La política exterior desarrollada por el Gobierno boliviano en materia de integración ha restado oportunidades al país, ha violado preceptos constitucionales y ha develado imposturas que se ampararon en discursos principistas. Variados hechos confirman esto:
Respecto a la Comunidad Andina (CAN), en los primeros años del gobierno del MAS, éste se enfrascó en una querella absurda y gratuita con algunos líderes de los países miembros de la CAN. Siguiendo las consignas del expresidente Hugo Chávez, con agresiva crítica denostó los modelos económicos que en ese momento implementaban los gobiernos de Colombia y Perú, tildándolos de “políticas de la muerte”. Asimismo, cuestionó las negociaciones impulsadas por la Comunidad Andina y la Unión Europea (UE) para alcanzar un acuerdo de asociación entre ambos bloques.
Demandó ante el Tribunal Andino de Justicia la nulidad de las decisiones que permitieron a Colombia, Perú y Ecuador continuar sus negociaciones con la UE. Enfática y categóricamente rechazó cualquier posibilidad de negociar tratados de libre comercio con las grandes potencias. Fue así que estas rencillas ideológicas se antepusieron al interés de Bolivia y soterraron el espíritu integracionista cacareado por los gobiernos del socialismo del siglo XXI.
En ese escenario, Venezuela abandonó la CAN y Bolivia le quitó entusiasmo a su membresía, no obstante la importancia del mercado andino para las exportaciones bolivianas no tradicionales. En alarde de su política antineoliberal, el Gobierno boliviano desdeñó un acuerdo de asociación con la UE que, además, de prometer favorables resultados económicos y comerciales, se proyectaba hacia otras áreas, entre ellas la eliminación de visas para el ingreso de los bolivianos a los países de la UE. De esa apreciable oportunidad nos privó este gobierno; por su parte, Colombia, Perú y Ecuador concretaron para sus nacionales la eliminación de visas al espacio Schengen.
Respecto al Mercosur. El Gobierno violó el artículo 257 de la Constitución Política de Estado al haber promovido la adhesión de Bolivia a dicho organismo sin previa y debida consulta al pueblo boliviano a través de referendo popular vinculante, conforme exige la Constitución. No es la Asamblea Legislativa, ni el Poder Ejecutivo los que deben definir en última instancia la adhesión de Bolivia a organismos de integración económica, sino el ciudadano boliviano.
Si esta inconstitucional adhesión se llega a concretar, limitará enormemente la libertad de Bolivia para suscribir, en lo sucesivo, otras alianzas comerciales, al margen del Mercosur, ya que las normas de dicho esquema de integración prohiben a los Estados miembros contraer compromisos comerciales por fuera del bloque. Expertos en la materia advirtieron de la enorme desventaja que significará para Bolivia competir con los mercados proteccionistas de Brasil y Argentina, especialmente para nuestras exportaciones de productos con valor agregado. Esta membresía, además, nos obligará a renunciar a otros mercados que podrían sernos más beneficiosos.
En este mismo análisis cabe preguntarse cómo actuará Bolivia frente a eventuales negociaciones que a futuro impulse el Mercosur para concretar acuerdos con la Alianza del Pacífico, iniciativa que ha sido duramente criticada por el grupo de líderes del socialismo del siglo XXI, del cual Bolivia continúa siendo activo militante, conforme lo demuestra el rol que aún juega en la Unasur y en el ALBA.
En la actualidad, Bolivia ejerce la presidencia pro témpore de la Unasur, con ello su compromiso para la consolidación y profundización de este organismo debe ser mayor. Sin embargo, antes que preservar la integridad del proceso unasuriano, ha priorizado su amistad con Nicolás Maduro y no ha viabilizado los consensos que se deben alcanzar para sancionar al régimen venezolano, conforme dispone la Carta Democrática de la Unasur.
Para finalizar, recordemos que el artículo 265, párrafo I de la CPE asigna al Estado boliviano la obligación de promover sobre los principios de una relación justa, equitativa y con reconocimiento de las asimetrías, las relaciones de integración social, política, cultural, y económica con los demás Estados, naciones y pueblos del mundo y, en particular, la integración latinoamericana.
Por lo reseñado, la política integracionista proclamada por el Gobierno no sólo ha vulnerado principios, sino también la propia Constitución boliviana.
