Democracia sin demócratas

Inger Enkvist

Dado que el tema de este número de Revista de Libros es la polarización, en este texto explico cómo, durante el periodo comprendido entre 1931 y 1936, es decir, la Segunda República española, en solo cinco años y tres meses se genera en la población española una polarización prácticamente total. Estamos hablando de los años entre la caída de la monarquía y el estallido de la guerra civil.  

Vamos a hacer hincapié en tres fechas: el 14 de abril de 1931, el 5 de octubre de 1934 y el 16 de febrero de 1936, explicando por qué una democracia no sobrevive si sus líderes no mantienen el orden y el respeto por la ley y si no aceptan la legitimidad del adversario. Después veremos el uso sesgado de este periodo histórico con fines políticos y la presentación de esta etapa en los manuales escolares actuales.

Un periodo menos democrático de lo que se dice

La Segunda República empezó mal. El país volvía a la democracia tras el régimen militar de Primo de Rivera entre 1923 y 1930. En abril de 1931 se celebran unas elecciones municipales y ganan los monárquicos. Sin embargo, ciertos partidos se han declarado republicanos e intentan que las elecciones municipales representen un referéndum sobre la monarquía. Estos partidos ganan en las grandes ciudades y sus resultados se dan a conocer antes que en el resto del país. En esa situación, el rey abandona el país, creando un vacío de poder, y nadie sabe lo que va a suceder. Los partidos monárquicos deciden entregar el poder a los republicanos, pero ¿quiénes son realmente los líderes en ese momento? Resulta que los únicos que se presentan para hacerse cargo del gobierno son un pequeño grupo de políticos republicanos que, menos de un año antes, habían formado una alianza para tomar el poder mediante una rebelión armada. Los miembros del grupo intentaron entonces poner en marcha sus planes, pero el golpe fracasó.  

Cuando la República se proclama el 14 de abril de 1931, ese grupo acede al poder sin violencia, lo cual no quiere decir que esa operación sea un proceso democrático. De hecho, estos golpistas fracasados han perdido las elecciones, una elecciones solamente municipales y no generales. Acceden al poder porque los ganadores de las elecciones les ceden el poder. La población no ha votado ningún programa gubernamental y menos todavía ha votado a favor de cambiar un régimen monárquico por otro republicano. Este aspecto no se suele subrayar en la descripción de la Segunda República. La ausencia de hechos violentos no convierte el proceso en democrático. Desde la perspectiva de la legalidad, podemos calificarla como una «zona gris». Vamos a encontrarnos con otras situaciones similares durante la Segunda República.

El nuevo Gobierno interino nombra presidente del país a Niceto Alcalá-Zamora y presidente del Consejo a Manuel Azaña. Estos líderes reemplazan rápidamente a las autoridades monárquicas por representantes de los partidos republicanos e introducen por decreto una reforma militar, una reforma agraria y una reforma electoral, y, además, una nueva bandera y un nuevo himno nacional. Lo más llamativo tal vez sea lo que no hace el Gobierno porque no interviene cuando, solo un mes después de la proclamación de la República, grupos republicanos anticlericales incendian numerosas iglesias y monasterios. Tampoco pone fin a las huelgas y a los atentados anarquistas que afectan negativamente a la vida económica. Todos ven que el Gobierno no hace respetar la ley, dado que no persigue a los criminales que incendian las iglesias. Los católicos constatan que tiene una actitud hostil hacia ellos. Del mismo modo, los empresarios observan que el Gobierno, al no mantener el orden público, no protege el funcionamiento de la economía. Así, la polarización en la Segunda República empieza desde el principio.

Las elecciones generales se convocan para junio. El Gobierno interino necesita reforzar su legitimidad, pero los partidos políticos no han retomado su actividad después de la interrupción del régimen de Primo de Rivera y no están preparados para una campaña electoral. El único partido que dispone de una organización y de representantes en todo el país es el PSOE que ha colaborado con Primo de Rivera. Además, cuentan con los militantes de su sindicato, UGT. Los demás partidos están desorientados y en particular los monárquicos. Además, la ley electoral ha cambiado las circunscripciones. El resultado es un vuelco político importante. En abril de 1931 habían ganado los monárquicos, pero, en junio del mismo año, ganan los partidos republicanos y socialistas, y empieza un «bienio» radical.

