El pensamiento a veces es una sórdida trampa de las palabras que esperan un momento de irreflexión para dispararse como armas de fuego y matar. ¿Cuánto más grave resulta el crimen de las palabras cuando se descerrajan a mansalva en medio de un discurso preparado, es decir, premeditado? Una autoridad —sobre todo una autoridad, al ser portadora de mensajes públicos y oficiales—, en un descuido de la mente, con un simple regurgitar de palabras, puede terminar ejecutada por su propia lengua.
Lo acabamos de constatar con el discurso de inauguración del Año Judicial 2019, que terminó siendo un tácito (y patético) reconocimiento de la indigna subordinación del Órgano Judicial al Ejecutivo en Bolivia. ¿Qué sentido tiene hablar de tergiversación y manipulación de la información en la apertura de un año judicial?, ¿qué gana el Presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) descalificando a la prensa? Solamente la simpatía del Gobierno, que cada dos por tres se entretiene como con nada echando lodo sobre los medios y periodistas que no le soban la espalda.
Ironías de la democracia en los tiempos que corren: a personajes elegidos mediante el voto directo para ocupar un cargo judicial les molesta la libertad de expresión, pese a estar obligados a velar por el cumplimiento de ese derecho fundamental.
Un país medianamente adulto no exige demasiado de sus autoridades, solo mensajes coherentes con la realidad. Si en vez de esto recibe una sarta de palabras descolgadas como si fueran parte de otro ámbito —quizá, uno político electoral—, a ese país se le falta el respeto. Luego, si el principal problema de una autoridad que es cabeza de un poder del Estado no es ninguna de las dificultades inherentes a su labor (en este caso, judicial) sino encontrar la manera de introducir en su discurso una línea política impuesta desde La Paz, ese país, sin independencia de poderes, tiene un futuro negro.
Este juego de embustes por supuesto que no es exclusivo de ninguna nación: integra el repertorio de actos de corrupción moral que afecta a buena parte del mundo. Pero lo que llama la atención en Bolivia es el nivel de desfachatez con el que se expresan ciertas autoridades, como si sus palabras tuvieran algún tipo de inmunidad que les confiere impunidad, como si no advirtieran que están insultando la inteligencia de la gente.
Lo cierto es que la injerencia política no les permite a los magistrados conducirse con la indispensable autonomía de gestión exigida en democracia para todo funcionario de un órgano como el judicial, y ninguna democracia será enteramente ella sin justicia independiente. El Presidente del TSJ parece no estar de acuerdo con esto.
Algo similar ocurre con la Policía y las Fuerzas Armadas cuyas jerarquías, vulnerando mandatos constitucionales y coincidentemente luego de recibir un tratamiento salarial privilegiado, hace mucho que encajonaron los principios de sus comandados para ponerlos al servicio del “proceso de cambio”. Es incalculable el daño que le provocan a la democracia con su decisión de alinear instituciones independientes a un partido.
Entre las similitudes del socialismo desmerecido de la última década está el hecho de que se vale de funcionarios de distintos poderes del Estado para distorsionar la realidad y confundir a la población instalando mensajes impropios de entidades, en esencia y en verdadera democracia, apartidarias. Son, generalmente, funcionarios con pocas luces y sin personalidad para hacerse respetar; ellos un día abandonarán sus puestos de trabajo y deberán rendir cuentas de sus actos ante la historia.
Mientras tanto, les convendría evitarse una tragedia aprendiendo que las palabras resultan a menudo letales. Que cualquier político con apariencia de juez, o de fiscal, o de policía, o de militar, o de vocal electoral —entre otros tentados por la alegría pasajera del disfraz— puede caer fulminado al menor gesto suicida de su mismísima lengua.
