Recientemente, los ciudadanos acudimos a las urnas para elegir nuevas autoridades judiciales. Algunos votaron con ideas claras sobre a quién respaldar; otros, con un conocimiento parcial; y la mayoría, desconociendo a los postulantes y dejándose influir por la opinión de amigos conocedores del ámbito jurídico o por el marketing en redes sociales. Sin embargo, algo nos unía a todos, o al menos eso creo: la esperanza de encontrar personas que, al ser electas, administren una justicia íntegra, transparente, accesible y ajena a la burocracia.
Lamentablemente, esa esperanza se enfrenta a una realidad judicial que, desde hace mucho tiempo, parece estar muy lejos de esos ideales. Los que ejercemos la noble profesión del derecho lo vivimos diariamente en la práctica judicial. No son las leyes las que fallan, sino quienes las administran. Es innegable la existencia de burocracia excesiva, monopolios políticos, interpretaciones tergiversadas de la normativa, y una falta de crítica constructiva, lo que deja a los derechos constitucionales completamente desamparados.
Un recorrido por los juzgados basta para evidenciar estas carencias: no hay seguridad adecuada en los pasillos, donde partes contrarias en procesos judiciales pueden enfrentarse; los expedientes se acumulan sin suficiente espacio ni personal, lo que lleva a frecuentes pérdidas de documentos; y las audiencias o trámites se retrasan indefinidamente.
La idea de que «la justicia es gratuita» es solo un eslogan vacío. Los oficiales de diligencia, investigadores y otros actores judiciales suelen exigir pagos adicionales para cumplir con sus tareas. Esto genera una barrera insalvable para muchas víctimas de injusticia que no pueden costear iniciar o defenderse en un proceso legal. Aunque existen abogados de oficio, el sistema está lejos de ser eficiente: los ciudadanos deben buscarlos, suplicar su intervención y, en muchos casos, ofrecer alguna compensación económica, pese a que su labor debería ser gratuita.
Desde mi experiencia como abogada y como ciudadana, tanto detrás como delante de las mesas judiciales, he sido testigo de estas desigualdades. Es común que los abogados envíen a sus clientes a revisar sus expedientes, ignorando que estos, por desconocimiento del procedimiento judicial, difícilmente sabrán qué buscar o entenderán los trámites. Personas provenientes de provincias, con dificultades para leer o escribir, se enfrentan a funcionarios que carecen de empatía y, en lugar de colaborar, buscan lucrar.
En mi paso como pasante en el sistema judicial, viví otra arista de este problema. Los estudiantes, que deberían ingresar para aprender y complementar la teoría con la práctica, se enfrentan a un sistema en el que los funcionarios remunerados ocupan indefinidamente cargos que deberían rotar, impidiendo que nuevas generaciones accedan a estas oportunidades de aprendizaje.
Por otro lado, vivimos en un país pluricultural y multilingüe, pero no contamos con personal capacitado para traducir o asistir a quienes hablan aymara, quechua u otros idiomas originarios.
Tampoco se garantiza la accesibilidad para personas con discapacidad, desde rampas para sillas de ruedas hasta un trato digno. Peor aún, solicitar una entrevista con un juez es casi imposible.
Estos problemas erosionan día a día la fe en la justicia, tanto en los ciudadanos comunes como en los propios profesionales del derecho. No obstante, seguimos albergando la esperanza de que las autoridades recientemente elegidas trabajen para devolvernos esa confianza perdida y para construir un sistema judicial que sea íntegro, ágil y transparente. Solo entonces podremos hablar de una justicia real, cercana y equitativa.
