Miguel Alfonso Avila
Nadie cambia el destino de un país con oficinas de papel ni con promesas que se posponen semana tras semana. Bolivia no tiene tiempo para esperar. El país arde en la incertidumbre, las reservas se agotan, la confianza se desvanece y la gente ya no cree en discursos que señalan el pasado mientras el presente se desmorona. Es en este momento crítico cuando cada decisión pesa, cada silencio cobra un precio y cada anuncio sin cumplir aleja más la esperanza de cambio.
El mensaje pronunciado por el presidente Rodrigo Paz Pereira desde la Casa de la Libertad en Sucre, al conmemorarse los 201 años de la Independencia de Bolivia, tuvo más de discurso defensivo que de hoja de ruta clara. Más que anunciar medidas concretas, pareció un ejercicio retórico para eludir responsabilidades del presente, estirar los plazos de la inacción y levantar cortinas de humo ante el profundo colapso moral y financiero que atraviesa el Estado. Y lo que resultó aún más revelador ocurrió en ese mismo escenario: allí mismo, en la Casa de la Libertad, el vicepresidente Edman Lara fue especialmente duro con el presidente y su gobierno, marcando una distancia pública que evidencia profundas divisiones internas y una falta de unidad que el país no puede permitirse en este momento. Sus palabras, que prometían franqueza pero que omitieron señalar también lo propio, dejaron al descubierto que las fisuras dentro del propio Ejecutivo son tan graves como los problemas que enfrenta el país.
Es muy fácil señalar las falsas promesas del masismo, recordar el fracaso de dos décadas y reclamar por aquel «mar de gas» que terminó convertido en un pozo seco. Lo que realmente preocupa a la ciudadanía es ver que, tras nueve meses de tener el control total del aparato ejecutivo, el mandatario pretenda calmar la indignación asegurando que apenas está «ordenando la casa» y que la gran solución a la corrupción estructural será crear la próxima semana una oficina de papel llamada “Alto Comisionado para la Integridad Institucional y la Justicia”.
La reacción de líderes políticos no se hizo esperar ante semejante inmovilismo y ante las propias divisiones que quedaron expuestas. El expresidente y jefe de Libre, Jorge «Tuto» Quiroga, llamó al presidente a definir de una vez el rumbo: «El gobierno debe decidir si quiere ser la última administración de la decadencia masista o el primer gobierno del cambio. Ya pasaron nueve meses; el tiempo de las promesas terminó. Es hora de decidir, legislar, actuar, limpiar y cambiar Bolivia». En la misma línea, el líder de Unidad Nacional y antiguo aliado de gobierno, Samuel Doria Medina, lanzó una advertencia dura: «Sería muy grave que no cumpliera lo prometido en el día más sagrado para los bolivianos. Ya no tiene margen para equivocarse». Y es que el gabinete se encuentra atrapado entre la inacción y la urgencia de reformas que el presidente no se atreve a aplicar con decisiones de fondo, mientras las propias discrepancias públicas entre sus principales autoridades debilitan aún más su capacidad de gobernar.
En el tono más fuerte de su discurso, Paz acusó al MAS de haber traicionado sistemáticamente los principios indígenas del ama sua, ama llulla, ama qhalla —no robar, no mentir, no ser flojo— que utilizó como bandera moral durante dos décadas. «Nos fallaron moralmente», afirmó tajantemente, y añadió que quienes proclamaron esos valores terminaron siendo «mentirosos, ladrones y flojos», dejando corrupción enquistada, falta de inversiones, pérdida de mercados para el gas y una crisis que pudo evitarse si se hubiera actuado a tiempo. Señaló también que no se hicieron las exploraciones necesarias para reponer reservas de hidrocarburos ni se impulsó la producción en departamentos como Chuquisaca, dejándolos desasistidos. Es cierto que el desastre actual es herencia directa del agotamiento terminal del modelo económico impuesto durante los gobiernos del MAS. Pero señalar lo que otros hicieron mal no basta para resolver lo que hoy ocurre frente a nuestros ojos. Y tampoco ayuda cuando las propias autoridades del actual gobierno se critican públicamente entre sí en lugar de unirse para sacar al país adelante.
Decir que a casi un año de gestión apenas se están «ordenando las oficinas públicas» es reconocer implícitamente la falta de decisión y de personal idóneo en los ministerios. Los anuncios de proyectos de ley sobre Inversiones, Hidrocarburos y Minería que se enviarán al Legislativo, o el nuevo modelo de gobernanza para finales de 2026, son promesas de mediano plazo que sirven para ganar tiempo. Bolivia necesita acciones inmediatas, no calendarios lejanos ni declaraciones públicas que dividen en lugar de unir. Mientras se diseñan mesas técnicas y se habla de un «Gran Acuerdo Nacional», existe un silencio preocupante sobre el estado real de las Reservas Internacionales Netas del Banco Central. La falta de información oficial oculta la magnitud de la escasez de dólares, que alimenta el mercado paralelo y encarece cada día más la canasta familiar. Al mismo tiempo, el gobierno sigue endeudándose más para financiar gasto corriente y repartir miles de obras menores, en lugar de estabilizar la economía.
