Los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) revelan que el país ha transitado de una morfología piramidal a una de carácter romboide, donde el estrato medio ha experimentado una expansión sostenida hasta consolidarse en torno al 59 % de la población total, cobijando a cerca de 6,9 millones de personas.
Esta ampliación de la estructura poblacional no representa únicamente un desplazamiento cuantitativo de ingresos o una reducción de la pobreza; constituye, fundamentalmente, la emergencia de un nuevo actor histórico que desafía las coordenadas teóricas de la sociología política convencional.
Este segmento de clase media, medido por el INE, devela una transformación profunda en la estructura de clases en la Bolivia actual. Las encuestas de percepción elevan la autoidentificación con la clase media a un significativo 69 %, desnudando la existencia de un potente sector social mayoritario.
El desarrollo de la clase media boliviana expresa con nitidez el colapso y el agotamiento de las polaridades clásicas entre la burguesía y el proletariado, categorías decimonónicas incapaces de capturar la complejidad de una ciudadanía nacida al amparo de las transformaciones del capitalismo nativo, y la dinámica de una economía comercial e informal abrumadora en el siglo XXI.
La vieja matriz teórica que reducía el conflicto social a la posesión o desposesión de los medios de producción se muestra obsoleta ante una estructura social donde las fronteras de clase se han vuelto fluidas.
El nuevo segmento intermedio no se articula a partir de una homogeneidad obrera fabril o indígena campesina ni responde a las dinámicas de acumulación de una oligarquía tradicional; por el contrario, se constituye de un sujeto político propio de un espacio de identidades cruzadas donde conviven profesionales urbanos, comerciantes populares, transportistas e intelectuales y cuentapropias de todo tipo.
En este escenario, la clásica categoría de la «lucha de clases» pierde su capacidad explicativa. Las tensiones contemporáneas ya no se dirimen primordialmente en el sabotaje a la fábrica o en la huelga general indefinida como bandera de la vanguardia proletaria; sino en la disputa por el reconocimiento simbólico, el acceso a los bienes comunes de la modernidad y el derecho a habitar e interpretar los espacios de consumo urbano sin el lastre de la discriminación clasista, racista o cultural.
En lugar de reproducir las viejas trincheras ideológicas del conflicto bipolar, este ensanchamiento del estrato medio va configurando un fenómeno inédito de ciudadanía y poder ciudadano, donde la adscripción social funciona como un texto reescrito sobre la misma base que superpone las capas de la exclusión colonial, el productivismo nacionalista de 1952, el liberalismo democrático, el populismo indigenista y el surgimiento de burguesías populares sobre una estructura tecnológica cada vez más presente.
Al desmarcarse de las lógicas corporativas y sindicales que domesticaron la participación política en el siglo XX, el ciudadano de este nuevo estrato se desenvuelve con una autonomía inédita, convirtiendo su comportamiento político y electoral en un factor altamente democrático.
El poder ciudadano se expresa aquí como la demanda colectiva por institucionalidad, libertades individuales y servicios públicos de calidad; exigencias que desbordan los discursos gubernamentales que pretendían encasillar a este sector bajo la lógica del conflicto y el antagonismo dialéctico propio de las narrativas del siglo pasado.
Parece claro que la transformación del ser ciudadano en la Bolivia actual radica en que la legitimidad política ya no se disputa en el choque violento de dos clases antagónicas, sino en la capacidad de articular y representar las demandas de un tejido civil mayoritario, difuso de alguna manera, pero vibrante, cuya naturaleza desafía cualquier intento de captura ideológica dogmática y sitúa al poder ciudadano como el verdadero árbitro del porvenir democrático nacional.
