Es inconcebible que Evo Morales tenga todavía palestras para expresarse, y que sea entrevistado en canales de televisión como un ciudadano que no le debe nada a nadie, cuando en realidad debería estar preso por más de mil motivos. Es insultante para la democracia que todavía disponga de un medio de difusión como Radio Kawsachun Coca, que le pertenece al Estado porque fue adquirida con el dinero de nuestros impuestos, y mantenida durante muchos años por el erario. El gobierno no hace nada al respecto.
Detrás de las marchas, bloqueos y manifestaciones violentas de estas cuatro semanas está el grupo organizado por el cacique del Chapare, apoyando con logística y con dinero en abundancia: ninguno de los bloqueadores hubiera podido aguantar un mes sin ingresos. Son muy ingenuos los que todavía creen que las marchas y bloqueos son producto de la espontaneidad de las comunidades o de las juntas vecinales. Si así fuera, tienen muy buenos ahorros para sobrevivir.
Las tácticas utilizadas son las mismas que Morales detallaba en aquel video donde ordenó (a un dirigente del Chapare buscado por narcotráfico) cercar las ciudades e impedir que ingresen alimentos. Ese es su manual, es su catecismo, y lo ha estado aplicando al pie de la letra desde que fue marginado del poder a raíz del vergonzoso fraude electoral que orquestó en 2019.
En ese video (que ha sido verificado y certificado como veraz por la Fiscalía de Colombia y otras instancias periciales internacionales), Evo Morales instruye que la táctica es bloquear por oleadas, no todos al mismo tiempo. Por eso hemos visto una coordinación muy clara de quiénes debían crear caos en El Alto, o en Rio Abajo, o en el altiplano, y quiénes debían llegar hasta el centro político con palos y cachorros de dinamita, para atemorizar a la población y para causar destrozos en bienes públicos y privados.
La Policía logró detener a personas que cargaban grandes sumas de dinero para distribuir entre los agitadores, pero luego no supimos qué pasó con los detenidos y con el dinero. Lo que más sorprende es la incapacidad de la misma Policía para seguir el hilo de ese dinero (“Follow the money”, dicen en inglés) y llegar a su origen. Si lograron atrapar a tres o cuatro con semejantes sumas, probablemente otros 30 o 40 pasaron desapercibidos, pues ya sabemos que nuestra Policía no es precisamente el FBI, sino todo lo contrario: lenta y corrupta.
Es claro que la mayoría de los que marchan y bloquean lo siguen haciendo por los Bs 400 o Bs 500 que les pagan diariamente, o por instrucciones verticales de sus dirigentes comunitarios, sindicales o de juntas vecinales, entre los que se filtran agitadores “profesionales”.
Los más belicosos, jóvenes con frecuencia enmascarados, ni siquiera pertenecen a organizaciones vecinales o comunitarias, sino que son pagados para promover el vandalismo delincuencial. En medio de ingenuas cholitas que marchan resignadas con sus polleras coloradas aparecen siempre unos cuantos gritones obligándolas a corear consignas que ellas apenas entienden. Es un espectáculo penoso.
¿De dónde viene toda la plata? Obviamente del crimen organizado, es decir, del narcotráfico del Chapare, no hay otra explicación. No existe otra fuente de dinero fácil que pueda sostener durante todo un mes el caos y la belicosidad de los grupos de choque. ¿Quién más puede tener interés en financiar las movilizaciones que piden la renuncia del Presidente que asumió democráticamente hace apenas seis meses?
Y no pasa nada… No se sanciona a los principales responsables. Todo lo contrario, tanto el gobierno como la ciudadanía retroceden cada día, temerosos, mostrando debilidad y hablando de un “diálogo” que no existe porque el gobierno ya es rehén de los grupos de presión que no tienen intención sincera de llegar a acuerdos razonables. Es todo o nada.
La COB obedece claramente dictados del Chapare y los que piden que no se aprese al dirigente Argollo podrían en cualquier momento pedir lo mismo por Evo, con la coartada del “diálogo pacificador” que no lleva a ninguna parte. Es como aceptar en la familia al violador de una hija o una hermana y tratarlo con afecto para que no siga violando.
