El presidente Rodrigo Paz Pereira manifestó recientemente que el decreto 5503 no va a abrogarse, lo cual me parece bien, porque para cualquier persona con un criterio medianamente desapasionado, la importante elevación del precio de la gasolina y el diésel era impostergable. Sus efectos ya se perciben en el costo de vida, que antes, desde hace algo más de un año, ya se había incrementado por efecto de la escasez de dólares y otras malas políticas del gobierno corrupto y malversador del Movimiento Al Socialismo, que durante 20 años nos hizo creer en una bonanza que inicialmente la hubo, y no por mérito de su política populista, sino por la producción de ingentes cantidades de gas, cuyos pozos fueron descubiertos mucho antes de la implantación del fatídico Proceso de Cambio. En consecuencia, en el caso del incremento del salario mínimo nacional a Bs 3.300, que es un monto que va a complicar la existencia de muchas empresas pequeñas y medianas u ocasionar el despido de sus empleados, es un aspecto que la empresa privada puede sobrellevar —y deberá hacerlo—con imaginación; tendrá que llevar a cabo iniciativas y estrategias que atenúen el impacto que los más vulnerables ya están sintiendo en sus bolsillos.
En contrapartida a los efectos negativos que eran de esperarse en cuanto a la devaluación de los ingresos de quienes no están comprendidos en las categorías de trabajadores independientes o los de la tercera edad, que no están comprendidos en el incremento a Bs. 500, de todas maneras el saqueo de las arcas fiscales por 20 años supondrá que la recuperación de la economía nacional sea lenta y no sin sobresaltos para los administradores del Estado y los propios ciudadanos, en tanto la economía no puede sustraerse al comportamiento del resto del mundo y su propia dinámica dependiente de una multiplicidad de factores internos, que hacen muy difícil hacer pronósticos absolutamente certeros.
Pero bien, el primer mandatario también dijo que este instrumento es perfectible.
Empero, lo que no tiene justificativo es el aumento en las rentas vitalicias de los expresidentes y exvicepresidentes, aspecto sobre el que de manera expresa el decreto no se pronuncia, pero que se lo da por inmejorablemente cierto en virtud de la Ley 376, que instituye una renta vitalicia en favor de aquellos, equivalente a 10 salarios mínimos nacionales, lo que supone que a partir de enero próximo todos los exmandatarios percibirán Bs 33.000 por mes, yendo en contra ruta de la tendencia mundial en países del primer mundo, pequeños, en desarrollo y pobres -como el nuestro- de eliminar tal reconocimiento.
México, Panamá, Brasil y Uruguay, cuyas economías tienen una solidez incomparablemente superior a la nuestra, o El Salvador y casi todos los países europeos desarrollados, no contemplan ese beneficio para sus expresidentes. Naciones como la Argentina están en un debate abierto para la supresión del mismo en atención a su débil economía ocasionada por el peronismo en varias décadas de ejercicio gubernamental con una política asistencialista y de despilfarro.
A quienes aducen que un exmandatario no tiene posibilidades de encontrar un oficio o trabajo, o que la eventual supresión de su renta vitalicia no incidiría en nada para la recuperación de nuestra economía, déjenme decirles que, primero, cualquier candidato a las dos primeras magistraturas con posibilidades de triunfo es gente que tiene recursos materiales y un patrimonio muy superior al común de la gente, y que durante sus mandatos no gasta en transporte, alimentación ni en muchas necesidades inherentes a la cotidianeidad. En el caso de los profesionales o los intelectuales sin formación académica, tienen la posibilidad de acceder a diferentes organismos internacionales o dictar conferencias y, finalmente, como cualquier otro trabajador, pueden acceder al beneficio de la jubilación ordinaria. ¿O es que, por el hecho de haber sido las primeras autoridades del país, deben necesariamente llevar una vida suntuosa por el resto de sus vidas?
Por otra parte, claro que eliminar la renta, no va a solucionar nuestra miseria, eso está más claro que agua de pozo. Pero reducirla supondría cuando menos una medida empática, honesta, moral, ética y solidaria con el trabajador que no se beneficiará nunca con una jubilación o un salario mínimo, una señal de que los políticos también pueden tener vergüenza y alinearse con el ciudadano común. Que no se haya reducido por lo menos a la mitad me parece odioso, pero que se les haya incrementado me parece una humillación… esa sí cloacal.
Augusto Vera Riveros es jurista y escritor
