Bolivia acaba de salir de una de sus crisis más prolongadas. Por más de 50 días el país estuvo sometido a una asfixia cruel. No presenciamos protestas sociales legítimas ni pacíficas: fuimos rehenes de un estrangulamiento planificado a través de bloqueos de carreteras y cercos urbanos. Esto provocó desabastecimiento de combustibles, escasez de alimentos, bloqueo de medicamentos, millonarios destrozos a la propiedad pública y, lo más doloroso, la pérdida de vidas humanas. Ante este panorama de caos, el gobierno de Rodrigo Paz Pereira decretó finalmente el estado de excepción, bajo el amparo del D.S. 5636. Para millones de ciudadanos, la medida llegó de manera extemporánea, cuando el daño económico era ya cuantioso, pero era un paso inevitable para rescatar al país.
Sin embargo, apenas se anunció la medida, los actores políticos que promovieron el vandalismo —porque este hecho no fue un movimiento de reivindicaciones sociales justas, sino un alzamiento de apariencia política, pero de características delincuenciales comunes— activaron su maquinaria de desinformación. El argumento de los detractores fue el previsible: pretender instalar el relato de que el Estado de excepción representaba un regreso al oprobioso pasado dictatorial. Nada más alejado de la realidad jurídica. Confundir la restauración del orden constitucional por un gobierno legalmente constituido con una dictadura es una ignorancia supina o, peor aún, una manipulación deliberada para infundir miedo en el ciudadano de a pie.
Como sostuve en este espacio, Bolivia es un conglomerado étnico con una diversidad cultural que, en materia política, la hace estar rezagada con relación a las democracias modernas. Por tanto, para desarmar aquel mito, es menester explicarle al ciudadano común que el estado de excepción es, en esencia, una institución plenamente democrática. No nace del capricho ni del talante autoritario de un gobernante, sino de la propia Constitución Política del Estado, pues todas las democracias prevén mecanismos para defenderse cuando fuerzas internas o externas amenazan la convivencia social. En una dictadura, el dictador gobierna por la fuerza de las armas y por encima de la ley; al estar sus actos reñidos con la norma, cualquier medida está al margen de la legalidad.
En nuestra democracia, la decisión presidencial fue inmediatamente debatida y refrendada por la Asamblea Legislativa Plurinacional, cumpliendo de manera rigurosa con los contrapesos constitucionales que garantizan que el poder no se ejerza sin control.
Al revisar los alcances de la medida, cualquier ciudadano notará que nada de fondo ha cambiado en su vida cotidiana, excepto para quienes pretendan vulnerar la ley. Las libertades fundamentales siguen plenamente vigentes: el derecho al trabajo, a la educación, la libertad de expresión y el libre tránsito están indemnes. Las restricciones aplicadas por el Ejecutivo son temporales, focalizadas y suaves, orientadas a frenar el uso de armas o explosivos en las movilizaciones.
¿Qué es lo que realmente prohíbe el decreto? Prohíbe obstaculizar el abastecimiento de alimentos, bloquear rutas y sabotear servicios públicos. En suma, no se restringen los derechos de los ciudadanos respetuosos de la norma, sino los «privilegios» de impunidad que se habían arrogado los grupos de choque. Proteger el derecho de una ambulancia a circular, de un camión cisterna a llegar a los surtidores o de una madre a comprar comida para sus hijos no es un acto inhumano; es la obligación legal y moral más alta de un Estado de derecho.
La verdadera amenaza a la frágil democracia boliviana no reside en la actuación de las fuerzas del orden; la verdadera dictadura es la que pretenden imponer quienes pisotean la institucionalidad para conseguir réditos políticos. El estado de excepción no vino a destruir libertades, sino a devolvernos la libertad que un grupo minoritario y violento nos había secuestrado. Es hora de que el ciudadano común rechace el discurso del miedo y discierna entre el orden y la tiranía.
Pero como no todo es color de rosa, si algo hay que criticar al gobierno es la demora en tomar esta decisión. Haber dictado el estado de excepción en el momento oportuno habría evitado millonarias pérdidas y salvado vidas. El Ejecutivo no tendrá una responsabilidad penal o civil, pero cargará con la responsabilidad política y moral por una inacción que resulta injustificable desde todo punto de vista.
Augusto Vera Riveros es jurista y escritor
