Hace unos días, con la excusa de que en Santa Cruz no se bloquea, a un dirigente evista que brindaba una conferencia de prensa en la plaza 24 de Septiembre, un grupo de la Unión Juvenil Cruceñista, en una demostración de intolerancia, le dio una golpiza. Esas actitudes, que no son nuevas de este colectivo, que no es más que el brazo violento del Comité Pro-Santa Cruz, son la réplica de lo que los círculos democráticos rechazan permanentemente cuando vienen del otro lado, en el que las hordas masistas han hecho del bloqueo, la humillación, el racismo y el regionalismo su instrumento de lucha. La violencia, sin importar de donde venga, es inadmisible desde cualquier arista. Pues la política es el arte de confrontar ideas y no de intercambiar pateaduras.
Tristemente, para una democracia incipiente, que es la que tiene Bolivia, las diferencias raciales, sociales y políticas derivan en brutalidad, como estamos viendo a través de los bloqueos de carreteras y arterias urbanas, principalmente en La Paz.
La reciente afirmación del presidente Rodrigo Paz sobre su familiaridad y, por ello, despreocupación con las movilizaciones y marchas, no puede traducirse en una licencia para la inacción estatal. Si bien es cierto que Bolivia ha normalizado el bloqueo como herramienta de presión —una práctica institucionalizada en décadas pasadas—, esta «herencia de conflicto» no justifica el desamparo de millones de ciudadanos que hoy sufren el desabastecimiento y la asfixia económica.
Sin embargo, el mandatario parece enfrentar esta crisis en una alarmante soledad. Se observa un gabinete que carece del perfil técnico y político necesarios para contener actos que, aunque se escudan en demandas como la «gasolina basura» (gran daño económico a muchos miles de bolivianos, dicho sea de paso), esconden una agenda de desestabilización. El problema del combustible contaminado, que ha afectado a miles de vehículos, está siendo instrumentalizado para pavimentar el camino hacia la impunidad de Evo Morales ante las graves acusaciones por delitos comunes que pesan sobre él.
Esta conflictividad crónica ha llevado a muchos a cuestionar si ser la sede de gobierno es realmente una ventaja. La historia reciente demuestra que, lejos de ser un beneficio, se ha convertido en un perjuicio para el desarrollo paceño. El asedio constante ha provocado que gran parte del aparato industrial y muchos ciudadanos migren, principalmente a Santa Cruz, buscando la estabilidad que La Paz ya no ofrece. En este contexto, las recientes declaraciones de la concejala Casimira Lema —quien vio con buenos ojos debatir el traslado de la sede para aliviar el castigo económico a la ciudad— no deberían ser motivo de «crucifixión» mediática. Es su derecho de opinión y, para muchos, una reflexión cargada de razón: La Paz está cansada de ser la rehén de Bolivia.
Detrás del caos en las carreteras subyace un objetivo claro: forzar el colapso del gobierno para retomar el control de las instituciones judiciales. El fin último de esta asfixia no es el bienestar del transportista o la mejora del servicio, sino someter a Bolivia a un nuevo periodo de dictadura sindical. Se busca, mediante la presión de la calle, que la justicia claudique ante el chantaje político.
Señor presidente: gobernar no es coexistir con el caos, sino ejercer el principio de autoridad. Actualmente, el cerco sobre las ciudades impide el paso de medicamentos y alimentos, provocando que solo en La Paz se pierdan unos 15 millones de dólares diarios. Es imperativo que el Ejecutivo promueva mecanismos constitucionales efectivos como el uso del monopolio de la violencia legitima o la Ley Antibloqueos, para poner fin a esta arbitrariedad.
Detrás del caos en las carreteras subyace un objetivo claro: forzar el colapso del gobierno para retomar el control de las instituciones judiciales. Más todavía: interrumpir el orden constitucional.
Señor presidente: la autoridad no es autoritarismo, sino la salvaguarda de la democracia frente a la tiranía de grupos que secuestran el futuro del país para liberar a quienes deben rendir cuentas ante la ley, como Evo Morales, el siniestro presidente que tuvimos. Bolivia necesita una respuesta firme que restaure el orden y garantice que ningún interés político esté por encima del bienestar colectivo.
No sé si cuando esta nota sea publicada el gobierno finalmente haya asumido conciencia de que los bloqueos sí deben merecer la atención de sus administradores, o aquellos hayan temporalmente cesado. Pero no podemos estar a merced de “ponchos rojos” que estén dispuestos a derrocar al gobierno legalmente constituido, a una dirigencia del magisterio cuyas posiciones radicales, que obedecen al trotskismo, pretendan imponer un salario de Bs. 10 mil, cuando ninguno de sus miembros trabaja más de cinco horas diarias o menos, gozan de vacaciones de casi tres meses por año, muchos trabajan en turnos de colegios particulares y ningún sector de la administración pública fue beneficiado con algún incremento.
¡Basta de bloqueo al desarrollo!
Augusto Vera Riveros es jurista y escritor
