La verdad es el producto de nuestro discurso, y por lo tanto es relativa y depende de la posición de quien la anuncia. Esa definición corresponde a Nietzsche, que fue compartida con otros pensadores de su tiempo y aun contemporáneos. Y es que la “verdad” está íntimamente relacionada con el poder, que se la puede entender a través de la figura del historiador, quien en última instancia genera reflexión y conciencia. Por tanto “el conocimiento siempre depende del contexto social, que es hecho por alguien para alguien” (Bolaños de Miguel).
Pues así, es fácil descalificar un relato histórico, sobre todo cuando por su autor se tiene a un régimen empeñado en deformar los hechos que cronológicamente están aún frescos en la memoria colectiva de toda Bolivia, pero que, dividida como está, tiene visiones como nunca antes discordantes. Por lo tanto, hablar de verdades históricas absolutas es imposible, más todavía cuando su interpretación no ha sido objeto de una aplicación metodológica correcta, y simplemente se ha recurrido a una ideologización tan antagónica de la que siempre sacan ventaja quienes tienen el poder de transmitirla por canales oficiales. Porque para la documentación de una historia objetiva, cuando se trata de hechos recientemente ocurridos, no es suficiente conocer a los actores involucrados, sino que más trascendental aun es entender con precisión los contextos geográfico y cultural, el orden cronológico y las motivaciones que dieron lugar a los hechos de un determinado suceso. Solo de esa forma se puede llegar a desentrañar más o menos los móviles que llevaron al desarrollo de suceso equis.
Y para arribar a puerto seguro, esos presupuestos deben estar insustituiblemente respaldados por fuentes de información confiables que, tratándose de los hechos ocurridos en Bolivia en 2019, deben ser no solo por requerimiento técnico, sino por posibilidad cierta, fuentes primarias, es decir información fehacientemente elaborada en la misma época en la cual se centra la investigación. En el caso de tales sucesos, en esa especie de dicotomía interpretativa de golpe de estado/fraude electoral.
La proximidad temporal con esos acontecimientos permite acudir a periódicos, imágenes fijas, documentos legales rubricados, grabaciones audiovisuales, y lo más importante, a la memoria de un país que, más allá de miradas contrapuestas, sabe lo que ocurrió.
Para que nuestro sistema educativo aspire a una malla curricular honesta y edificante para los estudiantes, los que constitucionalmente tienen obligación de garantizar educación tendrían que echar mano de las declaraciones hechas en su momento por algunos de los hoy altos gobernantes de estado que reconocieron la legalidad de la presidencia de Jeanine Áñez. Tendrían que compulsar las sucesivas renuncias que provocaron un hueco constitucional políticamente mal calculado y perversamente urdido por el gobierno de Morales. Pero, ante todo, la historia debe nutrirse, hablando siempre de 2019, del informe ineluctable de la OEA solicitado por el entonces presidente y candidato oficialista, informe que de manera concluyente señala el inédito fraude electoral. Eso se llama prueba incontestable.
En fin, para contar una historia creíble, pero más aún, para creer una historia como la que se va a imponer a nuestros estudiantes, el Ministerio de Educación debió hacer el acopio de fuentes y su evaluación con métodos científicos y de ninguna manera bajo la influencia emocional de una tendencia política que fue la misma que imperaba durante esos 21 días de sublevación ciudadana.
Entonces esa “historia” contada sin ningún rigor científico y que de todas maneras será desechada cuando el ciclo político del MAS acabe, hará entretanto un trabajo de adoctrinamiento que los propios maestros ya han rechazado. Es insólito que los textos impuestos no contemplen ni una sola línea para reflejar literalmente el desconocimiento a los derechos humanos que hubo durante los últimos días del Gobierno de Morales, así como en el de Añez. El GIEI y el relator especial de NNUU, Diego García-Sayán, invitados por el actual gobierno, han demostrado, luego de una exhaustiva investigación in situ, las violaciones a los derechos constitucionales que derivaron en el fraude y la sucesión (inédita por cómo se dio, cierto, pero legal desde el punto de vista jurídico).
Como sea, nuestros estudiantes estarán obligados a rendir exámenes de historia en que, para aprobar la materia, deberán responder que el 2019 hubo una ruptura del orden constitucional por un golpe de estado nunca ocurrido.
Augusto Vera Riveros es jurista y escritor
