En el enfrentamiento entre la Asociación Departamental de Productores de Coca de los Yungas (Adepcoca) y el gobierno, ¿qué factores sociales económicos y políticos se están jugando? Desde el año 2016, los Yungas de La Paz, que comprende las provincias Inquisivi, Nor y Sud Yungas (160 mil habitantes en 13 municipios) es un campo de batalla a veces evidente, pero, la más de las veces, silencioso, entre los operadores del gobierno y los emergentes lideres productores y sindicales de la región.
Desde el año 2005 hasta las pasadas elecciones municipales de 2015 la adhesión electoral al MAS era casi total. Votos a favor de Evo Morales rondaban el 90% y hasta hubo alcaldes que ganaron con el 95%. Con orgullo, militantes del partido de gobierno decían que Yungas era masista y que ningún opositor se atrevería a entrar en ese territorio jamás. Pero, peor en política, nunca digas jamás.
Haciendo uso de sus dos tercios en el Parlamento, el gobierno nacional, presidido por un cocalero, decidió, en marzo del 2017, cumplir con su guardia pretoriana al aprobarles la inconstitucional Ley 906 que legaliza la coca ilegal del trópico cochabambino hasta más de 7.000 hectáreas. Esta determinación fue el detonante para que una bronca, contenida por años de olvido y desprecio al amor entregado, se manifieste y se vuelva fuerza social contestaría.
diferencia de las millonarias inversiones que se hacen en el trópico cochabambino, los Yungas sufre el abandono y olvido. “Con la aprobación de esa ley maldita -decía doña Delicia de Irupana- los yungueños abrimos los ojos y nos dimos cuenta que Evo jamás hizo nada por nosotros y que sólo nos usó para eternizarse en el poder”.
La resistencia originaria emergió, la rabia milenaria brotó, la decepción ancestral abrió los ojos y nuevos líderes y lideresas (la mayoría muy jóvenes) se pusieron al frente y contra un gobierno que atacaba su economía legal del acullicu para favorecer a la coca ilegal del trópico cochabambino que, como afirman informes de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, se destina, en más del 94%, a actividades ilícitas: al narcotráfico.
La economía de la coca legal genera más de 300 millones de dólares al año, similar a la economía de la soya del oriente. “Ahora -dice don Walter de Chulumani- nuestra coca legal se mezcla con la ilegal y así nos quitan mercados, afectando nuestra economía”. Después de la aprobación de la Ley 906, el gobierno se puso como meta tomar el mercado legal de Villa Fátima, lugar donde los yungueños comercializan su coca.
Para cumplir este objetivo debe “poner de rodillas” a las bases y dirigentes de Adepcoca. Por eso puso en movimiento la maquinaria de la división, creando la Confederación Única Nacional de Productores Comercializadores al detalle de la Hoja de Coca; la asfixia a través de la Dirección General de Comercialización e Industrialización de la Hoja de Coca en el puesto de control de La Rinconada; la persecución, amedrentamiento, represión por medio de la Fuerza de Tarea Conjunta y el encarcelamiento. Sin pruebas, pero con el odio como justificación, el régimen tiene en la cárcel al máximo dirigente de Adepcoca, Franklin Gutiérrez, por más de nueve meses.
Conforme se acerca la elección nacional de octubre, el Gobierno está preocupado porque sabe que a pesar de contar con cientos de testaferros, los Yungas son un territorio perdido. La circunscripción uninominal 17 (90.000 votantes) que agrupa a las tres provincias será el campo de batalla político.
“En esta circunscripción le daremos paliza al MAS”, asegura Tito Flores, dirigente del Consejo de las Federaciones Campesinas de los Yungas de La Paz, que agrupa a productores y no productores de coca. “En estos 14 años el gobierno masista -dice Gerardo Ríos- no ha invertido en caminos, hospitales ni colegios. Tampoco se ha invertido un peso en la diversificación productiva y el monocultivo nos domina. A los yungueños con tinglados de canchitas de fútbol nos quieren contentar. Evo nos desprecia porque nuestra coca es la que se acullica y no la que producen en el Chapare”.
Las denuncias de corrupción en los 13 municipios de la región son pan de cada día, pero el silencio y complicidad de las autoridades nacionales es tan evidente que a los pobladores no les queda otra que callar y tragar su rabia. “Esto acabará desde octubre, en las elecciones municipales tomaremos todos los municipios”, afirma doña Estela, productora de coca orgánica.
Iván Arias Durán es un ciudadano de la República de Bolivia.