¿Hasta cuándo va a seguir el gobierno dando las nalgas? ¿Cuál es el límite de los discursos vacíos del Presidente (que tiene la gran habilidad de hablar durante horas sin decir nada)? ¿Sostenerse como sea con un gobierno debilitado y rehén de los chantajes sin fin? ¿Qué ganamos? ¿Una paz tan frágil que quedará en manos de los grupos de presión romperla cuando les de la gana?
Para el cacique del Chapare la convulsión en calles y carreteras es una manera de ganar tiempo para no caer preso por “trata agravada de personas”, pero aquí viene el problema mayor: los que quieren que sea apresado por la acusación de pedofilia no se dan cuenta del absurdo.
Cualquier juez de quinta categoría al que le pasen por debajo de la mesa Bs 5.000 puede hacer que salga de la cárcel en pocas semanas, como salen tantos pederastas gracias a jueces corruptos.
En Bolivia hay miles de pederastas sueltos, y en áreas rurales, mantener relaciones con niñas de 15 años ni siquiera se considera un delito, es “normal” en esa “cultura” (como en muchas otras que he conocido en África y Asia), sin importar lo que digan las leyes.
No habrá manera de mantener preso a Evo Morales por la acusación de “trata agravada de personas” y se lo convertirá en un héroe, en lugar de sancionarlo como merece, por más de un centenar de hechos delictivos que ha cometido, tanto en funciones de gobierno, como antes y después. Tomar preso al cacique del Chapare por pederasta y pedófilo no resuelve absolutamente nada; por el contrario, libra de otros juicios al victimario y lo convierte en víctima.
No logro entender por qué los poderes del Estado no han impulsado hasta ahora los otros juicios que Evo Morales merece. Tanto el Poder Ejecutivo, como el Legislativo y el Judicial están cometiendo el enorme error (por temor o complicidad) de no activar procesos más importantes, relacionados con la inmensa corrupción y violaciones de derechos fundamentales de las que ha sido impulsor y partícipe el autócrata Evo Morales. La parálisis notoria de los tres poderes en este tema es incluso sospechosa.
El Poder Legislativo está pasmosamente pasivo y callado todo este tiempo, como si lo hubieran amordazado. Eso podía entenderse cuando el MAS tenía una mayoría aplastante de legisladores corruptibles, pero es incomprensible ahora. Tenemos un Poder Legislativo pusilánime, sin capacidad de liderazgo.
Desde ese Congreso que da vergüenza (y que nos cuesta mucho a los contribuyentes) debería activarse un juicio de responsabilidades a Evo Morales y a sus colaboradores por su actuación en el gobierno durante 14 años. Hay materia suficiente para procesarlo por corrupción, narcotráfico, violación de derechos humanos, uso indebido de bienes del Estado, cohecho y enriquecimiento ilícito de socios comerciales, y por un centenar de causas más que todos los ciudadanos conocen.
No comprendo por qué el Poder Legislativo no hace de una vez por todas acusaciones formales que deberían garantizar juicios a Evo Morales por los malos manejos de los recursos del Estado. Hay mil motivos para procesarlo (tantos, como cada proyecto malversado del programa “Evo cumple), y no veo ninguna iniciativa que esté en marcha en esa dirección.
Cada contrato del programa “Evo cumple” es doloso, cada centavo gastado en ese multimillonario programa, sin estudios de factibilidad ni rendición de cuentas, está manchado de corrupción, al igual que la construcción de la torre presidencial mal llamada “Casa grande del pueblo”, el espantoso edificio de la Asamblea Legislativa, las terminales presidenciales de El Alto y de Viru Viru, el satélite Tupaj Katari, entre muchos otros.
La lista es interminable: los millones robados en el Fondo Indígena, los sustraídos por CAMCE y Gabriela Zapata, los malversados para el museo de Orinoca (que no sirve para nada y es un monumento gigantesco al oprobio y la vergüenza), las múltiples empresas estatales quebradas e improductivas (que le siguen costando al Estado una fortuna), el despilfarro en medios de información al servicio del gobierno (Abya Ayala, Kausachun Coca, caso Neurona), los juicios de arbitraje internacional perdidos deliberadamente (Jindal, Quiborax, BBVA, Pan American Energy, Glencore, Soboce, Shell, Dillon LLC, Copasa, Zurich, etc.) para enriquecer a algunos procuradores y ministros del gobierno masista (bribones como Ramiro Guerrero, Pablo Menacho, Arce Zaconeta, César Navarro, Wilfredo Chávez, entre otros que andan libres o quizás ya fuera del país).
