La historia política de Bolivia ha dejado una lección repetida y dolorosa: el sindicalismo, cuando se deja seducir por las mieles del poder, suele extraviar irreversiblemente el rumbo de sus principios fundacionales y traicionar la memoria de quienes construyeron su lucha. Hoy, el país asiste atónito a un espectáculo de contradicciones que desafía cualquier lógica de coherencia ideológica o ética pública: la Central Obrera Boliviana (COB), institución que durante dos décadas fue parte estructural, activa y beneficiaria del proyecto político oficialista, hoy se presenta vestida de opositora radical, asumiendo banderas de protesta y exigiendo la renuncia de un gobierno surgido de la misma Constitución que antes defendió a capa y espada.
Resulta, cuanto menos, sintomático y revelador que durante los últimos veinte años —a lo largo de las gestiones de Evo Morales y Luis Arce— la palabra “renuncia” hubiera sido borrada por completo del diccionario y del repertorio de reclamos de la dirigencia cobista. En aquel extenso periodo, marcado por profundas transformaciones, pero también por crecientes concentraciones de poder, la cúpula sindical no se limitó a ser una aliada estratégica: se convirtió en una pieza fundamental e indispensable del engranaje estatal. Lejos de mantener la independencia que debería definir a todo movimiento obrero, formó parte de la toma de decisiones, participó en la administración pública y se benefició directamente de las dádivas, prebendas, cargos y concesiones que el poder político distribuía a sus aliados.
Ese silencio cómplice de dos décadas, esa ausencia de crítica frente a errores, abusos, desviaciones o decisiones cuestionables, no fue gratuito ni casual; constituyó, en esencia, el precio pactado a cambio de la cooptación del movimiento obrero. Fue un intercambio en el que las dirigencias aseguraban su estatus, sus privilegios y su influencia, a costa de renunciar a su función esencial de vigilancia, control y defensa irrestricta de los intereses de la clase trabajadora. Hoy, sin embargo, ante un escenario de crisis económica, incertidumbre social y fracturas internas en el propio bloque de poder, esa misma dirigencia pretende borrar su pasado, negar su historia y ocultar su compromiso bajo un discurso renovado de urgencia, movilización y supuesta defensa de la democracia y la justicia.
Pero lo más grave, lo que constituye quizás la mayor hipocresía de este proceso, es que los propios dirigentes sindicales que hoy encabezan las movilizaciones y exigen la renuncia del Presidente son, en su gran mayoría, funcionarios públicos que gozan de la condición de «declarados en comisión». Esta figura administrativa, concebida originalmente para permitir que un solo representante —generalmente el Secretario General— pudiera dedicarse de tiempo completo a la gestión gremial sin perder su fuente laboral, se ha convertido en un mecanismo generalizado de beneficio y estabilidad laboral para toda la cúpula dirigencial, sin límites ni controles.
En la práctica, se ha desnaturalizado la norma: hoy no es solo el Secretario General, sino decenas de dirigentes de todas las ramas y niveles quienes aparecen eternamente declarados en comisión, protegidos del despido, asegurando su ingreso mensual por parte del Estado, sin asistir a su puesto de trabajo y usufructuando una situación que viola toda lógica administrativa. Lo que debía ser una excepción reglada —con límites temporales claros, permitiendo la reelección por una sola vez y obligando al retorno automático a las funciones originales al finalizar el mandato— se ha transformado en una forma de vida y en una carrera burocrática perpetua. Ninguno de estos dirigentes vuelve a su puesto de base; la comisión se vuelve indefinida, encadenando mandatos y cargos, financiados por el propio Estado al que ahora critican y al que ahora exigen su fin.
Esta realidad desnuda el verdadero fondo del conflicto: son trabajadores protegidos, con estabilidad garantizada y sueldo seguro pagado por las arcas públicas, quienes convocan a la lucha, mientras la base trabajadora sufre la falta de empleo, los bajos salarios y la precariedad que ellos mismos no padecen. Exigir la dimisión de una autoridad constitucional, elegida bajo las mismas reglas de juego que antes se legitimaron y celebraron, cuando se ha sido cómplice, parte y beneficiario directo del mismo sistema político, económico y administrativo que hoy se critica —y además sostenido económicamente por ese mismo sistema mediante beneficios que violan la normativa vigente— constituye una grave afrenta a la ética pública, a la memoria histórica y, sobre todo, a las bases trabajadoras que confiaron en la coherencia de sus representantes.
Lo que estamos presenciando no es, ni por asomo, una gesta obrera genuina ni un despertar de conciencia social; se trata, más bien, de una maniobra calculada de supervivencia política. Es alarmante observar cómo la entidad matriz del movimiento obrero nacional opera hoy en una extraña y reveladora complicidad con organizaciones no gubernamentales, sectores de oposición y exautoridades que alguna vez fueron parte central del propio proceso de cambio, y que tras haber quedado fuera del reparto de poder y del “banquete estatal”, buscan ahora, desde fuera, forzar salidas institucionales cuestionables y caminos que rozan lo antidemocrático.
El sindicalismo boliviano se encuentra hoy frente a un espejo implacable que le devuelve una imagen profundamente desgastada: la de una dirigencia que, en lugar de mantener firme su brújula hacia la justicia social, la equidad y el bienestar colectivo, parece haber cambiado la lucha leal por los derechos laborales por el pragmatismo oportunista de las cuotas de poder, las prebendas y la negociación permanente de su lealtad.
La pregunta que queda flotando en el aire, y que la ciudadanía no puede dejar de formularse, es clara y contundente: ¿Busca realmente la actual dirigencia de la COB el bienestar integral del trabajador boliviano, la estabilidad del país y el respeto a las instituciones, o simplemente está renegociando su posición y su lealtad al mejor postor, asegurando al mismo tiempo sus privilegios laborales obtenidos bajo condiciones irregulares, en medio del naufragio de un proyecto político que ya no puede garantizarle los beneficios de antaño?
La historia, esa jueza infalible que todo lo registra, y sobre todo el pueblo trabajador, que sufre en carne propia las consecuencias de estas oscilaciones, sabrán juzgar este giro de timón repentino, que más que responder a convicciones profundas, a principios sólidos o a una nueva propuesta de país, huele inevitablemente a oportunismo, a falta de escrúpulos y a una traición silenciosa a los ideales que alguna vez dieron vida y fuerza a la Central Obrera Boliviana.
