Se marca un hito histórico en el régimen penitenciario
Las familias de 141 niñas y niños que vivían junto a sus padres en el Penal de San Pedro podrán recibir Atención integral para mejorar sus condiciones materiales y emocionales de vida y así satisfacer sus necesidades básicas y crear un ambiente positivo que les permita a sus hijos desarrollarse de forma óptima, explicó la Secretaria Municipal de Desarrollo Social del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (GAMLP), Rosmery Acarapi.
El apoyo a las familias las estimulará a iniciar un emprendimiento económico que les dé soporte financiero para cubrir sus variadas necesidades y su salud, explicó Acarapi. Se añade apoyo pedagógico para que superen dificultades de aprendizaje.
La jefa del Programa de Protección de la Niñez y Adolescencia del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), Virginia Pérez, aclaró que el apoyo se brindará durante un tiempo hasta que las familias logren su estabilidad.
Ese organismo internacional y 13 entidades conforman una Mesa Departamental Interinstitucional que desarrolla el Proyecto “modalidades alternativas de cuidado familiar para hijas e hijos de madres y padres privados de libertad en el centro penitenciario de San Pedro”, que logró que no existan más NNA viviendo en la cárcel de San Pedro. En 2018, más de 240 NNA acompañaban a sus padres detenidos en ese penal, a inicios de 2019, los últimos 141 niños dejaron ese lugar.
De los 141 NNA, el 87% ahora viven con sus madres y el 13% con miembros de su familia ampliada (tías, tíos, abuelos, abuelas); se está concretando una familia sustituta para tres hermanos que se encuentran en este momento institucionalizados.
Esta labor interinstitucional se inició en 2014 con la Defensoría del Pueblo y desde el año 2017, Unicef trabajó con la Dirección Nacional de Régimen Penitenciario del Ministerio de Gobierno para generar acciones de protección de NNA que vivían/viven en centros penitenciarios pero también se busca abarcar a hijas e hijos de personas privadas de libertad.
Para el Representante de Unicef en Bolivia, Rafael Ramírez la salida de los 141 niños de la cárcel de San Pedro es un avance que debe valorarse pero aclaró que aún hay mucho por hacer en otros centros penitenciarios, “La niñez tiene el derecho a su desarrollo integral desde la concepción, al ser un derecho es un deber de todas las instituciones poner los medios para que eso se lleve a cabo”, dijo.
Ramírez sostuvo que no se trata sólo de ser sensibles con la situación de la niñez en las cárceles sino de tomar acciones en el marco de la defensa de los citados derechos, por eso considera que el trabajo unido de instituciones es la mejor forma de hallar soluciones para esa población vulnerable. En ese contexto, aseguró que Unicef está dispuesta a apoyar iniciativas y aportar con su experiencia en esta problemática.
Recursos
Unicef brinda la asistencia técnica y financia con recursos de la Cooperación Italiana la primera fase de este programa con 1.134,409 bolivianos, “nos ayudó de manera muy sustancial”, señala Acarapi del GAMLP, se espera que continúe siendo uno de los principales articuladores de la cooperación internacional para que lleguen recursos, porque ni la Gobernación ni los municipios paceños cuentan con ellos, complementó. Está previsto que a corto plazo la Gobernación del departamento de La Paz asumirá el reto de darle sostenibilidad financiera a este programa.
Aldeas Infantiles SOS es el ente operador del programa porque tuvo una experiencia de retirar de cárceles tarijeñas a NNA, con resultados positivos, tiene una guía técnica y metodología.
La policía nacional también jugó un importante rol en el proceso de salida de los niños de la cárcel de San Pedro, primero con estadísticas sobre cuántos NNA estaban en el interior del penal, cuántos tenían padres y/o familiares en el penal, informó el director del centro de rehabilitación Qala Huma, Mayor Eric Leonardo Clavijo.
“En un primer momento éramos parte del conflicto. Como administradores penitenciarios y parte de la seguridad penitenciaria, teníamos conocimiento de esta problemática, lo que faltaba tal vez era el apoyo (porque) este trabajo para una sola institución era un poco complicado, se vio la necesidad que sean varias para abordar este tema”, recordó.
Clavijo indicó que se realizaron terapias para que los padres entiendan que la mejor decisión que tomaron era que sus hijos no vivan en la cárcel y puedan acceder a sus familias, familias ampliadas, o entornos familiares a construir con la salida de los niños.
El objetivo final de los compromisos asumidos y del proyecto para que el programa sea sostenible es que todo el trabajo se convierta en una política pública, una ley departamental o nacional de atención en los penales a esta población.
Actualmente, la policía y Unicef trabajan en un reglamento de ingreso de NNA que visitan a sus padres en recintos penitenciarios, fue elaborado con la participación de las mesas departamentales de NNA viviendo en centros penitenciarios de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz.
Una familia alentada
Hace algunos meses atrás el equipo de protección de Unicef y de Aldeas Infantiles SOS fueron a El Alto a visitar una de las familias beneficiarias del proyecto. Se trataba de una madre que vivía junto a su pareja y sus tres hijos en la cárcel de San Pedro y que se estaba iniciando una nueva vida. No le fue sencillo, ella vivió durante muchos años en ese penal y al dejarlo llegó donde sus padres que, debido a su avanzada edad, ya no podían seguir trabajando y apoyarla en la crianza de sus hijos. Entonces las condiciones de vida eran bastante precarias. Sin embargo, y a pesar de las preocupaciones y la tristeza de la separación del padre la familia está saliendo adelante. La madre no deja de agradecer al equipo por el apoyo, la confianza y el compromiso de seguirles acompañando. El equipo regresó con la convicción y la certeza de que este proyecto está cambiando la vida de 141 niñas y niños y sus familias y que existe la posibilidad de cambiarlas mucho más.
Tips de un trabajo que marca un hito histórico
La problemática de NNA viviendo en centros penitenciarios (CP) se arrastra desde hace 40 años, de los años 80 del siglo pasado.
La institucionalización en un centro de acogida (CDA) era la respuesta común cuando algún niño salía del penal de San Pedro. Se asumía que no tenía familia.
Las acciones institucionales se iniciaron en los 90, fueron esporádicas y aisladas, hubo situaciones detonantes como violaciones y otros actos de vulneración a los derechos de NNA que salieron a la luz a través de los medios de comunicación.
Estas graves agresiones apresuraron el debate y acciones en favor de la niñez.
El Código NNA establece que si alguno de los progenitores está preso(a), sus hijos tienen derecho a permanecer con el padre o madre que se encuentre en libertad, o bien, con otros familiares o familia sustituta.
El CNNA permite que niños menores de 6 años vivan con sus madres y solo en pabellones de mujeres.
UNICEF apoyó a la Defensoría del Pueblo en 2014 y a la Dirección Nacional de Régimen Penitenciario (2017), en la realización de diagnósticos sobre la situación de NNA que viven en centros penitenciarios.
El proyecto «Mesa departamental por los derechos de niñas y niños que viven en centros penitenciarios”, inició en 2018 y hoy es una experiencia histórica que encaró una problemática altamente compleja y sensible.
Desde el año 2013 hasta el 2016 se llevó un proceso para disminuir la cantidad de niñas y niños que vivían en los centros penitenciarios, tarea promovida por los miembros de esta mesa interinstitucional.
