Horas antes de la elección del 6 de junio el Partido Verde hizo trampa con todas las agravantes. 104 personas con notoriedad en las redes sociodigitales aparecieron promoviéndolo con mensajes que seguían un guión preestablecido y violando así la veda a la propaganda electoral.
Decirles influencers, por la alta cantidad de seguidores que tienen en redes como Instagram o Facebook, sobredimensiona las capacidades de esas personas. Tener muchos seguidores no implica una capacidad automática para persuadir a otros. Ese término es parte del negocio de las apariencias y la simulación al que no son ajenas tales redes.
Al denominarlos influencers, se presume que tienen influencia. Sin duda sus mensajes alcanzan amplia propagación, pero un “estado” en Instagram no define por sí solo las decisiones políticas de los electores. No hay que confundir audiencia con influencia.
Mercenarios de la recomendación, los influencers no destacarían si no fuera por las hordas de necios dispuestos a mirar sus muecas y banalidades. Beneficiarios de las apariencias, influencers y PVEM son unos para el otro. El INE sancionó a ese partido con 41 millones de pesos y lo privó de spots en radio y televisión durante un año. La participación de cada influencer fue tasada en 10 mil dólares. Muchos de ellos reciben bastante menos por cada anuncio en sus redes y paradójicamente la multa (no a ellos, sino al partido) quizá les ayudará a incrementar sus tarifas.
La autoridad electoral no castigó el derecho de esas personas a expresar una posición política sino la artimaña del partido que las contrató, a través de una agencia. Es distinto el caso de Mariana Rodríguez, la influencer que promovió en Instagram la candidatura por Movimiento Ciudadano de su marido, Samuel García, que ahora es gobernador electo de Nuevo León.
Rodríguez comercializa algunos de sus mensajes en línea y tiene su nombre registrado como marca comercial. El INE sostiene que por ello tales menciones fueron una contribución en especie para esa campaña y debieron ser reportadas como tales.
En tres meses, Rodríguez colocó en Instagram mil 300 publicaciones y 40 fotografías alusivas a García y su campaña. Muchos de ellos son contenidos baladíes, pero el INE no los sanciona por su calidad sino como aportaciones a las que asigna un valor de 27 millones 800 mil pesos. En consecuencia, le impone a MC una multa por el doble de esa cantidad.
Movimiento Ciudadano y especialmente Dante Delgado, el dirigente con más ascendiente en ese partido, respondieron con argumentos cursis y chantajistas: “Quieren sancionar a una mujer que decidió ayudar a su esposo…” Rodríguez tiene, se dijo, una fama pública “ganada a pulso por su ejemplo de vida”.
Si la trayectoria de esa señora le parece ejemplar, habrá que tener reservas sobre el rumbo que el senador Delgado imprima a su partido. Pero la sanción no se debe a que Rodríguez sea esposa de García, ni a su notoriedad en las redes, sino a que el INE estima que sus respaldos en línea fueron aportaciones gratuitas en especie.
Si Rodríguez tuviera una tienda de sillas y hubiera llevado varios centenares de ellas a los mítines de la campaña, no habría duda de que su actividad mercantil benefició a MC y su candidato. Cada silla, o su alquiler, tienen un valor en el mercado. Pero las opiniones en el espacio público no siempre son mercancías que se compran y venden. Un comentarista en la radio recibe un salario por esa tarea profesional; si dentro de su espacio radiofónico manifiesta simpatía con la campaña de un candidato ¿también esa opinión tendría que registrarse como aportación de campaña? No siempre que Mariana Rodríguez se expresa en línea lo hace con propósitos empresariales.
La interpretación del INE va más allá de las normas electorales, que de por sí muy restrictivas. Se trata de un criterio que afecta la libertad de expresión al considerar como aportación mercantil a contenidos por los cuales nadie cobró ni pagó dinero. Esas opiniones de Mariana Rodríguez no tienen valor comercial para nadie, aunque tengan valor simbólico en el espacio público: no son una mercancía como las sillas de nuestro ejemplo.
La consejera Adriana Favela, que preside la Comisión de Fiscalización del INE, explicó: “la promoción a la candidatura de Movimiento Ciudadano al gobierno de Nuevo León que realizó la influencer genera una situación que es totalmente contraria a la espontaneidad que se privilegia en las redes sociales…” Ese diagnóstico simplifica la condición de tales redes, en donde no todo es espontáneo. En ellas se exhiben situaciones y opiniones de toda índole; unos cuantos reciben remuneraciones por esos contenidos pero no todo lo que dicen en línea busca un rendimiento monetario.
El INE ha realizado un escrupuloso y exhaustivo trabajo de fiscalización de los gastos en las campañas recientes, además con enorme rapidez. Se trata de un esfuerzo de enorme mérito profesional e institucional. En este caso, la interpretación de la ley y del reglamento correspondiente es discutible.
En cambio es innegable la ilegalidad de las aportaciones por 14 millones de pesos para la campaña de Samuel García. Su madre y dos de sus hermanos recibieron ese dinero de un par de empresas. Al día siguiente, transfirieron esos recursos a la campaña. Con esa triangulación Movimiento Ciudadano quiso eludir la prohibición que existe para las aportaciones de empresas. Esa artimaña, por fortuna fallida gracias a las indagaciones del INE que impuso una multa de 28 mdp, tendría que ser el verdadero escándalo que devela la deshonestidad del gobernador electo y de quienes lo defienden en su partido.