Durante el otoño de 1931 se redacta una nueva constitución, con Azaña como motor del proyecto. Este procede sin tomar en cuenta las opiniones de la oposición. Los grandes temas que dividen la población son la relación entre la Iglesia y el Estado y la unidad territorial del país. Tiene lugar un ataque a la Iglesia por parte del Gobierno. Lo más conflictivo es quitar a la Iglesia el derecho de educar, pero también se introduce el matrimonio civil, proponiendo que el Estado ya no pague los salarios de los sacerdotes. Al mismo tiempo, los nuevos mandatarios imponen la disolución de la orden de los jesuitas. En octubre, Azaña afirma en las Cortes que España ha dejado de ser un país católico. Como comenta Alcalá-Zamora en privado, es una Constitución que humilla a la oposición.

La ofensiva antirreligiosa tiene un efecto profundamente polarizador. El Gobierno actúa como si fuera todopoderoso y como si los que no piensan como él carecieran de importancia. Una parte de la población se siente directamente agredida por su propio Gobierno. El descontento está servido.

Anexada a la Constitución de 1931 viene La Ley de Defensa de la República, un instrumento creado por Azaña para controlar a la oposición. Se prohíbe criticar al Gobierno, lo que relativiza los derechos que garantiza la Constitución, convirtiendo la actuación del Gobierno en contradictoria. Esta ley no es respetuosa con la democracia.

Hablando de la Segunda República, lo que no siempre queda claro es que quienes proclaman la República no solo fuerzan un cambio de régimen, sino que también imponen una política socialista. En aquel momento —como ahora— se mezclan de cualquier manera los términos de república, democracia y socialismo, produciendo una confusión que dificulta la comprensión de lo que sucede. Es cierto que en junio de 1931 ganan los partidos republicanos, pero no está claro que la población esté a favor de la política socialista que introduce el Gobierno. Tan pronto como en 1932, hay sublevaciones contra la República, unas organizadas por grupos anarquistas y otra por el ejército bajo el general José Sanjurjo. Estos ataques se sofocan en seguida, pero ilustran la falta de popularidad de la política del Gobierno.

Ante esta situación, la derecha sabe que tiene que organizarse. José María Gil-Robles crea en 1933 una alianza de partidos de tendencia católica, la CEDA, y varios partidos monárquicos deciden ser más activos. Uno de sus líderes se llama José Calvo Sotelo. En noviembre de 1933 se convocan elecciones generales y resultan vencedores los partidos de centro-derecha, convirtiéndose la CEDA en el partido más votado.

Sin embargo, la izquierda no acepta perder el poder. Considera que representa al pueblo y que sólo si la izquierda gobierna hay democracia. La República le pertenece, y las elecciones solo deben confirmarlo. Azaña incluso intenta anular el resultado electoral. Esta actitud es claramente no democrática, no respeta al adversario y no acepta que gobierne este cuando gana las elecciones. Varios líderes de la izquierda, entre ellos ex ministros como Francisco Largo Caballero e Indalecio Prieto, empiezan a preparar una sublevación armada. Actúan como si la democracia sólo fuera un camino entre otros para hacerse con el poder.

La sublevación del 5 de octubre de 1934 constituye el hecho central de la Segunda República. Los socialistas, comunistas y anarquistas no suelen colaborar, pero en esta ocasión se alían para recuperar el poder a través de un levantamiento armado. Es difícil entender que unos exministros organicen una rebelión armada contra un Gobierno democráticamente elegido. El levantamiento se multiplica por todo el país y en Barcelona se proclama además la independencia. La insurrección es controlada rápidamente, excepto en Asturias, donde dura dos semanas. Los rebeldes imponen allí la dictadura del proletariado y ejecutan a una serie de «enemigos del pueblo», como por ejemplo dueños de fábricas y curas. A pesar de la corta duración de los disturbios, los dos años que le quedan a la República estarán marcados por los juicios contra los revolucionarios. La izquierda los presentó como héroes. Usar la palabra «polarización» en referencia a la sublevación de 1934 resulta demasiado suave, ya que el proyecto es introducir una dictadura y eliminar físicamente a algunos de los adversarios.

El presidente del país sigue siendo Alcalá-Zamora. Por razones personales, no le gustan los líderes de centro-derecha que tienen la mayoría parlamentaria y, para evitar darles el poder, nombra presidente del Consejo a un hombre mayor sin apoyo en el Congreso. Así, Alcalá-Zamora se ha colocado él mismo en una situación difícil. A pesar de que queda bastante tiempo de legislatura, convoca elecciones generales para el 16 de febrero de 1936.

Después de la rebelión de Asturias, el ambiente del país sigue enfebrecido y se registran actos de violencia política. Las elecciones hacen subir la temperatura política más todavía. Los partidos que habían colaborado en la sublevación crean una alianza electoral que llaman «Frente Popular». Su mensaje a los votantes es exigir la liberación de todos los implicados en la Revolución de octubre y el castigo de los militares y guardias civiles que habían acatado las órdenes del Gobierno defendiendo el Estado democrático. Es el mundo al revés. En las elecciones, la CEDA y los partidos monárquicos y centristas se presentan por separado y como antirrevolucionarios.

