Hace aproximadamente una semana, el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz informó que presentó una propuesta a la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) para prohibir la carga de combustible a 140.000 vehículos cuyos documentos no están regularizados. Es decir, sus actuales poseedores no cuentan con el registro de propiedad a su nombre porque los anteriores dueños no han pagado los impuestos correspondientes tras venderlos. A su vez, los compradores tampoco han realizado la transferencia legal ni el pago de tributos, lo que significa que estos vehículos siguen circulando de manera irregular y, aun así, continúan recibiendo gasolina subvencionada.
Esta propuesta aún está en análisis por parte de la ANH, que será la entidad encargada de dar una respuesta oficial sobre su implementación.
La noticia generó gran revuelo, especialmente entre quienes poseen vehículos que aún figuran a nombre del vendedor, los comerciantes informales de autos y los propietarios que ahora enfrentan la retención de cuentas bancarias debido a impuestos impagos por años. Todo esto ocurre porque confiaron en que los compradores asumirían su responsabilidad y harían el trámite correspondiente.
Este caso refleja un problema recurrente: quienes incumplen sus obligaciones se sienten «atropellados» en sus derechos cuando se busca aplicar la ley.
Nuestros legisladores parecen más preocupados por la crítica mediática, por no perder popularidad o por evitar conflictos entre quienes cumplen con sus deberes y aquellos que burlan las normas.
Hace poco ocurrió algo similar con los transportistas que exigían un aumento en el pasaje. Esta medida debía implementarse solo si mejoraban el servicio público, eliminaban el trameaje y respetaban el pasaje diferenciado para niños, adultos mayores y personas con discapacidad. Sin embargo, la presión de los transportistas—mediante bloqueos y actos violentos contra ciudadanos que se oponían al alza—terminó imponiéndose.
Lo mismo sucede en muchas instituciones públicas, donde funcionarios trabajan solo algunas horas, sin importar el perjuicio que esto causa a los ciudadanos que necesitan realizar trámites.
¿Por qué en Bolivia solo se cumplen las obligaciones cuando hay multas, sanciones, requerimientos o mandamientos de apremio? ¿Por qué no nace en nosotros la responsabilidad de tener nuestra documentación en regla, nuestros pagos al día y ninguna deuda pendiente?
Lo más preocupante es que la evasión de responsabilidades e impuestos ya se ha normalizado. Peor aún, quienes logran burlar el sistema son celebrados y aplaudidos bajo la bandera de la «viveza criolla».
Para cerrar este artículo, quiero recordar una verdad fundamental: «El derecho de uno termina donde comienza el derecho del otro».
Andrea Cárdenas Rada
Abogada y docente universitaria.
