Como si fuéramos niños de primaria hemos descubierto una nueva palabra que usamos en nuestro lenguaje cotidiano. Desde su origen es una palabra oscura, que mancha. Debe ser una de las palabras más usadas en los últimos meses, está en boca de todos los bolivianos. Es una palabra que se mete en todas las conversaciones. Nos hemos vuelto expertos en ella, incluso los que nunca sacamos nuestro Rolls Royce del garaje y preferimos tomar el teleférico o el PumaKatari.
Es una palabra que hace renegar a los conductores y enriquece a los mecánicos de automóviles, mientras el Estado parece mirar expectante, sin tomar acciones definitivas, como si se tratara de una nube negra que va a pasar por sí sola. Mientras tanto, hay presunciones de “sabotaje” para cargar la culpa sobre anteriores gestiones. Si es cierto, ya debería haber bastantes presos, y no solamente el conductor de una cisterna.
Desde el inicio del problema traté de ponerme en el lugar del gobierno y de los conductores (algo de empatía), y me preguntaba qué estaban esperando las autoridades de la ANH, de YPFB y del ministerio de Hidrocarburos (una frondosa burocracia) para empezar a limpiar el fondo de los grandes depósitos de almacenamiento (Senkata y otros del eje central), las cisternas “certificadas” que se usan para transportar el carburante, y cada uno de los depósitos de los surtidores. Sin ser experto, me parecía lógico que mientras hubiera carbonilla en la cadena de abastecimiento seguiría afectando a los transportistas y propietarios privados.
Era obvio que había que empezar por ahí para no trasladar el problema a los usuarios. Sin embargo, el gobierno anunciaba medidas paliativas bastante ridículas y blanco de críticas: aumentar a la gasolina importada mayor cantidad de etanol (sobre el límite técnicamente establecido) o añadir aditivos para suavizar las partículas de carbonilla.
Leí que el nuevo presidente de YPFB, recién el 27 de abril, anunció un “sistema de control integral” con el objetivo de supervisar “toda la cadena de abastecimiento”, desde la recepción de los barcos hasta la entrega a los surtidores. No dice nada de la limpieza de los depósitos, de manera que tendremos carbonilla para rato.
Con declaraciones de buenas intenciones no vamos lejos. Como dice el adagio: “el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones”. El día que veamos un surtidor cerrado por una semana para realizar una limpieza profunda de sus depósitos, empezaré a creer que se está haciendo algo concreto para remediar el problema.
De mis veinte amigos más cercanos (los que tienen un vehículo motorizado), sólo tres están todavía a salvo de la carbonilla, aunque en realidad no lo saben, porque usan sus autos muy pocas veces, temerosos de que ese fantasma pegajoso se apropie de sus motores. Varios amigos han sufrido el problema dos o tres veces, lo que significa que han terminado desarmando completamente sus motores y limpiando sus tanques de gasolina, a un costo cercano a los Bs 10 mil, dependiendo de la magnitud del trabajo.
Todo tipo de teorías conspirativas circulan entre la población, y todos somos expertos en ellas. Todos tenemos información “privilegiada”, desde los senadores y presentadores de televisión, hasta los ciudadanos de a pie, como yo. En esta nota vamos a echarle candela al tema, no sé si para esclarecerlo o más bien para provocar al gobierno a que de una vez nos hable con la verdad y haga algo visible, más allá de los discursos.
La prueba más fehaciente de que hasta ahora el gobierno de Rodrigo Paz ha estado mareando la perdiz y evitando decirnos las cosas como son, es que ha realizado cambios abruptos y frecuentes entre las autoridades de mayor nivel en la principal empresa estatal: YPFB. En menos de seis meses, tres presidentes de la estatal de petróleo, lo cual demuestra torpeza, por no usar una palabra más fuerte.
Sabemos que el primer nombramiento a la cabeza de esa institución no fue el mejor. De hecho, dicen que el señor Yussef Akly se fue inmediatamente de Bolivia antes de que le cayeran juicios encima, como al bribón Armin Dorgathen, cómplice del hijo del expresidente Arce. Dorgathen fue visto por última vez en Brasil y probablemente esté ahora disfrutando los millones robados a través de Botrading en algún paraíso desconocido, bajo una falsa identidad.
Como queriendo enmendarse, el presidente Rodrigo Paz hizo un buen nombramiento: Claudia Cronenbold, una profesional competente de quien se ha dicho siempre lo mejor. Quienes la conocen sólo dicen bien de ella. Pero renunció sorpresivamente a las tres semanas de asumir el cargo. Su carta de renuncia deja leer entre líneas un desacuerdo al más alto nivel del gobierno. La versión que circula (y que sólo dos personas podrían confirmar) es que le propuso al presidente Rodrigo Paz hacer una auditoría completa, es decir, que incluyera también los meses de gestión del nuevo gobierno. El mandatario le habría dicho: no.
