamente será posible en función de un acuerdo político que deje de lado lo jurídico formal.
Componente político
Veamos esquemáticamente qué vienen haciendo las partes en conflicto y a qué apuntan.
A) El binomio anunciado como ganador, amparado seguramente en la información manejada por el TSE y transferida a la dupla oficialista desde el inicio del conflicto, está jugando todas sus cartas a la auditoría electoral.
Las conclusiones que emanen de la auditoría, en la prospectiva gubernamental, podrían asumir las siguientes conclusiones:
a) No existen indicios valederos sobre el fraude.
b) Existieron algunas irregularidades (errores de suma, equivocaciones en la transcripción de datos a las actas, etcétera), pero ellas no alteraron esencialmente los resultados globales.
Dada cualquiera de estas conclusiones, el Acta de Cómputo Nacional quedaría consolidada como tal.
c) Las irregularidades detectadas o indicios de fraude, en su caso, determinaron que el binomio oficialista inflara indebidamente su caudal de votos, hasta superar el 10% respecto a la segunda fuerza. Esta variante se haría realidad con sólo descontarle al MAS apenas 34.000 votos.
Evo Morales se aferró a la auditoría porque, adicionalmente, alarga el conflicto por otros 10 a 15 días, poniendo a prueba las movilizaciones ciudadanas, en trance de agotarse.
Esta estrategia, empero, tiene un eslabón débil: ¿quién organizaría y conduciría el nuevo evento electoral (sea segunda ronda o nueva convocatoria)? ¿El actual TSE? Nadie aceptará semejante despropósito.
B) El movimiento ciudadano, consciente de los puntos anteriores, tiene cuatro planteamientos: rechazo a la auditoría, anulación de las elecciones y convocatoria a nuevos comicios, designación de nuevos vocales en el Órgano Electoral y renuncia de Evo Morales.
No cabe duda que el pedido de renuncia tiene un carácter simbólico, dado que el saldo de este período no pasa de los 80 días.
La demanda del movimiento democrático adolece de dos grandes problemas: la titularidad del Gobierno mientras se lleva a cabo la nueva votación y cómo se encararía la renovación del Órgano Electoral.
Se sabe que para concurrir otra vez a las urnas se requieren, cuando menos, entre 100 y 120 días, sabiendo que el actual periodo concluye el 21 de enero, ¿quién entonces asumiría el Gobierno entre esa fecha y la posesión del renovado binomio?
En suma, visto el conflicto desde la estrategia gubernamental o con la lente del movimiento ciudadano, las soluciones sólo pueden salir del escenario de la concertación política. Y que nadie se engañe: ¡no existen condiciones para que un designio se imponga sobre el otro! No al menos sin elevados costos sociales.
Carlos Böhrt I. es un ciudadano crítico.
