El ministro Pary sostuvo recién que Chile solicitó “un plazo de tres meses adicionales para hacer una respuesta escrita de la dúplica boliviana”, en el proceso del Silala en La Haya. Pary agregó que si se acepta esa solicitud “…significa que la etapa oral se alargará hacia adelante y eso deberá definirlo la Corte, cuáles son las fechas que se van a establecer”.
Sentí en el Canciller un dejo contenido, pero aliviado, al usar el verbo “alargar” (y “hacia adelante”, puesto que lo inverso en efecto sería milagroso), pero quizá mi oído se desafinó por el frío de la puna. Estoy seguro, empero, de que no percibí apuro de que el caso se resuelva antes de las elecciones de octubre.
El Canciller coronó así un mes de mensajes que contrastan con el pasado de ofensiva y algarabía, usuales en el Gobierno hasta el fallo de La Haya de octubre pasado. No está mal bajar los humos después de ese porrazo, pero las declaraciones sucesivas y de varios portavoces fueron más allá: confirmaron urbi et orbi que el panorama del Silala está nublado.
El 8 de mayo, haciendo de la necesidad, virtud, el Presidente predicó que “mejor es negociar, dialogar”. “Chile nos demandó sobre el tema del Silala, ahí la defensa y, más bien, yo quisiera que empiece el diálogo entre Chile y Bolivia, tantos temas que tenemos que debatir, pero algo quiero que sepan, más agua entra de las cordilleras de Chile a Bolivia que más agua se va de Bolivia hacia Chile, si es así la situación geográfica, mejor es negociar, dialogar”.
El 15 de mayo, el expresidente Rodríguez Veltzé alegaba igual, en una entrevista: “Los entendimientos del derecho internacional sobre aguas son muy reveladores en tanto exigen que la gestión de aguas o las disputas relativas al recurso agua deban merecer un tratamiento de cooperación, de entendimiento y no de confrontación”. “En esa línea, quiero destacar que la política del país en esta materia y con sus cinco vecinos ha sido precisamente esa, la de entendimiento y cooperación, y esperamos que este tema del Silala eventualmente también conduzca a un entendimiento favorable, sobre todo resguardando la soberanía del pueblo y de sus recursos naturales”.
En cambio, el aún canciller chileno Ampuero (entretanto cesado por mal desempeño, según el periódico La Tercera, pero no por el Silala) no traslucía ánimo amistoso; al contrario, más bien cáustico, repetía en mayo que Bolivia deberá desmentir la ley de la gravedad en este caso.
El expresidente Rodríguez quitó además peso jurídico al juicio, al afirmar que: “El caso (…) del Silala es especial porque más que una determinación, no solo jurídica, también hay un entendimiento fáctico (de hecho científico), que deberá asumirse con gran rigor”.
El expresidente Rodríguez Veltzé tiene razón, pero invita a colegir el porqué de esa explicación justo de parte del agente jurídico y cuando tres instancias de primera fila, como él mismo, el Presidente y Diremar tocan los tambores, pero ahora para negociar. Porque al día siguiente de la entrevista al expresidente, el secretario de Diremar “afirmó que en conflictos en el que la disputa es por el agua es mejor ir por la vía de la cooperación y negociación. Hizo esta declaración al referirse al diferendo con Chile sobre las aguas del Silala”.
Para rematar, el Presidente ofreció en Oruro “nombrar embajadores de los Países Bajos a los dirigentes de la Central Obrera Bolivia (COB) y la Central Obrera Departamental de Oruro (COD) si realizan una buena gestión sindical. Esa embajada es dirigida actualmente por Eduardo Rodríguez”. Y luego se reportó el retiro de la candidatura de éste a la CIDH. Tentar a la COB con la embajada que ocupa el expresidente y admitir sin más el retiro de su postulación a la CIDH denotan algo la estima actual por su misión.
Por este recuento, suena abnegado deducir que esta vez nos tocará ganar en La Haya. Y si el Gobierno no tiene Plan B, tal vez le basta respirar hondo porque el proceso del Silala “se alargará”. Al menos su resultado no influirá en las elecciones, se consolará alguno.
Gonzalo Mendieta Romero es abogado.