Usar los 53 días de bloqueos organizados por el sector más radical del MAS como única causa del desabastecimiento de combustible es decir solo la mitad de la verdad. Nadie niega el daño que hicieron esos días de violencia y cerrojo, que impidieron el ingreso de alimentos a La Paz y El Alto y que obstaculizaron el paso de ambulancias hacia los hospitales. Pero la raíz del problema viene de antes y va mucho más allá de las carreteras: la falta de dólares en el Banco Central impide pagar a tiempo a las empresas proveedoras de combustible. Por esa falta de liquidez, YPFB compra al día y termina aceptando combustible de mala calidad —la llamada «gasolina basura»— que daña los motores de los vehículos en todo el país. Y el hecho de que el Estado tenga que pagar con dinero público las reparaciones de los vehículos dañados demuestra la falta de control técnico elemental que existe hoy.
Durante su campaña, Rodrigo Paz prometió eliminar la Aduana Nacional para acabar con las redes del contrabando. Nueve meses después, la institución sigue intacta y su nuevo responsable ya acumula denuncias de corrupción. Las fronteras siguen controladas por las mismas redes de siempre, y funcionarios vinculados al MAS continúan en puestos clave que el gobierno no se atreve a limpiar. Bajo esta permisividad ocurren escándalos como las 32 «narcomaletas» que salieron del país con pasaportes diplomáticos vencidos, o el contrabando de 189,5 kilos de oro interceptado en el aeropuerto de Viru Viru con destino a Dubái —un fraude de 25 millones de dólares— donde las autoridades aduaneras y policiales desactivaron sistemas de control para facilitar la fuga.
Al igual que con las reservas monetarias, el gobierno mantiene en secreto la información sobre las reservas reales de gas natural, pisoteando la Ley de Hidrocarburos. Cifras independientes indican que lo que queda apenas alcanza para dos o tres años de consumo interno. Al ocultar la gravedad del problema, el gobierno posterga lo que antes o después tendrá que decirse: Bolivia está a punto de convertirse en un país que tendrá que importar gas para no quedarse sin energía ni industria.
La debilidad más visible de esta administración está en quiénes la acompañan y en la falta de unidad entre sus principales figuras. Los nombramientos se han hecho por lealtad política y no por capacidad. El caso más evidente es el del canciller Héctor Huanca, sin experiencia ni formación en relaciones internacionales, que durante años ocupó cargos de supuesta defensa de los derechos humanos sin que su voz se escuchara cuando se vulneraban. Con personas así en puestos clave y con críticas públicas desde dentro del propio gobierno, la política exterior da bandazos sin rumbo y el país queda aislado ante organismos internacionales. Mientras tanto, grupos criminales transnacionales consolidan su presencia en territorio boliviano sin que el gobierno reaccione con la firmeza necesaria.
El presidente ha señalado que el modelo centralista ya no da más y que el poder y los recursos deben compartirse con los departamentos en una relación de 50/50. Se han sostenido reuniones previas con los nueve gobernadores y se ha anunciado el acuerdo sobre el pacto fiscal. Pero no basta con reuniones ni con firmas en un papel. Los encuentros y los consensos preliminares son necesarios, pero no suficientes. El verdadero desafío no está en la conversación, sino en la aprobación concreta de las normas que lo hagan realidad. Todo dependerá de que se logren los consensos legislativos para aprobar pronto las leyes de Inversiones, Hidrocarburos, Minería y Alianzas Público-Privadas, acompañadas de la redistribución efectiva de recursos y competencias que el presupuesto de 2027 debe reflejar. Allí está la prueba de fuego: el acuerdo se mide por lo que se aprueba y se ejecuta, no por lo que se promete.
El gobierno de Rodrigo Paz tiene que tomar medidas de cambios estructurales de manera inmediata y darles certidumbre a los ciudadanos, porque si no lo hace, corre el riesgo real de que la desesperación vuelva a sacar a la gente a las calles y las consecuencias serían funestas. Tenemos muy presente la experiencia dolorosa de los 53 días de bloqueos recientes: nadie puede desear que el país vuelva a vivir algo así. La incertidumbre prolongada, la falta de respuestas y la ausencia de resultados tangibles son el mejor combustible para la violencia y la inestabilidad. No hay tiempo para ensayos ni para esperar a que las cosas se arreglen solas. La certidumbre que la gente necesita no se da con palabras, se da con decisiones claras, con leyes que generen confianza y con hechos que demuestren que el país avanza.
Pero hay algo más que debe comprender: ninguna transformación profunda se logra desde el aislamiento, ni con divisiones públicas, ni con mayorías frágiles. Ni siquiera bastan los acuerdos con los gobernadores si no se acompañan de respaldo legislativo sólido. El gobierno necesita construir de inmediato una alianza política sólida con los líderes y fuerzas políticas que cuentan con verdadera representación legislativa, escuchando sus propuestas, sumando voluntades y tejiendo consensos duraderos. Solo así se podrán aprobar las leyes de transformación estructural que el país exige y que necesitan respaldo amplio para perdurar más allá de un gobierno.
No bastan los discursos en Sucre, ni las oficinas nuevas que se crean sobre el papel, ni las reuniones con los gobernadores que quedan en buenas intenciones. El país necesita decisiones valientes, inmediatas y claras, unidad dentro del gobierno y voluntad de sumar a quienes también quieren cambiar a Bolivia. Como dijo el jefe de Libre: ya no hay tiempo para seguir tilineando. Es hora de actuar, de acordar y de transformar juntos, antes de que sea demasiado tarde.
