Quienes auguraban que la pesquisa de la comisión parlamentaria encabezada por la diputada Susana Rivero sobre los sobornos de las constructoras brasileñas en Bolivia lapidaría la candidatura de Carlos Mesa se llevaron una gran de desilusión. Al igual que en el caso de Quiborax, el expresidente salió airoso de la contienda y eso puede probarse con sólo leer el citado informe.
A pesar de lo dicho en estos seis meses que duró la faena, muchos quedan con la sensación de que la siguiente fase, a cargo de un fiscal, terminará por defenestrar al expresidente, sobre todo cuando se revisen sus operaciones bancarias. Y es que la aceleración del calendario electoral ha terminado por estropear cualquier asunto.
Ya no nos interesa quién robó, sino si el inculpado es o no candidato y si puede perder o ganar votos tras las indagaciones. Por ello la cobertura se centró en Mesa y no en nombres a los que muchos ni recuerdan.
Esta historia arranca con el segundo gobierno de Goni (2002-2003). En ese breve lapso, Sánchez de Lozada y su ministro Carlos Morales Landívar hicieron gestiones personales en Brasil para construir la vía que hoy mueve la producción de soya de Bolivia hacia los mercados internacionales. En ese momento se fijó la principal condición a la que Bolivia debía sujetarse para contar con la carretera: que el proponente, es decir, la constructora, elija el mecanismo de financiamiento.
Para ello, los brasileños cuentan con un banco de desarrollo, que es la caja gubernamental de sus cuestionadas empresas. Como sabemos, esas autoridades, antes de firmar nada, salieron huyendo en medio de las escaramuzas sangrientas de la Guerra del Gas. ¿Cobraron sobornos antes de su fuga? El informe parlamentario apunta a Carlos Morales Landívar como uno de los agasajados con pagos ilegales. Sería el anzuelo inicial, mordido por quien, al final, no sería capaz de decidir nada.
Al de Goni le sucedió el gobierno de Mesa. A diferencia del caso Quiborax –en el cual dicha administración cometió un grueso error de partida– con los tramos finales de la carretera Santa Cruz-Puerto Suárez hubo pasos prolijos. En ese periodo la empresa corruptora Camargo Correa se quedó con las manos vacías. He ahí, el dato preponderante. El gobierno de entonces carecía de dinero para pagar el aval exigido. En consecuencia, el esquema de funcionamiento chocaba con los límites de un Estado pobre y asediado.
¿Hubo sobornos pese a ello? Los habría recibido un tal CM, iniciales escritas en los documentos de Camargo Correa requisados por la Policía brasileña. La comisión parlamentaria pudo haber concluido que CM es Carlos Mesa. No lo hizo. Opta por abrir el abanico y reconocer que en Brasil impera el apellido materno. Así, Carlos Alarcón Mondonio, Carlos Romero Mallea y Luis Carlos Jemio Mollinedo entran en esta lista ampliada de posibles sobornados. Todo queda hasta acá en el plano de las conjeturas y los crucigramas.
Con la llegada de Rodríguez Veltzé, la empresa Camargo Correa corona su meta. El crédito ya no vendría del Banco de Desarrollo del Brasil –como quisieron Goni y Mesa– sino de la CAF. Para reducir el costo de la obra y adecuarlo al tamaño del préstamo, se le quitó a la empresa la responsabilidad de mantener la vía durante cinco años. Bingo. ¿Hubo sobornos en esta fase semi final? Acá es más lógico suponer que incluso fueron suculentos.
Si a alguien debía agradecer la Camargo Correa era a este gobierno pasajero. Su ministro de Obras Públicas, Mario Moreno Viruez, es ya hoy el principal sospechoso, puesto que a pesar de que el dinero ya no venía condicionado por Brasil, de todos modos porfió en firmar con dos constructoras de ese país.
Lo que la comisión parlamentaria no ha investigado es por qué Camargo Correa ya no tuvo que construir 15 puentes en la ruta; el gobierno de Evo le ahorró esta tarea y se los encargó a la italiana Astaldi, en el marco de otro contrato caminero. ¿No es ésta, hasta acá, la mayor deferencia para con Camargo Correa de los últimos tiempos?