Aparte de la corrupción generalizada, la mayor en toda la historia de Bolivia (tanto en número e casos como en los montos malversados) están las violaciones a derechos fundamentales de los ciudadanos: hotel Las Américas, El Porvenir, TIPNIS, y tantos otros en los que la cantidad de muertes por directa responsabilidad del gobierno masista superan un centenar. Razones de sobra para un juicio de responsabilidades, como el que se hizo al exdictador Luis García Meza (cuando existía la voluntad política de hacerlo).
Hay motivos suficientes para procesar a Morales y a sus secuaces; sin embargo, no se ha hecho nada hasta ahora, como si no se quisiera tocar al ídolo de barro. Mientras estos juicios no estén en marcha y garanticen una prisión preventiva larga, o una expulsión hacia Estados Unidos (si se expone su relación con el narcotráfico), no tiene sentido tomar preso al cacique y suponer que van a disminuir las marchas y bloqueos.
El Poder Judicial, corrupto innato, podría (si quisiera) activar una cantidad significativa de juicios penales por las actuaciones de Evo Morales antes de llegar al gobierno y cuando ya no era Presidente. En ese paquete de procesos entra el narcotráfico, el asesinato de los esposos Andrade, en complicidad con la familia Terán, que Morales siempre ha protegido; la incitación a la violencia y el cerco de ciudades en 2019 y ahora, y también la
trata agravada de personas (algo que el cacique practicaba con la misma impunidad y regocijo que el “derecho de pernada” de los gamonales). Hay ingenuos que esperan que lleguen de noche los robocop de Donald Trump (otro pedófilo corrupto) y extraigan quirúrgicamente a Evo Morales como hicieron con Nicolás Maduro, sin razonar correctamente sobre un contexto que es completamente distinto. Eso no va a suceder.
Frente a la ventana de oportunidad belicosa, delictiva e impune, otros grupos de presión han amenazado con sumarse a las marchas y bloqueos con el único propósito de sacar ventaja inmediata. Es el caso de las mafias de cooperativistas mineras (potentados privados que explotan a mineros pobres), que siempre hacen lo mismo: cualquier resquicio de debilidad del gobierno lo aprovechan para lograr más y más prebendas, y así se han convertido en el sector empresarial más beneficiado desde que fueron catapultados por Evo Morales para quebrar a la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB), hoy humillada y corrompida.
Puede que Evo Morales sólo tenga influencia en el 0,1 % de la población, es decir, 10 mil seguidores dispuestos a jugársela por él, pero estos pocos saben hacer ruido cuando conviene. De la fuerza productiva de Bolivia, sólo representan alrededor del 5 %, porque el 85% es empleo informal y del 10 % restante una buena parte son funcionarios del Estado que no quieren meterse en problemas. Ya nadie los obliga a marchar, a dar el 3% de sus salarios al MAS y a inscribirse como militantes de ese partido implosionado por la corrupción.
Desde su escondite en el Chapare, el cacique da manotazos en el aire para mantenerse a flote. La impunidad que lo protege es evidente, pero la solución no es tomarlo preso. Sería ridículo y contraproducente apresarlo ahora, en las condiciones en que vive, arrinconado como araña fumigada.
El gobierno de Rodrigo Paz no ha dado ni un paso en la dirección de un juicio de responsabilidades, como corresponde, y tampoco lo ha hecho la Asamblea Legislativa Plurinacional repleta de inútiles, que no sabemos ni de qué se ocupan. Tanto dinero gastado en 90 % de manq’a gasto y quizás (siendo generosos) 10 % de diputados y senadores que intentan hacer algo por el país con el dinero que pagamos (quienes no disfrutamos de los beneficios que ellos sí).
Mientras no se plantee un juicio de responsabilidades como el que se hizo al dictador García Meza, y mientras no avancen los juicios penales a los que el cacique chapareño tiene que responder como ciudadano común, no tiene sentido desear su captura por el cargo de trata agravada de personas.
Alfonso Gumucio es escritor y cineasta