La otra semana estuve en un evento organizado por una senadora de Comunidad Ciudadana, KOIKA y UNFPA (una agencia de la ONU que se dedica a promover los derechos sexuales y reproductivos, la salud y la igualdad de género, sobre todo para mujeres, jóvenes y otros grupos vulnerables). En el evento, llevado a cabo en un bonito hotel de la zona sur de La Paz, se difundió un proyecto de ley que busca “erradicar la impunidad en delitos sexuales contra niñas y adolescentes”, según indica la nota de prensa que se repartió a todos los periodistas que estuvimos invitados; entre las “transformaciones clave” del proyecto de ley, se menciona la modificación del Código Penal, para que los delitos de infanticidio y abuso sexual infantil no prescriban, “permitiendo justicia en cualquier momento”.
La senadora que invitó a los periodistas —entre los cuales había reconocidos presentadores de televisión, periodistas radiofónicos de renombre y redactores de importantes medios escritos, casi todos críticos con el MAS en todos estos años— pidió que hiciéramos una campaña para promover el éxito del proyecto de ley o una alianza (“lobby”, fue la palabra) político-mediática para que el cometido fuera a parar a buen puerto y no muriera en el intento de.
Al término de la exposición de la senadora y de algunas otras intervenciones del público, las cuales ponderaron la progresista y atractiva moción, tomé el micrófono desde mi solitaria mesa para expresar que a mí me parecía que, más que una campaña periodística (la cual siempre corre el peligro de ser acrítica), mejor sería debatir la propuesta o analizarla entre todos. Hice dos preguntas, una de forma y otra de fondo. La segunda era básicamente así: “Dado que la prescripción es un instituto de la ciencia del derecho tan antiguo y con tan amplio fundamento (según algunos filósofos jurídicos, la más importante institución), con antecedentes en el derecho romano y en la tradición jurídica anglosajona, cuyo fin consiste básicamente en la paz social y el castigo de la negligencia del potencial denunciante, ¿sería sabio eliminarla…?”. ¿Se había hecho un estudio con base en criterios de la ciencia jurídica (y no en criterios políticos, generalmente distorsionadores de la realidad), contemplando no solo estadísticas de niños violados, sino además las repercusiones de la eliminación de la prescripción en el funcionamiento de un Estado de derecho?
Al cabo de mi alocución, noté que mis preguntas habían caído como un balde de agua helada en el auditorio de comunicadores y que habían desconcertado a la legisladora, quien tal vez no había contemplado la posibilidad de que hubiera reparos ante su progresista empresa o un periodista aguafiestas que le pusiera peros. Y luego de mí tomaron la palabra dos o tres jóvenes que me aludieron sin nombrarme, protestando por las posiciones “conservadoras” y “retrógradas” de cierta gente que no comprende los tiempos actuales…
El motivo por el cual me animé a interpelar a la senadora tiene que ver con el espíritu crítico que me anima y no con ninguna mala intención que obstruya la reparación de daños perpetrados contra los desvalidos del mundo. Más que una posición conservadora, me parece una posición racionalista, pues fue de manera racionalista, a partir sobre todo del Iluminismo, que se fue sistematizando el derecho y haciendo la democracia que hoy todos queremos. Sucede que muchas cosas del pasado lejano siguen sirviendo hoy en día, e intentar preservarlas no significa poseer un espíritu conservador (en el mal sentido de este término), sino objetivista; a saber, uno que es atemporal y reconoce postulados filosóficos que sostienen la realidad de valores y verdades con independencia del sujeto, siempre diferente en cada época.
En todo caso, a mí los conservadores me parecieron ellos, que apoyaron el proyecto de ley sin pasarlo por la criba del análisis razonado. Se habló de “conquistar más derechos” con el paso del tiempo, sin tener en cuenta que el derecho, desde la filosofía jurídica, es algo que no puede conquistarse indefinidamente, pues debe tener límites. Me pareció que en el auditorio imperaba un espíritu altamente conservador, en el sentido de que preservaba viejos hábitos —como no cuestionar lo que se propone— de lo que Kant llamó minoría de edad intelectual. Allí se podía ver aquello que el politólogo boliviano Jorge Lazarte describió como “consenso compulsivo”, que debilita el ya de por sí escaso “disenso creador”, actividad propia de sociedades que saben que no todo lo que parece un avance es un avance y que no todo lo que parece conservador realmente es tal.
Ignacio Vera de Rada es politólogo y comunicador social
