Fui siempre respetuoso de las opiniones ajenas, aun cuando respecto a uno o varios temas las mías sean diametralmente opuestas. Soy respetuoso de la libertad de pensamiento y con quienes tienen la suficiente capacidad para hilvanar ideas y verter opiniones, aunque con ellos disienta.
Y es en ese marco que los pasados días estuve leyendo en la prensa escrita, escuchando en la radio y viendo en las redes sociales a algunos analistas políticos que daban fórmulas respecto a la destitución del vicepresidente Edmand Lara, mediante distintos mecanismos legales, por parte de lo que comúnmente se llama la “clase política”.
Como boliviano, no tengo ningún interés en que eso suceda, porque salimos de un periodo casi tenebroso con consecuencias políticas tan escabrosas que hoy, como una gran mayoría, preferiría olvidar y que la democracia verdaderamente presida la vida en nuestro país. Pero tampoco puedo ignorar opiniones que no obedecen a razonamientos jurídicos atendibles ni políticamente recomendables.
Y mi desinterés por una salida de cese de funciones del segundo mandatario derivaría de las experiencias con tintes trágicos de un clima político y social de 2019, independientemente de que Edmand Lara está protagonizando una inédita y desatinada confrontación con el presidente, del que fue su acompañante de fórmula. El perfil psicológico del vicepresidente ya permitía anticipar antes de su posesión que iba a ser un engorro para la gobernabilidad, pero la velocidad con que se distanció de Rodrigo Paz y la dureza de sus desacuerdos con este, verdaderamente han sorprendido hasta al más pesimista respecto a la viabilidad del binomio.
De todas maneras, si bien el Art. 240 de la Constitución Política del Estado prevé que toda persona que ejerza un cargo electivo puede ser revocada de su mandato, por determinación del mismo precepto la revocatoria podrá solicitarse cuando haya transcurrido al menos la mitad del periodo del mandato. Es decir, hasta dentro de dos años y medio, lo que descalifica cualquier posibilidad de hacerlo mediante una ley cuyo anteproyecto fue presentado por un exconsejero de la magistratura. De hecho, destituir a un vicepresidente mediante una ley sería una aberración jurídica, inconstitucional por donde se la vea; por tanto, casi imposible de que suceda, evidenciando un retroceso en la calidad del Órgano Legislativo respecto a las dos últimas décadas que ya fueron insufribles, y se incurriría en un delito, pues ninguna parte de la Constitución ni de la Ley 044 prevén que la institución de la Vicepresidencia pueda quedar acéfala como resultado de una conducta, como la de su titular, que raya en lo inverosímil, pero que tampoco ingresa en el campo penal. Lo de Lara simplemente es insólito.
Y a estas alturas del ejercicio presidencial de Paz Pereira, que son contados días, nada justifica que el vicepresidente se haya declarado opositor al régimen, sin importar que la mayor parte del caudal de votos obtenidos por el Partido Demócrata Cristiano se lo deba a él, lo cual está fuera de discusión, pero hay claramente una autoridad que está por encima suyo y que está dosificando el lanzamiento de las medidas económicas, seguro estoy, por temor a las reacciones populares que han hecho de Edmand Lara una especie de líder transitorio y de consuelo… Pero Evo Morales, Andrónico y toda la izquierda populista no dejarán de utilizar al nobel político para incentivar el enfrentamiento.
Es cierto que, en derecho, la ley puede aplicarse por analogía en ciertos casos, pero nunca por aproximación y quizá forzando el texto del Art. 170 de la Constitución Política del Estado, que está reservado únicamente para el presidente, tal vez de Lara pueda aducirse un impedimento definitivo por alguna condición mental que le impida ejercer la magistratura, pero ello sin duda es muy improbable que suceda, en tanto ello debe estar certificado por profesionales altamente especializados, lo cual es muy difícil que ocurra. Aun si eso se diera, el costo político para el gobierno sería de dimensiones mayúsculas, porque Lara —y él bien lo sabe— tiene una base popular importante que es derivada, y en cierta forma coyuntural, del evismo y todos sus movimientos sociales.
Coincido con quienes erradamente piensan que Edmand Lara puede ser inmediatamente revocado por iniciativa ciudadana o como consecuencia de un juicio de responsabilidades, cuyas causales no se ajustan al extraño comportamiento del vicepresidente, en que Paz Pereira está a tiempo de buscar a su hoy adversario para compatibilizar ideas y remar hacia el mismo lado.
Augusto Vera Riveros es jurista y escritor
