La corrupción a flor de piel

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Cuando estalló la denuncia sobre el caso Mochilas I en 2017, la ciudadanía no imaginada el nivel en el que la corrupción había corroído en la Alcaldía de Cochabamba. Pues las denuncias se hicieron constantes hasta abrir otros procesos penales, donde también surgió el caso Mochilas II. Ahora el municipio también se ve inmerso en un nuevo caso de corrupción.

El pasado 27 de abril, los concejales Edwin Jiménez, Carlos Coca y Celima Torrico presentaron una denuncia en contra del alcalde José María Leyes y otros funcionarios por la contratación, de forma directa, de alimentos para policías y militares.

Este nuevo caso desató una ola de críticas ya que la contratación por emergencia de una empresa para proveer de raciones alimenticias se hizo por un monto de 488 mil bolivianos cuando dicha firma carecía del Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE). El requisito forma parte de las normas básicas de adquisición de servicios para contrataciones mayores a 20 mil bolivianos.

El alcalde José María Leyes permaneció bajo detención preventiva por los casos mochilas hasta noviembre de 2019 y obtuvo libertad condicional, un día después de que la presidenta Jeanine Áñez asumiera la presidencia del Estado.

Cuando surgió esta nueva denuncia, buscó deslegitimar a los concejales señalando que buscan asumir su puesto como alcalde e incluso, que ellos habían sido proclamados como candidatos para las elecciones subnacionales que están pendientes. Además, continúa defendiendo la contratación de una empresa sin registro incluso contradiciendo sus declaraciones en medios de comunicación.

El hecho de que el municipio y el país entero atraviesen una situación tan crítica con la llegada del Coronavirus, no significa que las autoridades tengan licencia en blanco para omitir procesos de contratación o vulnerar normas. El rol fiscalizador de concejos y asambleas a nivel nacional hoy más que nunca debe ser constante y consecuente porque las inversiones presupuestarias deben responder a las necesidades de la sociedad y no a los intereses políticos o para beneficiar a particulares.