Franco Gamboa Rocabado
La crisis profunda que atraviesa Irán, con miles de muertos (se estima alrededor de diez mil, entre el 8 y 10 de enero de 2026), recuerda, con inquietante similitud, los procesos de descomposición autoritaria observados en Libia, Siria e Irak. Se trata de regímenes dictatoriales que, al perder legitimidad interna y capacidad de control, no abrieron, necesariamente, la puerta a la democracia, sino que aparecieron escenarios de fragmentación, violencia prolongada y colapso estatal. La experiencia reciente del Medio Oriente demuestra que la caída de una dictadura no equivale, ni política ni sociológicamente, a la construcción de un orden democrático viable.
Irán se encuentra hoy atrapado en una paradoja histórica: un Estado teocrático exhausto, sostenido por la represión, el miedo y una élite clerical desconectada de una sociedad civil cada vez más educada, urbana y secularizada en sus aspiraciones. Sin embargo, esa misma sociedad carece de los instrumentos institucionales, culturales y geopolíticos necesarios para transformar la protesta en un proyecto democrático estable, de corte occidental que permita imaginar un futuro estable realmente atractivo.
Las actuales generaciones jóvenes, que parecen ser menos extremistas, más abiertas a la modernización occidental y decididas a destronar la dictadura teocrática, están profundamente confundidas entre el deseo de una real democratización y el respeto ancestral de las tradiciones islámicas en el largo plazo. Por lo tanto, los intentos de insurrección están sacrificando sus vidas y ayudan a luchar realmente para destruir a los ayatolas, pero sin un mapa efectivo de modernidad y democracia efectivos.
Al igual que en Siria y Libia, el régimen iraní optó por una estrategia de supervivencia basada en la militarización del poder, el control ideológico y la anulación sistemática de toda disidencia. Esta dinámica erosionó cualquier posibilidad de reforma interna gradual. La Guardia Revolucionaria Islámica se ha convertido en un actor económico, político y militar omnipresente, reproduciendo un patrón similar al de los más crueles aparatos coercitivos en los regímenes colapsados de la región.
La ilusión de una democratización
No obstante, el problema central no es únicamente la dictadura, sino lo que viene después de ella. La historia reciente es implacable porque la caída de Saddam Hussein en el año 2003 no produjo ningún tipo de democracia en Irak. El derrocamiento de Gadafi destruyó el Estado libio y la revuelta contra Bashar al-Ásad en Siria, degeneró en una guerra civil interminable. En todos los casos, el “vacío de poder” fue ocupado por milicias, facciones tribales, sectarismos religiosos sumamente violentos y la intervención oportunista de potencias externas.
Además, desde la perspectiva del experto en relaciones internacionales y ex Subsecretario de Defensa en Estados Unidos, Joseph Nye, la política internacional contemporánea no puede entenderse solamente en términos de poder militar. La noción de “interdependencia compleja” subraya que los Estados están conectados por múltiples canales —económicos, tecnológicos, culturales y normativos— y que el poder se ejerce también mediante la cooperación, la persuasión y las instituciones internacionales.
En teoría, este enfoque abriría la posibilidad de que los países occidentales contribuyan al debilitamiento del régimen iraní, no solo mediante sanciones, sino a través de presiones diplomáticas coordinadas, apoyo a la sociedad civil, incentivos económicos condicionados y el uso del poder suave y convincente (soft power) para erosionar la legitimidad del autoritarismo teocrático, impulsando un proceso legítimo de democratización liberal y reconstrucción socio-cultural de carácter internacional. Pero aquí emergen los límites estructurales del planteamiento de Nye, pues la interdependencia no garantiza, de ninguna manera, la democratización en el mundo islámico y, mucho menos, la supervivencia de la sociedad civil en términos de liberación transcultural.
En la actual globalización, la interdependencia compleja puede contener conflictos, modificar comportamientos y generar costos enormes para seguir sosteniendo a los regímenes autoritarios, pero no sustituye las condiciones internas necesarias para la construcción confiable de un orden democrático.