Las elecciones de febrero de 1936 son las más fraudulentas del siglo XX español, algo documentado por los historiadores Manuel Álvarez Tardío y Roberto Villa García en 1936. Fraude y violencia en las elecciones del Frente Popular (Espasa, 2017). Se amedrenta a los que supervisan las elecciones, desaparecen urnas con votos y las listas de los resultados sufren cambios. El ambiente es tenso y amenazante. Después de la primera vuelta electoral (son dos) y sin terminar de contar los votos, el presidente del Consejo en ejercicio deja su cargo precipitadamente y Alcalá-Zamora nombra presidente de nuevo a Azaña. Así, en febrero de 1936, como en abril de 1931, el nuevo Gobierno carece de un mandato democrático claro. El nuevo Gobierno accede al poder sin haber completado el proceso electoral y lógicamente tampoco se han verificado las cifras de votos. Sin embargo, la izquierda declara haber ganado y el nuevo Gobierno de Azaña, apoyado en el Frente Popular, empieza a liberar a los revolucionarios encarcelados. Durante la convalidación de las actas de los diputados, el Frente Popular, sin ningún tipo de escrúpulo, le quita escaños a la derecha. Además, se anulan simplemente los resultados de Granada y de Cuenca donde había ganado la derecha. Como comentan los historiadores, en la primavera de 1936 ha desaparecido todo respeto por el adversario y por la democracia como sistema político.

Nunca se presenta un resultado oficial de estas elecciones. Suele repetirse que la derecha obtiene más votos, pero la izquierda más escaños como consecuencia de su alianza electoral. El centro desaparece. Desde la publicación de la investigación de Álvarez Tardío y Villa García, sabemos sin embargo que hay dudas sobre un 10% de los votos y que nadie puede saber quiénes hubieran ganado si todo se hubiera hecho de manera correcta.

En la primavera de 1936, la izquierda ya no es democrática sino revolucionaria. No respeta la República, sino que la considera sólo como un paso hacia la revolución. El Parlamento depone a Alcalá-Zamora, violando la Constitución, y elige presidente del país a Azaña. Los debates parlamentarios no sólo son agrios, sino que los diputados gritan insultos y amenazas dentro del Parlamento. La palabra polarización queda corta para calificar semejante ambiente.

De febrero a julio de 1936 la vida pública se caracteriza por las huelgas, acompañadas de violencia callejera, y el miedo reina en el país. Los paros paralizan el comercio en Barcelona y el sector de la construcción en Madrid. Las huelgas en los puertos impiden importar y exportar, y en Andalucía llegan a poner en riesgo la cosecha. El Gobierno apenas interviene, quizá porque parte de la izquierda quiere crear una situación propicia a la revolución. 

Esta es la situación la noche entre el 12 y el 13 de julio, cuando el líder más influyente de la oposición, José Calvo Sotelo, es asesinado. Los criminales lo vienen a buscar a su casa en medio de la noche, le disparan dos tiros por detrás y arrojan su cuerpo contra la pared de un cementerio. Los asesinos actúan en grupo, pertenecen a la policía republicana y usan vehículos oficiales. Varios de ellos han sido guardaespaldas de ministros socialistas. El Gobierno prohíbe a la prensa escribir sobre el asesinato, no detiene a los culpables a pesar de que se sabe quiénes son, para tratar de quitarle importancia a lo sucedido. La oposición constata que la República no protege a los ciudadanos contra el crimen, sino que comete crímenes. Unos días más tarde estalla la guerra civil.

¿Un periodo democrático?

Los acontecimientos de la Segunda República nos recuerdan que en una democracia los políticos deben aceptar que el poder lo dan los votos y nunca las armas. Además, es necesaria la paz social para que funcione un sistema de partidos con un debate público sobre temas políticos. Tres elecciones generales se suceden durante la Segunda República, y tanto en junio de 1931 como en febrero de 1936 estamos en una zona gris en cuanto a la legitimidad del resultado. Solo en 1933 fueron buenas las condiciones electorales y, aun así, como hemos visto, hay intentos de anularlas. En la primavera de 1936 ha desaparecido por completo el respeto mutuo necesario para que funcione la democracia.

