Este texto que usted comienza a leer tiene mil palabras. Las cuatro cuartillas que lo componen, las escribo en un archivo digital que tiene 250 Kilobytes. 4 mil artículos de esta dimensión, ocupan un espacio de casi un Gigabyte. Un Terabyte equivale a mil Gigabytes. Es decir, en un disco duro de un Terabyte, como el que tiene la computadora en la que escribo, cabrían 4 millones de archivos de este tamaño.
Los documentos extraídos de servidores de cómputo de la Secretaría de la Defensa alcanzan una magnitud de seis Terabytes. Si todos esos documentos tuvieran extensión y formato como los de este artículo, serían 24 millones. Pero si tienen imágenes, si entre ellos hay videos o audios, o si son de más páginas, cada uno ocupará más espacio y el número de documentos sería menor.
Los periodistas que han tenido acceso a ellos dicen que se trata de mensajes de WhatsApp y Signal y de transcripciones de conversaciones telefónicas, todos ellos dirigidos a, o enviados por funcionarios de la Sedena. Tan sólo inventariar esa enorme colección de archivos llevará varias semanas. En la revista Proceso, el reportero Mathieu Tourliere aseguró que se trata de más de 4 millones de correos electrónicos. La mayoría son informes rutinarios pero entre ellos hay “por lo menos 198 mil correos electrónicos que contienen información confidencial”. No explica cómo fueron contabilizados tales correos.
La enorme filtración fue difundida en México por Carlos Loret de Mola, en el programa que Latinus coloca en línea los jueves por la noche. El grupo de hackers “Guacamaya” infiltró los archivos digitales de la Defensa mexicana y de otros cuatro países latinoamericanos.
En Chile, ese grupo extrajo 400 mil correos del Estado Mayor Conjunto, que ocupan 366 GB.
De las computadoras de las Fuerzas Armadas de El Salvador, fueron obtenidos 250 mil correos y de la Policía Nacional Civil, 10 millones.
En Colombia fueron sustraídos 300 mil correos, que ocupan 420 GB, del Comando General de las Fuerzas Militares.
Del Ejército de Perú, 112 GB con 175 mil correos y 63 con 200 mil mensajes del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas.
Con un discurso maximalista y a la vez provinciano, el grupo Guacamaya cuestiona “el concepto de progreso, civilización y organización de estados del Norte Global” y considera que los ejércitos latinoamericanos son utilizados por los estados “para mantener presos a sus habitantes”. La estructura de las fuerzas armadas y de las policías, indica, “está basada en la corrupción… es un sistema piramidal clasista y racista”. Para denunciar a tales corporaciones infiltró sus sistemas de cómputo y luego, “entregamos esto a quienes legítimamente hagan lo que puedan con estas informaciones”.
Las bases de datos obtenidas mediante la intervención a los sistemas informáticos de esas corporaciones militares fueron enviadas por el grupo Guacamaya al sitio Distributed Denial of Secrets, que publica archivos hackeados a gobiernos e instituciones. El 19 de septiembre, ese sitio puso en línea los documentos de las Fuerzas Armadas de Chile con ligas al sitio “Enlace Hacktivista” que también ha publicado esos archivos.
Desde ese día circularon mensajes en Twitter informando que también habría archivos de México, Perú, El Salvador y Colombia. Los gobiernos de esos países pudieron enterarse, desde entonces, del hackeo que habían sufrido.
Los documentos de las Fuerzas Armadas de Chile fueron públicos el 19 de septiembre. Los archivos de otros ejércitos solamente podrían ser descargados por periodistas e investigadores, previa autorización de los sitios en donde quedaron alojados. Los documentos sustraídos al Ejército Mexicano estuvieron anunciados, y posiblemente disponibles, desde el viernes 23. El primer medio de comunicación que pidió y obtuvo acceso a ellos fue Latinus, gracias a lo cual Loret pudo anunciar las filtraciones y comentar algunos de esos documentos la noche del jueves 29.
En Chile, la filtración de 366 GB de documentos ocasionó que el jefe del Estado Mayor Conjunto, el general Guillermo Paiva, presentara su renuncia. En México, la filtración de una cantidad de documentos 17 veces mayor primero fue negada por los propagandistas del gobierno y luego el presidente López Obrador, el viernes 30, le quiso restar importancia.
La filtración de millones de documentos revela un enorme descuido del Ejército Mexicano. El hecho de que otros ejércitos hayan sufrido sustracciones en sus sistemas de cómputo no exenta de responsabilidad a nuestras autoridades militares y al presidente. López Obrador desprecia, porque no lo entiende, el uso de equipos informáticos en la administración pública. El gobierno gasta sin medida en las obras que el presidente quiere impulsar, pero castiga el gasto para renovar computadoras y actualizar programas informáticos.
Todo parece indicar que los hackers aprovecharon la falta de actualización del software que emplean los servidores en donde se almacena la información del Ejército. El especialista chileno Oscar Sandoval explicó, en su cuenta de Linkedin, que el grupo Guacamaya se valió de errores que no habían sido reparados en la ejecución de códigos del programa Microsoft Exchange, que se utiliza para administrar el alojamiento de cuentas de correo electrónico.
Los periodistas que puedan acceder a los 6 TB de documentos mexicanos tienen una ardua tarea de revisión y selección, así como la responsabilidad para difundirlos sin exponer datos personales que no sean de interés público. La salud del presidente es de indudable interés para la sociedad, así como el intento del gobierno para encubrir la hospitalización de emergencia que tuvo en enero pasado.
A partir de esos documentos, El País ha develado informes de atropellos sexuales cometidos en el Ejército. También se han conocido asuntos aparentemente menores, pero que manifiestan caprichosos abusos de poder, como las instrucciones que dio el secretario de la Defensa para que personal militar bordase con sus iniciales, y las de sus esposa, las toallas que utilizan en su casa.
Es muy preocupante que el Ejército haya descuidado su seguridad informática. Dedicarse a tantas cosas como hace ahora, afecta la capacidad de esa corporación para atender su obligación fundamental que es la seguridad nacional.