El problema de fondo es que el actual sistema internacional carece de un proyecto coherente de democratización global. El mundo occidental actúa de manera también fragmentada, instrumental y, en muchos casos, contradictoria. La promoción de la democracia compite con intereses energéticos, cálculos de seguridad regional y la búsqueda de poner todo tipo de límites a la influencia de actores como Rusia y China. Simultáneamente, Irán ha sabido explotar estas fisuras mediante alianzas estratégicas que redujeron su aislamiento efectivo.
Más aún, el colapso de un régimen dictatorial en un país islámico, no ocurre en un vacío cultural. Las estructuras tribales, las lealtades sectarias y el extremismo religioso, siguen siendo fuerzas políticas organizadas, capaces de ocupar rápidamente el espacio dejado por el Estado islámico-autoritario. La democracia liberal, basada en ciudadanía individual, Estado de derecho y pluralismo institucional, no encuentra un terreno fértil inmediato, en contextos donde la identidad colectiva musulmana y tribal precede al orden jurídico moderno.
La gran tragedia iraní —así como la triste historia en libia, Siria e Irak— es la de una sociedad civil atrapada entre dos males: la continuidad de un régimen opresivo, o el riesgo de un colapso sin horizonte democrático. Las protestas masivas, protagonizadas especialmente por mujeres y jóvenes, expresan una demanda legítima de libertad y dignidad, pero todavía no configuran un sujeto político, capaz de disputar el poder de manera organizada y sostenible.
La interdependencia compleja del mundo globalizado puede amplificar estas voces, proteger parcialmente a los disidentes y debilitar a las dictaduras en el largo plazo. Pero no puede reemplazar la ausencia de liderazgo democrático interno, ni resolver las fracturas étnicas históricas, por las que atraviesa el islamismo contemporáneo.
Irán se encamina hacia una transformación inevitable, aunque no necesariamente hacia la democracia. La experiencia comparada de Serbia, Bosnia, Kosovo, Libia, Siria, Irak e inclusive Ucrania, advierte que el fin de una dictadura puede ser solo el inicio de una destrucción más profunda. Desde la óptica de Joseph Nye, la cooperación internacional y la interdependencia, ofrecen herramientas para contener la violencia y limitar el poder autoritario, pero están lejos de fundar un nuevo orden internacional democrático, equitativo y funcional que beneficie a la sociedad civil.
Los obstáculos estructurales
En la actualidad, la lucidez política exige reconocer esta realidad incómoda y no celebrar por anticipado el probable hundimiento de los ayatolas. Sin instituciones, sin una cultura democrática y sin un proyecto internacional coherente, la caída de la dictadura en Irán podría reproducir, una vez más, la tragedia del Medio Oriente contemporáneo: mayor fragmentación cultural, guerras civiles dolorosas, ajusticiamientos tribales, odios étnicos y un mayor radicalismo religioso para, supuestamente, reconstruir el alma islámica que, paradójicamente, ha conducido a todo el orbe musulmán, a las tragedias más dramáticas del siglo XXI.
Las violentas protestas en Irán y la represión brutal de los ayatolas, continúan expandiéndose masivamente con demandas económicas, sociales y políticas, generando miles de muertos y la criminalización sistemática de los manifestantes. Aunque las movilizaciones expresan un deseo profundo de transformación democrática, varios “obstáculos estructurales” dificultan que estas protestas generen una solución duradera y democratizadora.
Una de las claves explicativas, radica en la teoría del politólogo griego Stathis Kalyvas, para quien la violencia no es un fenómeno caótico ni irracional, sino que sigue dinámicas estratégicas, ligadas al control territorial y a los incentivos de los actores políticos y civiles. En el caso iraní, el Estado mantiene un monopolio casi absoluto sobre los instrumentos coercitivos: fuerzas del orden, Guardia Revolucionaria, inteligencia militar y aparatos de seguridad que emplean violencia indiscriminada para suprimir la disidencia, con el objetivo explícito de neutralizar cualquier desafío político serio.
