El proyecto de Ley de las Organizaciones Políticas (OP) recientemente presentado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) determina que anualmente la dirigencia de las OP deberá rendir cuentas a su militancia sobre el uso y destino de las contribuciones de los militantes, donaciones, rendimiento de inversiones, contribuciones en especie, programas públicos de apoyo institucional, procesos de denuncias conocidos y resueltos en instancia internas, y la recuperación de recursos observados por el Órgano Electoral. También obliga a garantizar el acceso a la información “en todas sus acciones”. Este tipo de normativa, similar a la vigente en otras latitudes, cobra relevancia ante el descrédito de los partidos políticos y la política en Bolivia y el mundo.
Según el diputado Víctor Borda (MAS) se trata de un “avance importante” para transparentar (incluso ante la Contraloría) los manejos económicos de los partidos políticos “muchas veces nefastos y oscuros”. En la otra esquina, defensivamente, al hablar de injerencia, la oposición debiera asumir una acción propositiva frente a los retos que, en materia de transparencia, plantea el TSE al MAS y a todas las OP.
Temo que, tarde o temprano, el diputado Borda tendrá que “decir que no dijo lo que dijo”. Y es que, tras casi 13 años en el poder, la dirigencia del MAS debiera rendir cuentas, no sólo ante su militancia sino ante el país, por ser más las dudas que las certezas sobre el manejo transparente en estos asuntos.
El MAS adopta un discurso “antipartido”, sin embargo, es un instrumento político, no de “movimientos sociales”, que dejaron de serlo al ser gobierno, sino de las tres organizaciones sociales conocidas como las “trillizas” (Cocaleros/interculturales, Bartolinas y Sindicatos campesinos) que constituyen su base fundacional y el núcleo decisor de la Coordinadora Nacional por el Cambio (Conalcam), síntesis del corporativismo empoderado.
El Conalcam, bajo la batuta de cocaleros, define candidaturas a las asambleas legislativas nacional, departamentales, a concejos municipales y de autoridades judiciales, pactan cuotas de poder en la estructura de los órganos ejecutivos, nacional y subnacionales que encabezan, sin que su dirigencia se desvincule de la representación y conducción sindical.
Entre pugnas internas, conflictos de interés, el camino para el tráfico de influencias, el clientelismo y cohecho electoral está más expedito que nunca. Las cifras no mienten.
¿Sabía usted que entre 2012 y 2015, especialmente durante años electorales, el programa Evo Cumple, para no mencionar al Fondioc, invirtió un total de 134.864.489,49 bolivianos en sedes sindicales? Favoreció a 54 organizaciones de la sociedad con su equipamiento y generosa entrega de vehículos a su dirigencia. ¿Financiamiento político camuflado? Se beneficiaron sindicatos afiliados a “las trillizas”, cooperativas mineras, transportistas, juntas vecinales, centrales obreras departamentales, etcétera.
Es imperativo que la obligación de rendir cuentas a las OP a sus bases y al Órgano Electoral se amplíe a la dirigencia de las trillizas y otras organizaciones sociales, y cívicas que ahora o a futuro se asimilen a la gestión pública; se fiscalicen los beneficios colaterales provenientes de dinero público, lubricante para reproducir la condición de dirigentes sociales. La norma debiera obligar a renunciar al rol de dirigentes entre tanto sean gobierno.
La tendencia de privilegiar el ingreso a filas partidarias de dirigentes sindicales o cívicos no es nueva. El MAS la legitimó a título de inclusión de los antes marginados y consolidó como modelo de gestión que entraña serios riesgos. Empodera a burocracias de minorías eficaces urgidas de satisfacer las demandas particulares de sus bases. Reproduce la lógica prebendal, electoralmente rentable, pero tóxica para el desarrollo político y democrático. Con el agravante que, impunemente y a cualquier costo, insisten en la reelección del autócrata, propuesta negada por el soberano y la Constitución misma. Por todo lo señalado y mucho más, debieran rendir cuentas.
