Tanto el gobierno como los sediciosos debieron confesar que, antes de ingresar en cualquier diálogo, pactarían si cumplían o no la ley, porque eso fue lo que hicieron. De todas formas, no habrían revelado nada nuevo; en la historia del país altoperuano, que hoy se asoma nuevamente al abismo, la aplicación de la norma casi siempre fue canjeada por un plato de lentejas o sistemáticamente violada. Es que, desde el periodo colonial, la legalidad no es percibida como la aliada que garantiza la convivencia civilizada, sino como un estorbo que urge evadir porque frena los apetitos personales. Dos frases —una virreinal y la otra de la “Revolución Democrática y Cultural”— retratan con nitidez la psicología del boliviano medio frente al orden jurídico: “Para el amigo, todo; para el enemigo, la ley” (anónimo) y “Cuando mis abogados me dicen que algo es ilegal, yo le meto nomás…” (Evo Morales).
Lo que en estos días sí resulta sorprendente es la aquiescencia de algunos analistas y políticos dispuestos a permitir que el cumplimiento de la ley se someta a negociación. Uno de ellos, desde el portal Brújula Digital, señalaba: “Mi criterio es que esa orden de aprehensión (la de Mario Argollo) debe ser levantada […] porque, si no, ¿con quién va a haber diálogo?”. Por su parte, Samuel Doria Medina manifestaba en sus redes que “los fiscales deberían quitarles [a los dirigentes] el pretexto de las órdenes de aprehensión”. Por desgracia, esas no fueron voces aisladas, pues abundaron los líderes de opinión y actores políticos que apostaron por la disolución de los mandamientos judiciales, una postura que delata los estragos de un buenismo que tiene alcance global.
Sucede que, en el mundo contemporáneo, impera un relato que defiende los derechos humanos… pero bajo una lógica de selectividad: ciertos sectores gozan de la prerrogativa de amenazar con guerra civil, dinamitar carreteras, cavar zanjas en el asfalto, privar de alimento a ciudades enteras o invocar la secular guerra de razas (hace un par de días, por ejemplo, Evo dijo que “esta es una lucha del indio contra el gringo”). En el actual cerco a La Paz, por ejemplo, facciones delincuenciales provocaron pérdidas millonarias y de vidas humanas. No obstante, la costumbre boliviana de pisotear el derecho derivó en la anulación de las respectivas órdenes de aprehensión. Con ello, no solo se ratifica que Bolivia está en la ruta hacia el Estado fallido, sino que se consagra la tradicional impunidad.
¿Para qué acudir entonces a las urnas? ¿Qué sentido posee sostener los poderes Ejecutivo y Judicial? ¿Por qué Bolivia insiste en llamarse república? ¿Para qué existen las leyes si, al final, el triunfo le pertenece al chantaje y a la fuerza del bárbaro?
Existe una corriente de resignados que afirma que “Bolivia es así nomás” y que corresponde amarla y aceptarla con todos sus defectos. En cierta medida, les asiste algo de razón: así ha transcurrido su historia —salvo por contados pasajes de lucidez— a lo largo de sus dos siglos de existencia. Esto es nomás lo que hay. Pero es imperativo señalar que, precisamente por esa complacencia mediocre y carente de ambición, el país permanece informal y pobre frente a las naciones que optaron por la seriedad y la prosperidad.
Cabe también ensayar un análisis sociológico crítico y admitir que Bolivia no constituye una nación funcional, y que difícilmente lo será en el futuro. Que se asemeja más bien a un artificio geopolítico con identidades incapaces de formar un proyecto común. La fractura social parece insalvable… El presidente Paz afirmaba con insistencia que “Bolivia es la patria que nunca nos abandona”. Sin embargo, los hechos distan de encajar en tal aserto: porque Bolivia sí abandona, al menos al ciudadano que pretende superarse limpiamente, evita el delito y se somete a las reglas de la democracia. No es una casualidad que, por esa ingratitud de la patria para con sus moradores de buena voluntad, muchos jóvenes busquen hoy su destino en la emigración.
Como apuntaba recientemente el politólogo Franklin Pareja, las naciones exitosas no logran el desarrollo por ser de derecha o de izquierda, sino porque respetan la ley o, en su defecto, porque tienen gobernantes decididos a imponerla. Potencias como China o Estados Unidos, entre muchas otras, prosperan porque en sus territorios la norma se aplica sin dilaciones. Una sociedad progresa cuando es capaz de someter el estado de naturaleza a la razón. Puesto que no existe libertad allí donde no operan los límites, es razonable colegir que un país donde la ley es el último recurso disponible jamás será verdaderamente libre, ni mucho menos próspero.
Ignacio Vera de Rada es politólogo y comunicador social