Este uso de la violencia estatal no sólo reprime las protestas, sino que desarticula la organización civil, disolviendo redes de movilización y desgastando el tejido social necesario para construir fuerzas democráticas cohesionadas. La violencia estatal se convierte en un impuesto estratégico para prolongar el régimen, no en una anomalía desbordada por el conflicto.
Las protestas en Irán incluyen un espectro amplio de demandas y grupos sociales, desde sectores económicos urbanos afectados por la crisis, hasta jóvenes, mujeres y minorías étnicas. Sin embargo, no existe una dirección unificada capaz de articularlas en una alternativa política viable. Los intentos de organizar coaliciones opositoras, incluso entre figuras prominentes de la diáspora, han fracasado por tensiones ideológicas, estratégicas y problemas de confianza. Esta fragmentación debilita la capacidad de construir un discurso y estrategia comunes, obstaculizando las negociaciones con el Estado y bloqueando el apoyo de algunas partes del aparato estatal, que podrían inclinar la balanza hacia una transición pacífica.
Desde la perspectiva de Kalyvas, los conflictos y protestas no siguen un único eje de acción, sino que emergen de interacciones complejas entre múltiples actores locales y nacionales. La ausencia de una lógica de organización colectivamente compartida, hace más probable que la violencia se perpetúe, sin conducir a una institucionalización democrática.
Si la violencia estatal puede ser más efectiva para fragmentar y confundir a los oponentes, aislando selectivamente a los opositores reales o eventuales, entonces se entiende mejor por qué el régimen emplea, tanto la violencia indiscriminada como la selectiva y por qué no cede ante las demandas democráticas.
Una solución democratizadora requiere, en teoría, que el aparato de seguridad se divida o se desmantele desde adentro. Sin embargo, el control estrecho que el régimen mantiene sobre las fuerzas armadas y los grupos paramilitares, reduce dramáticamente la probabilidad de que grupos leales a la dictadura cambien su estrategia y, de repente, promuevan acciones significativas favorables a la oposición. Esto, en lugar de facilitar la democratización, profundiza el ciclo de represión y miedo.
Conclusiones
La transición democrática sostenible exige una sociedad civil organizada —partidos políticos, sindicatos, una prensa independiente, organizaciones comunitarias— que puedan construir consensos amplios y mediar la articulación de demandas. Pero en Irán, décadas de represión han erosionado estas instituciones y el vacío institucional se traduce en la falta de canales legítimos para canalizar demandas dentro del sistema político existente.
Esta ausencia institucional también implica que gran parte de la violencia y la protesta operan en un terreno de improvisación, lo cual puede agravar los conflictos porque otros actores no alineados formalmente con un proyecto común, podrían actuar de forma oportunista, incrementando la fragmentación y los ciclos de violencia, sin avanzar hacia una solución política estructurada.
El régimen iraní ha promovido discursos que atribuyen las protestas a “agentes extranjeros”, desgastando la legitimidad interna de las demandas y reforzando el discurso de una crisis de seguridad nacional. La instrumentalización de amenazas externas puede legitimar más represión interna y dificultar que los procesos de cambio democrático aparezcan como fuerzas genuinas, algo crucial para el éxito de las transiciones democráticas duraderas. La percepción donde se supone que los cambios son impulsados desde el extranjero, puede polarizar más a las estructuras sociales internas y bloquear los puentes de confianza que son esenciales para una solución pacífica.
Todos los obstáculos estructurales —violencia estratégica del Estado, fragmentación de la oposición, debilidad institucional y discurso dictatorial dominante— constituyen barreras profundas a una transición democrática sostenible. Las teorías de violencia y conflicto de Kalyvas nos recuerdan que la violencia política no es un desbordamiento irracional, sino un proceso complejo y racionalizado que, sin contrapesos institucionales fuertes o rupturas internas en el poder del Estado, tiende a reproducir ciclos de represión y fragmentación sin soluciones verdaderamente democratizadoras.