Así perdió el gobierno a una profesional competente pero no pudo ocultar dos hechos que todavía tendrá que aclarar: la importación reciente de gasolina basura y el sobreprecio de esa importación. Eso ya no es admisible. Los bolivianos que habían aceptado de buena manera el aumento de precio de los combustibles se sintieron, una vez, más engañados, como en tiempos del MAS.
Hay varias cosas que el “nuevo” gobierno (que está envejeciendo rápidamente) no ha hecho hasta ahora. Y lo peor de todo es que ya pasó la luna de miel. Por decirlo de alguna manera: los bolivianos le dimos plazo hasta las elecciones sub-racionales, pero estas ya pasaron. Ahora toca bailar con la más fea al ritmo de chacarera.
La propia viceministra de Industrialización, Comercialización, Transporte y Almacenaje de Hidrocarburos, Tatiana Genuzio Patzi, informó el 30 de abril que una investigación realizada en febrero de 2026 detectó irregularidades en la importación de combustible: “Hemos encontrado que el producto importado no cumplió con las especificaciones de calidad, tanto en el precintado de tanques como también hemos encontrado que no se ha proporcionado certificados de calidad de algunos bloques importados”.
Entonces (ergo), en vano renunció Claudia Cronenbold. El gobierno se hubiera ahorrado la vergüenza de ahora si le hubiera dado luz verde para realizar una auditoría en profundidad.
Todo termina sabiéndose, y la falta de transparencia que se ha convertido en el sello característico del nuevo gobierno (lamentablemente como una prolongación de los gobiernos anteriores del MAS) seguirá minando la confianza que todavía queda en la población.
Por ejemplo, haría bien el gobierno en aclarar si es cierto que el exministro de Justicia, Iván Lima es abogado de la empresa Trafigura, intermediaria en la compra de combustible con juicios por corrupción en Estados Unidos. Dicen que Lima se mueve como pez en el agua entre Montevideo y Buenos Aires, bien pagado por la empresa que tanto daño le hizo al país y gozando de los “ahorros” que acumuló cuando era ministro en Bolivia. Si bien el gobierno de Rodrigo Paz “heredó” problemas, no debe usar ese argumento como una excusa permanente. Debería tomar las medidas que todos los ciudadanos reclaman y que no se toman porque el Presidente se ha revelado como un indeciso crónico. Posterga las decisiones hasta que termina cansando a sus ministros, que hacen lo que pueden para mantener a flote el barco.
¿Qué pretende? ¿Por qué sigue en campaña electoral? ¿Por qué se la pasa en el aire, mirando a Bolivia desde arriba, ya sea desde el carísimo avión presidencial o como “Top Gun”, desde una aeronave de combate K-8 Karakorum de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB)? ¿Todo eso le sopla al oído Cerimedo, su asesor personal argentino?
En noviembre de 2024, durante el corrupto gobierno de Luis Arce, se suspendieron las evaluaciones técnicas de control de calidad del combustible que realizaba la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), en la carrera de Ingeniería Mecánica. ¿No hubiera sido lógico que una de las primeras medidas del gobierno de Rodrigo Paz fuera retomar esos controles para no meter la pata como lo hizo?
En diciembre de 2025, cuando se tomó la valiente decisión de subir el precio de los combustibles, era el momento de tomar otras medidas radicales como, por ejemplo, desmantelar esa medusa articulada que se llama YPFB con ocho mil empleados que no hacen absolutamente nada en beneficio del país; un nido de corrupción que manejaba a su guisa el hijo de Arce Catacora.
Ocho mil empleados es una grosería para una empresa que apenas produce, que no abastece el mercado interno y no hace exploraciones. Tienen razón quienes dicen que hay que reducir la planta de empleados a 400 (20 veces menos) y dejar que la compra de combustible la hagan empresas privadas, de manera que el precio al consumidor sea fijado por las leyes de oferta y demanda, y no por subvenciones que nos siguen empobreciendo.
Como dicen los economistas, es imperativo “sincerar” el precio de los combustibles para evitar el contrabando a países vecinos. No tiene ningún sentido ser botarates cuando en realidad somos mendigos.
Mientras tanto, en los pasillos de YPFB, en cada escritorio, en cada oficina repleta de supernumerarios, hay también residuos de carbonilla burocrática que hay que limpiar porque no es posible que una estatal que no hace nada bien ni bueno para el país se haya convertido en el principal problema del Estado, no solamente por el costo negativo que representa, sino por la sombra que proyecta sobre el gobierno.