Hasta el día de hoy, el PSOE no se ha distanciado de Largo Caballero y Prieto, sus líderes revolucionarios de los años 30, sino todo lo contrario. Para conmemorar los 50 años de la rebelión de Asturias de 1934, el Gobierno de Felipe González manda hacer dos estatuas en 1984, una de Largo Caballero y otra de Prieto. Una vez terminadas, se colocan en el barrio de los Nuevos Ministerios de Madrid. Esto significa que, en plena democracia, el PSOE celebra un levantamiento armado contra un Gobierno democrático. En 2005, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero hace retirar, de noche, una estatua ecuestre de Franco colocada en el mismo barrio y muy cerca de las otras dos. Ya que ningún líder socialista ha quitado las otras dos estatuas, hay que concluir que el PSOE sigue aprobando la actuación de Largo Caballero y Prieto.

Las Leyes de Memoria Histórica de 2007 y de Memoria Democrática de 2022 tampoco indican que el PSOE se quiera distanciar de su pasada admiración por la revolución. Imponen como ley una versión tergiversada de la historia, algo inaudito en una democracia liberal. No hay otra interpretación posible que deducir que el partido está intentando volver al ambiente guerracivilista a base de relatos históricos sesgados.

El PSOE utiliza actualmente una retórica que recuerda la de los años 1930. Como entonces, los representantes del partido usan los términos de democracia y socialismo como si fueran sinónimos. Durante la campaña electoral de junio y julio de 2023, Pedro Sánchez tildó de extrema derecha y de fachas a sus adversarios. También da que pensar que el Gobierno de Sánchez repose sobre la misma alianza de partidos que el Frente Popular en los años 30.

La educación y la Segunda República

Suele repetirse que la Segunda República destaca por la promoción de la educación, pero en el sector educativo lo más notable es la inquina de Azaña contra la enseñanza de la Iglesia. A pesar de que hay en 1930 muchos niños sin escolarizar, el gran proyecto de Azaña es cerrar las escuelas dirigidas por maestros católicos. La finalidad de Azaña no es terminar con el analfabetismo, sino combatir a la Iglesia. Es cierto que abordan iniciativas culturales como construir más edificios escolares, crear más bibliotecas y organizar giras de compañías de teatro, pero lo más notable es el afán de cerrar los colegios religiosos.

¿Y qué dicen en 2025 los manuales de historia para la ESO sobre la Segunda República? Dos libros utilizados en la Comunidad de Madrid dedican unas seis páginas a la Segunda República. La rebelión de Asturias se menciona, pero se destaca más el voto de las mujeres. El tamaño de las fotos reproducidas sugiere un intento de disminuir la importancia de la sublevación armada y de aumentar la importancia de la conquista feminista. Aparecen tres fotos relativamente grandes de las tres primeras diputadas, pero sin explicar a los alumnos que la republicana Clara Campoamor, considerada como la gran campeona del voto para la mujer, no sale elegida en las primeras elecciones generales en las que votan las mujeres, las de 1933. Las otras dos, Victoria Kent y Margarita Nelken, están en contra del voto para la mujer. Pertenecen a la izquierda y temen que las mujeres voten mayoritariamente a la derecha. Con este tipo de material de estudio, es posible que los alumnos no consigan entender lo insólita y excepcional que es una rebelión armada contra un Estado democrático.

Otra observación es que los manuales de historia ya no contienen textos largos y coherentes, sino que consisten en páginas con diferentes «cajas» o «encuadres». Hay fotos, listas de datos o eventos y citas de personajes relevantes. Siempre hay unas cuantas preguntas para que los alumnos estudien «activamente». Sin embargo, este procedimiento oculta una trampa. Ya que la idea es que los alumnos utilicen las informaciones ofrecidas en la página en cuestión, el autor los guía y los «ayuda» a sacar ciertas conclusiones que parecen venir no del autor, sino del alumno mismo. En resumen, no está claro que los alumnos vayan a comprender que la Segunda República no es un buen modelo democrático sino todo lo contrario.

Inger Enkvist es hispanista y pedagoga, catedrática de filología española en la Universidad de Lund e integrante de un consejo que asesora al Ministerio de Educación de Suecia, que ha cobrado mucha fama en los últimos años gracias a sus opiniones sobre la educación española y hacia dónde debe ir el modelo pedagógico en todo el mundo. En 2008 recibió una condecoración al mérito civil en España y en 2014, el Premio intercultural del Instituto Cervantes y el Premio de la Asociación por la Tolerancia. Entre sus publicaciones en España, destacan La educación en peligro (2010), Los iconos latinoamericanos. Nueve mitos del populismo del siglo XX (2008), La buena y la mala educación. Ejemplos internacionales (2011), Reflexiones heterodoxas (2015), La conquista de América (2021), con Vicente Ribes Iborra, y El conocimiento en crisis. Las ideologías en la educación actual con ejemplos de Suecia, Madrid (2023).