Hay una lectura de la realidad política actual que no termina de cerrar, o mejor dicho, que genera una profunda incomodidad y una disonancia cognitiva difícil de ignorar. Cuando un actor con el prolongado recorrido político y la influencia de Samuel Doria Medina lanza críticas mordaces y aparentemente fiscalizadoras contra una gestión de la cual —ya sea por acuerdos formales o por una alianza fáctica y tácita— fue parte interesada y beneficiaria, no estamos, bajo ninguna circunstancia, ante un ingenuo gesto de honestidad ni ante una súbita epifanía de conciencia. En el intrincado tablero del poder, la incoherencia discursiva rara vez es un accidente fortuito; casi siempre es el resultado de un cálculo milimétrico de supervivencia política, de posicionamiento estratégico o, incluso, de una renegociación de cuotas de influencia.
La pregunta de fondo no radica en su inalienable derecho a la crítica —que es pilar indiscutible de cualquier sistema democrático— sino en la legitimidad, moral y política, del lugar desde donde se enuncia esa crítica. ¿Desde dónde habla quien señala con vehemencia las grietas en el casco de un barco mientras ocupó, cómodamente y con todas las prerrogativas, uno de sus camarotes principales? El análisis pausado de esta paradoja nos obliga a una sospecha legítima e ineludible: ¿estamos verdaderamente ante una crítica nacida de la convicción cívica o, más bien, frente a un sofisticado ejercicio de blindaje preventivo y reposicionamiento estratégico? En escenarios de crisis sistémica de credibilidad, de desgaste gubernamental o de pérdida acelerada de apoyo popular, ciertos liderazgos con larga data en el sistema optan por una receta tan vieja como la política misma: marcar una distancia crítica aparente sin, empero, explicar por qué formaron parte del viaje ni cuestionar las decisiones en las que consintieron o que impulsaron.
Esta dinámica ha cobrado una nueva dimensión en los últimos días: tras confirmar públicamente que no formará parte del gobierno del presidente Rodrigo Paz, el mismo dirigente ha pasado a sumarse —o a encabezar— los reclamos que exigen la renuncia de varios ministros que hoy integran el gabinete ejecutivo. La jugada parece, a primera vista, coherente con el alejamiento anunciado; sin embargo, profundiza la paradoja que venimos señalando: si las fallas son tan graves como para pedir la salida de quienes conducen las carteras del Estado, ¿no correspondía señalar esas mismas falencias cuando se negociaba su incorporación al gobierno o cuando se diseñaba la estructura del poder? ¿No es lógico preguntarse si esta exigencia responde a un diagnóstico maduro sobre el rumbo del país, o si responde más bien a la ruptura de acuerdos internos y a la necesidad de justificar ante su base y la opinión pública una alianza que ya no le conviene?
Esta postura, intrínsecamente camaleónica, evoca referencias necesarias sobre cómo se moldea el relato ante la inminencia de una fiscalización o ante el desgaste de una gestión. Cuando el periodismo de investigación —valientemente personificado en figuras como Amalia Pando— ha expuesto con contundencia las zonas grises del poder, los pactos bajo la mesa, los conflictos de interés o las contradicciones flagrantes de la élite política, la reacción de muchos actores no ha sido la de abrazar la transparencia, la autocrítica o la rendición de cuentas. Por el contrario, la respuesta dominante ha sido el reposicionamiento discursivo: ante la evidencia de una cercanía incómoda, el político endurece su tono, se erige como fiscal de la realidad y reclama cambios —como las renuncias ministeriales— para aparecer como el defensor de la ciudadanía, precisamente para evitar ser señalado como cómplice de lo que ahora critica. El objetivo es claro: cambiar el discurso superficialmente para que, en esencia, nada altere su posición de relevancia.
Si la crítica fuera verdaderamente genuina y honesta, debería venir acompañada de rupturas inequívocas: de la renuncia explícita a toda cuota de influencia pactada previamente, de la aclaración detallada de qué puntos del acuerdo original no se cumplieron o resultaron dañinos para el interés nacional, y de la disposición a asumir que, al haber estado cerca de las decisiones, también comparte la responsabilidad por lo que no se hizo bien. Lo que observamos hoy, sin embargo, se asemeja mucho más a una estrategia de doble vía: alejarse del gobierno cuando los costos superan los beneficios, exigir cambios que acomoden su nueva posición, pero sin asumir la parte que le corresponde del camino recorrido. Es el extraño arte de disparar retóricamente hacia el centro del poder sin abandonar jamás la pretensión de decidir desde fuera hacia dónde debe navegar el barco.
En un país visiblemente agotado por la retórica vacía, por las promesas incumplidas y por lealtades volátiles que se modifican al compás del viento político, estas maniobras de equilibrio oportunista ya no pasan desapercibidas. La sociedad civil ha desarrollado, con justa razón, un olfato especial para distinguir la crítica constructiva de la maniobra electoral anticipada, la exigencia legítima de la simple reacomodación de cuotas. La política actual exige definiciones nítidas: o se contribuye a corregir el rumbo desde la responsabilidad compartida, o se critica con total independencia y sin reservas, pero no se puede pretender ser, al mismo tiempo, socio del gobierno cuando conviene y su principal fiscal cuando deja de convenirle. Porque la duda que se instala en el imaginario colectivo no es desconfianza infundada: es la respuesta a quienes quieren estar siempre en el camarote, ya sea como huésped o como quien decide quién debe ocuparlo, sin jamás aceptar que también son parte de la tripulación. Tarde o temprano, las máscaras se desgastan, y el peso de los hechos termina por revelar que no se trata de cambiar el rumbo del país, sino de cambiar el propio asiento para no mojarse cuando la tormenta arrecie.
